El Gobierno ha ordenado este jueves el despliegue de unidades militares en Ceuta después de que cientos de migrantes saltaran la valla fronteriza y desbordaran a la Guardia Civil, mientras otros centenares seguían llegando a nado por el espigón del Tarajal. Las cifras varían según la fuente consultada —algunos medios hablan de varios cientos de cruces en las últimas horas, otros de varios miles—, pero todas coinciden en un mismo diagnóstico: la crisis migratoria en Ceuta ha entrado en una fase que recuerda, por su intensidad, a la de mayo de 2021. La pregunta que se hacen ahora políticos, militares y ciudadanos es la misma: ¿qué puede hacer realmente el Ejército para frenarla?
El despliegue ya está en marcha
Este jueves, el Ministerio de Defensa confirmó el envío de las primeras unidades a la ciudad autónoma. Según fuentes militares, el Ejército de Tierra ha puesto en alerta a sus efectivos en Ceuta ante la posibilidad de tener que intervenir en los sucesos que se están produciendo en la frontera, en un esquema que reproduce casi punto por punto el operativo de hace cinco años.
El Ministerio del Interior ha anunciado el envío de un primer contingente de tres pelotones de 20 soldados cada uno. A ese refuerzo se suma el de la Policía Nacional, con tres equipos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Sevilla, a los que se añadirán en los próximos días los de la UIP Central y la UIP de Málaga, hasta sumar 200 efectivos dedicados a tareas de seguridad ciudadana.
En el mar, el refuerzo también se ha activado: a las seis embarcaciones que operan habitualmente en la zona se sumará, en la madrugada del 31 de julio, el buque oceánico Duque de Ahumada, al que seguirán cinco patrulleras adicionales en los próximos días.
Un papel de apoyo, no de sustitución
Conviene aclarar desde el principio algo que se presta a confusión: el Ejército no va a sustituir a la Guardia Civil en el control de la frontera. Fuentes del Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, han precisado que las Fuerzas Armadas actuarán reforzando a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias, coordinadas por el mando de operaciones, y dando apoyo en aquello que resulte necesario para mantener la seguridad en la ciudad.
Esto significa que la responsabilidad legal sobre la identificación, detención o devolución de los migrantes sigue recayendo, como hasta ahora, en la Guardia Civil y la Policía Nacional. El papel militar se limita, al menos de momento, a tareas de apoyo logístico, disuasión y vigilancia.
Qué puede hacer el Ejército sobre el terreno
Dentro de ese marco de apoyo, las capacidades reales del Ejército en una crisis como esta son varias:
- Presencia disuasoria en la frontera. En 2021, las costas se llenaron de tropas y vehículos blindados con un objetivo fundamentalmente disuasorio: que la sola presencia militar desincentivara nuevos intentos de cruce. Es previsible un despliegue similar esta vez.
- Refuerzo logístico y sanitario. Los militares pueden aportar medios de transporte, atención sanitaria de campaña y apoyo material para descongestionar un CETI que ya funciona muy por encima de su capacidad.
- Vigilancia marítima. Con el buque Duque de Ahumada y las patrulleras adicionales, el Ejército y la Armada pueden ampliar la cobertura de la zona marítima donde se producen la mayoría de los cruces a nado, aunque la interceptación y el rescate siguen coordinados principalmente con Salvamento Marítimo y Guardia Civil.
- Control de perímetros de seguridad. Los efectivos militares pueden establecer y mantener perímetros que faciliten el trabajo de las fuerzas de seguridad en los puntos de acceso más conflictivos, como la valla de Tarajal o el paso de Benzú.
Lo que el Ejército no puede hacer (de momento)
Aquí está la clave que explica por qué el debate político no se ha cerrado con el simple anuncio del despliegue. Sin un cambio en el marco legal, las Fuerzas Armadas no pueden:
- Realizar detenciones ni identificaciones de los migrantes que llegan, una competencia exclusiva de los cuerpos de seguridad del Estado.
- Ejecutar devoluciones o expulsiones, que siguen sujetas al procedimiento marcado por la sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar el rechazo en frontera a quien llega a nado.
- Asumir el mando único de la operación, que solo sería posible con una declaración formal que active un régimen jurídico distinto al actual.
La pieza legal que falta: la declaración de interés para la Seguridad Nacional
El Gobierno central ha descartado activar la “emergencia nacional” en su sentido de protección civil, porque esa figura legal solo está prevista para riesgos naturales o tecnológicos, no para crisis migratorias.
Pero lo que reclama en realidad el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, es otra cosa: la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional, contemplada en el artículo 23 de la Ley 36/2015. Esta figura sí permitiría un dispositivo con mando único y una participación militar más amplia que la actual, en la que el Ejército se limita a un rol de apoyo.
Sin esa declaración, el margen de actuación militar seguirá siendo, por ahora, el mismo que en cualquier operación de apoyo a la autoridad civil: reforzar, pero no dirigir ni sustituir.
El precedente de 2021, la referencia obligada
La comparación con la crisis de mayo de 2021 es inevitable y todos los actores la citan como referencia. Entonces, el Gobierno tardó menos de 24 horas en desplegar el Ejército tras la llegada masiva e irregular de miles de personas. Las unidades de la Comandancia General de Ceuta, entre ellas el Grupo de Regulares, ocuparon la costa con vehículos blindados, en un operativo pensado sobre todo para transmitir una imagen de control y disuasión.
Aquella crisis se resolvió, en gran parte, por la vía diplomática: la relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos que había provocado la avalancha se corrigió también desde el lado marroquí. El componente militar español fue, en ese sentido, más un refuerzo de la imagen de control que el factor decisivo para frenar los cruces.
La vía europea, en paralelo
Además de la respuesta nacional, la Comisión Europea ha ofrecido el despliegue de Frontex para reforzar la vigilancia de esta frontera exterior de la Unión Europea, al tiempo que ha pedido a Marruecos que intensifique el control de las salidas irregulares desde su territorio. Esta vía diplomática y europea corre en paralelo al despliegue militar español y, a juzgar por lo ocurrido en 2021, podría acabar siendo tan determinante como el propio operativo en la frontera.
Un debate que sigue abierto
El envío de tropas calma, sobre todo, la percepción de descontrol, pero no resuelve por sí solo el problema de fondo: mientras la sentencia del Supremo siga vigente, los migrantes que lleguen a nado seguirán teniendo que pasar por el procedimiento ordinario de devolución, mucho más lento que el rechazo en frontera. El Ejército puede contener, vigilar y disuadir, pero no puede cambiar el procedimiento legal que aplica a cada persona que pisa la costa ceutí.
Esa es la razón por la que, en paralelo al despliegue militar, sigue sobre la mesa la proposición de ley del PP para reformar la Ley de Extranjería, y por la que Ceuta insiste en pedir algo más que soldados: una declaración de interés para la Seguridad Nacional que dote de mando único a todo el dispositivo. Hasta que eso no llegue —si es que llega—, el papel del Ejército seguirá siendo el de siempre en este tipo de crisis: un refuerzo visible, pero limitado, de un problema que se decide, sobre todo, en los tribunales y en los despachos de Bruselas y Rabat.