La identidad digital dará un salto decisivo en la Unión Europea. Antes de que termine 2026, todos los Estados miembros deberán ofrecer al menos una cartera digital europea a sus ciudadanos y residentes. Su despliegue permitirá que, a partir de 2027, millones de personas puedan identificarse, firmar documentos o acreditar determinados datos desde el teléfono móvil.
La herramienta, conocida como EUDI Wallet, estará diseñada para guardar credenciales electrónicas verificables. Entre sus posibles usos figuran la identificación personal, el permiso de conducir digital, los títulos universitarios, certificados profesionales, recetas electrónicas o justificantes relacionados con la Seguridad Social.
Esto no significa que todos esos documentos vayan a aparecer automáticamente en la aplicación desde su primer día de funcionamiento. La disponibilidad dependerá de que cada administración o institución los expida en un formato compatible. Tampoco supondrá la desaparición inmediata del DNI, el carné de conducir o los diplomas físicos.
Una identidad válida en toda la Unión Europea
La principal novedad de la cartera digital europea será su interoperabilidad. Una credencial emitida en España podrá utilizarse para acreditar la identidad o una cualificación ante una administración, universidad, banco o empresa de otro Estado miembro que esté obligado a reconocerla.
Gonzalo Álvarez Marañón, director de Funditec Research, considera que este funcionamiento común será uno de sus avances más relevantes. «Gracias a la wallet digital será más ágil la identificación en bancos, sanidad, Administración pública o los procesos online que aún exigen escanear y subir el DNI», explica.
Actualmente, muchos trámites obligan a enviar fotografías o copias completas de documentos personales. Esos archivos pueden permanecer almacenados durante años en servidores sobre los que el ciudadano apenas tiene información. La nueva herramienta pretende sustituir ese intercambio indiscriminado por credenciales verificables.
Así, una persona podría demostrar que es mayor de edad sin comunicar su fecha de nacimiento, o acreditar que posee una titulación sin entregar una copia completa de su expediente. Álvarez Marañón define el sistema como «el primer mecanismo serio para que el ciudadano europeo decida qué dato enseña, a quién y cuándo».
Compartir únicamente la información necesaria
La cartera digital europea se apoyará en el principio de divulgación selectiva. Cada servicio debería solicitar solamente los datos imprescindibles para completar una operación, mientras el usuario conservaría un registro de la información compartida.
Esta arquitectura puede reducir la circulación de documentos completos y limitar el daño causado por una filtración. Una empresa que únicamente necesite comprobar la edad de un cliente no tendría por qué conocer su domicilio, su número de identidad ni otros datos incluidos en el documento físico.
La cartera también permitirá crear firmas electrónicas con validez jurídica en toda la Unión Europea. Esto facilitará la firma de contratos, matrículas, solicitudes administrativas o autorizaciones sin imprimir documentos ni desplazarse físicamente.
Sin embargo, una identificación más sencilla también puede generar nuevas peticiones. «La facilidad técnica de pedir datos puede llevar a que más servicios empiecen a pedir la verificación donde antes no la pedían», advierte el responsable de Funditec Research. El riesgo no reside solo en cuánto se comparte, sino en cuántas veces comienza a exigirse una identificación.
La cartera será voluntaria y gratuita
El reglamento europeo establece que el uso de la cartera será voluntario. Su expedición, utilización y revocación deberán ser gratuitas para las personas físicas, y quienes prefieran continuar empleando documentos o canales tradicionales no podrán sufrir discriminación.
La norma incorpora salvaguardas para impedir que una persona pierda el acceso a un servicio por rechazar la aplicación. No obstante, Álvarez Marañón alerta de una posible obligatoriedad indirecta: aunque legalmente siga siendo opcional, su comodidad podría hacer que empresas y administraciones releguen progresivamente las alternativas.
Por eso, el experto reclama prohibiciones claras frente a la denegación de servicios esenciales como la sanidad, la educación o el ejercicio del voto. La protección legal deberá garantizar que la transformación digital no se convierta en una barrera de acceso.
El riesgo de dejar atrás a parte de la población
La implantación de la cartera digital europea también plantea un problema de capacitación. Una parte importante de la población carece de competencias digitales básicas, no dispone de un teléfono compatible o encuentra dificultades para realizar trámites electrónicos.
Las personas mayores, quienes viven en zonas con mala conexión y los ciudadanos con menor alfabetización tecnológica pueden quedar en desventaja si desaparecen las oficinas, los documentos físicos o la atención presencial. El avance solo será inclusivo si mantiene alternativas funcionales y no meramente testimoniales.
Funditec Research prevé una convivencia prolongada entre ambos formatos. La sustitución completa del papel, en caso de producirse, sería generacional y dependería de que la cartera conservara su carácter voluntario.
A partir de 2027, Europa contará con una infraestructura común para llevar parte de la identidad en el móvil. El cambio promete agilizar trámites, reducir copias innecesarias y devolver al ciudadano más control sobre sus datos. Pero su éxito no dependerá únicamente de la tecnología: también deberá demostrar que puede ser segura, transparente y accesible para quienes decidan no utilizarla.