Patricia Campos llegó a ser conocida en España por un logro histórico: fue la primera mujer piloto de reactor de la Armada española, lo que le valió el apodo de «Top Gun valenciana». Hoy su nombre aparece en los titulares por razones radicalmente distintas. A principios de junio, la Guardia Civil la detuvo junto a su pareja tras la denuncia presentada por sus dos hijos adoptivos, dos hermanos de 12 y 15 años que llegaron de Uganda en 2019 y que han relatado ante los agentes años de castigos físicos, privación de alimentos y amenazas.
Ambas mujeres quedaron en libertad tras su detención bajo la condición de no acercarse ni comunicarse con los menores. El juzgado de Massamagrell, en Valencia, donde se instruye el caso, ha asumido la investigación por un presunto delito continuado de malos tratos en el ámbito familiar. Los adolescentes permanecen actualmente bajo la protección de la Generalitat Valenciana.
Lo que relataron los menores ante la Guardia Civil
Según el atestado policial, los testimonios de los dos hermanos describen un patrón de maltrato que se habría prolongado durante años. Los menores afirman haber recibido golpes con cinturones, chanclas y las manos, además de humillaciones y amenazas frecuentes. Una de las frases que los adolescentes atribuyen a una de sus madres adoptivas es: «Si no aparece el altavoz, te cojo y te tiro por el balcón».
La comida aparece en las declaraciones como uno de los principales instrumentos de castigo. Los menores sostienen que necesitaban pedir permiso explícito para acceder a los alimentos y que en numerosas ocasiones se les privó de alguna de las tres comidas del día. Llegaron a describir periodos en los que únicamente recibían un sándwich al final de la jornada.
Uno de los episodios más graves recogidos en las diligencias hace referencia a una caída por las escaleras que uno de los hermanos atribuye a un empujón. El menor asegura que sufrió heridas en la cabeza y que permaneció varios días sin recibir asistencia médica.
La alarma llegó desde el colegio
Antes de que los menores presentaran la denuncia, el entorno escolar ya había detectado indicios preocupantes. Profesores y responsables del centro educativo observaron que los dos hermanos llegaban a clase con señales evidentes de hambre y consumían con ansiedad los alimentos distribuidos en los programas de alimentación escolar. Tanto compañeros como docentes llegaron a facilitarles comida de forma habitual, según declararon posteriormente a los investigadores.
Los adolescentes también relataron otro tipo de restricciones. Afirman que tenían vedada la participación en excursiones, celebraciones y actividades extraescolares, y que asumían una carga de tareas domésticas desproporcionada dentro del hogar. La amenaza que más peso parece haber tenido sobre ellos, según sus declaraciones, era la posibilidad de ser devueltos a Uganda: aseguran que escucharon conversaciones sobre ese regreso y que temieron en varios momentos que llegara a hacerse efectivo.
La versión de Patricia Campos
La exmilitar y su pareja niegan de forma rotunda todas las acusaciones. En un comunicado difundido tras su detención, Campos sostuvo que los hechos descritos por los menores son «absoluta y radicalmente falsos» y «totalmente contrarios a la realidad del entorno familiar» que afirma haberles proporcionado desde su llegada. «Niego rotundamente haber ejercido cualquier tipo de maltrato físico o psicológico hacia mis hijos», declaró, en línea con lo que ya había manifestado durante su declaración judicial.
La defensa apunta además a que las acusadas habrían sido, según su versión, las víctimas en algunos de los episodios de convivencia que ahora se investigan. «A lo largo de los años de convivencia en casa se han producido numerosos episodios ante los que nosotras, las dos acusadas, hemos sido en realidad las víctimas», señaló Campos en el mismo comunicado, añadiendo que algunos de esos hechos ya constan en la Justicia y que otros han sido silenciados «por vergüenza propia», pero que todos ellos demostrarán, a su juicio, la inocencia que proclaman.
El estado actual de la investigación
El juzgado de Massamagrell mantiene la investigación abierta. La Guardia Civil continúa analizando la documentación aportada y las declaraciones de los distintos testigos, entre ellos los profesores y compañeros del colegio que estuvieron en contacto directo con los menores durante los años en que, según la denuncia, se habrían producido los hechos.
Se trata de un caso en fase de instrucción en el que las acusaciones de los menores y la negativa de las investigadas son, por ahora, versiones contrapuestas que deberá valorar el juzgado a medida que avance la investigación. Patricia Campos y su pareja mantienen su presunción de inocencia mientras la causa sigue su curso.