La investigación sobre las presuntas irregularidades en las obras de varios cuarteles de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana ha entrado en una fase decisiva. Un juzgado de València ha dictado auto de procedimiento abreviado contra catorce personas, entre ellas un teniente coronel que ejerció como interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la 6.ª Zona del Instituto Armado.
Junto al principal investigado figuran otro agente y varios empresarios vinculados a los contratos analizados. La jueza considera que las diligencias practicadas permiten apreciar indicios racionales de una posible trama construida alrededor de adjudicaciones públicas, facturas presuntamente infladas y trabajos que, en algunos casos, no habrían llegado a ejecutarse.
La resolución menciona posibles delitos de malversación, prevaricación administrativa, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal. El auto no supone una condena, pero pone fin a la instrucción y acerca la causa a la posible apertura de juicio oral.
Contratos fraccionados y facturas por obras inexistentes
Las actuaciones bajo sospecha corresponden a contratos de mantenimiento y reforma de instalaciones de la Guardia Civil adjudicados entre 2018 y 2022. La investigación sostiene que algunas facturas pudieron dividirse artificialmente en cantidades menores para evitar controles administrativos más exigentes.
Este mecanismo, conocido como fraccionamiento indebido, permite que una obra que debería tramitarse mediante un procedimiento competitivo termine repartida en varios contratos menores. La jueza también destaca la adjudicación reiterada de trabajos a empresas vinculadas a un mismo contratista.
Los informes incorporados a la causa señalan además precios muy superiores al valor real de determinadas actuaciones. En algunos expedientes, los sobrecostes habrían rondado el 200%. También se investigan facturas emitidas por trabajos cuya ejecución no habría podido acreditarse.
El perjuicio total para las arcas públicas se situaría en decenas de miles de euros, aunque la cantidad definitiva dependerá de las acusaciones, de las pruebas aceptadas y de una eventual sentencia.
Una supuesta red dirigida desde la Unidad de Gestión Económica
El teniente coronel ocupó durante años una posición clave dentro de la Unidad de Gestión Económica, encargada de intervenir, supervisar y validar parte de las contrataciones de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana.
Según el auto, habría aprovechado la confianza de sus superiores y su capacidad de decisión para crear en beneficio propio una red de empresarios y sociedades. El sistema le habría permitido influir sobre la adjudicación, la validación y el pago de obras realizadas en diferentes instalaciones del cuerpo.
La resolución judicial utiliza la expresión «supuesta red de corrupción sistémica» para describir un funcionamiento que, siempre según los indicios recogidos durante la investigación, no estaría vinculado a una única obra irregular, sino a una dinámica sostenida durante varios años.
La reiteración de proveedores constituye uno de los elementos centrales. Los investigadores analizan si determinados empresarios recibían contratos públicos de manera recurrente y si, a cambio, prestaban servicios privados al principal encausado.
Las obras en las viviendas de Siete Aguas
Una parte especialmente relevante de la causa se centra en el patrimonio inmobiliario adquirido por el teniente coronel en Siete Aguas, una localidad del interior de la provincia de Valencia. La instructora aprecia indicios de que varios adjudicatarios de obras públicas habrían participado también en la reforma de sus propiedades privadas.
La hipótesis judicial sostiene que esas actuaciones pudieron sufragarse total o parcialmente mediante servicios no cobrados, facturación vinculada a contratos de la Guardia Civil o beneficios obtenidos a través de los sobrecostes investigados.
El auto también menciona la «opacidad financiera» detectada en la adquisición de algunos inmuebles. Parte de los pagos se habría realizado en efectivo, sin trazabilidad bancaria ni documentación suficiente que permitiera determinar el origen del dinero.
La investigación intenta establecer si las reformas privadas fueron la contraprestación por favorecer a determinados proveedores dentro de los procedimientos públicos controlados desde la Unidad de Gestión Económica.
La Fiscalía deberá decidir si solicita juicio oral
Con el procedimiento abreviado, la jueza considera agotada la investigación principal y traslada ahora la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas. Estas podrán solicitar la apertura de juicio oral, presentar sus escritos de acusación, pedir el sobreseimiento o reclamar de manera excepcional nuevas diligencias.
Otros dos investigados han quedado fuera de esta fase después de que la magistrada acordara el sobreseimiento provisional respecto a ellos. La resolución, fechada el 20 de julio, puede ser recurrida en reforma y apelación.
Los catorce encausados mantienen intacta su presunción de inocencia. Será durante un eventual juicio cuando las acusaciones deberán demostrar que existió una estructura organizada para manipular contratos, desviar fondos públicos o recibir contraprestaciones.
La causa abre ahora una etapa decisiva para determinar si las irregularidades detectadas en las obras de la Guardia Civil responden a incumplimientos administrativos aislados o a una red estable creada para beneficiar a un mando y a un grupo reducido de empresarios.