El Consejo de Ministros autorizó este martes la compra de municiones, armamento, equipamiento y material para las Fuerzas Armadas por un valor superior a los 3.500 millones de euros. Según el Ministerio de Defensa, las adquisiciones están destinadas principalmente a dotar a los ejércitos de capacidades compatibles con otros países aliados y a cubrir las necesidades de las misiones en el exterior en el marco de la OTAN, Naciones Unidas y la Unión Europea.
El departamento que dirige Margarita Robles justificó la inversión en la necesidad de cumplir los compromisos internacionales asumidos por España y garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con el material necesario para operar junto a otros ejércitos europeos en los distintos lugares de operaciones donde está presente el contingente español.
El Arsenal de Cádiz, en estado de emergencia
En la misma sesión, el Consejo de Ministros también aprobó una declaración de emergencia para hacer frente a los daños causados por la manga marina del pasado 9 de mayo en el Arsenal de Cádiz, ubicado en la Base Naval de Rota. Las obras autorizadas ascienden a 776.106 euros.
El fenómeno meteorológico destruyó gran parte de la cubierta de la nave del servicio de repuestos del Arsenal y causó daños estructurales que, según el Ministerio de Defensa, han dejado las instalaciones en un estado de “grave e inminente peligro para las personas y bienes“. La declaración de emergencia permitirá actuar de forma inmediata para restituir las condiciones mínimas de seguridad y operatividad del edificio sin necesidad de pasar por los procedimientos habituales de contratación.
El PP exige transparencia
La aprobación de estas partidas no ha pasado sin críticas. Según fuentes del Partido Popular, el grupo reprocha al Gobierno que siga, “aprobando gastos millonarios en defensa sin presupuestos aprobados, sin intervención del Parlamento y sin consenso político”. Las mismas fuentes subrayan que desde el PP no se cuestiona la necesidad de incrementar las capacidades militares ni de garantizar su sostenimiento, pero sí critican que se estén comprometiendo decenas de miles de millones de euros sin que las Cortes hayan sido siquiera informadas.
La partida aprobada este martes se suma a los 69.000 millones comprometidos hasta 2035 a través de los programas especiales de modernización. No es la primera vez que el PP eleva esta queja: el grupo ha recurrido al Tribunal Supremo para obtener documentación sobre estos programas, ha exigido en el Senado que el Ministerio remita información sobre contratos y beneficiarios, y ha advertido a Robles de que “sin documentos su legalidad no es una garantía, es una coartada”. La ministra ha rechazado las acusaciones y ha defendido en reiteradas ocasiones que el gasto cumple la ley general presupuestaria.