El Gobierno mantendrá hasta septiembre la rebaja fiscal a los carburantes pese a considerar que la economía española ha superado con mayor solidez de la prevista el impacto de la crisis en Oriente Próximo. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 29 de junio, el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta, dotado con 1.825 millones de euros para 2026. En términos presupuestarios, se suman otros 2.700 millones entre 2026 y 2027 por la reducción progresiva, a partir de este año y hasta su eliminación total en 2028, del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.
La medida más inmediata para los hogares será una retirada gradual de la ayuda al combustible. El descuento será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, para desaparecer en octubre si los precios mantienen su actual evolución. No obstante, el Ejecutivo ha incorporado una cláusula automática que restablecerá la bonificación de 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes vuelve a superar el 15%.
El Ejecutivo ha aprobado la prórroga del Plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo.
✔️ "El Gobierno continúa apoyando a hogares y empresas", @carlos_cuerpo. pic.twitter.com/mTb0caHJSD
— La Moncloa (@desdelamoncloa) June 29, 2026
Medidas específicas para sector primario y transportistas
A su vez, el sector primario -agricultores y pescadores- y los transportistas conservarán íntegramente el descuento equivalente a 20 céntimos por litro. En paralelo, reforzará el control sobre las gasolineras, otorgando nuevas competencias a la CNMC para detectar y publicar comportamientos anómalos en la evolución de los precios. Además, el Gobierno destinará 165 millones adicionales a ayudas para fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya aprobados.
Junto a estas actuaciones de carácter coyuntural, el Ejecutivo ha querido reforzar el mensaje de que la respuesta a la crisis pasa también por medidas permanentes. Entre ellas figura la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que bajará al 5% este año, al 3,5% en 2027 y desaparecerá en 2028, una reclamación histórica del sector energético, según destacó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.
Nuevo cuadro macro
El Gabinete ha aprobado también el nuevo cuadro macroeconómico, punto de partida de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Es a su vez, como señaló el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la buena marcha de la economía española -que, a su juicio, “mantiene el pulso”- permite prologar las ayudas al tiempo que comienza su retirada gradual.
El ministro recordó que las medidas aprobadas desde marzo han logrado amortiguar el impacto de la guerra sobre la inflación, reduciéndola aproximadamente en un punto porcentual. “Según se reduzcan las tensiones internacionales”, afirmó, el Gobierno podrá ir retirando los apoyos sin provocar un “salto brusco” en los precios para los consumidores.
Ese diagnóstico se refleja también en la actualización del cuadro macroeconómico. El Gobierno ha elevado cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%, y una décima la de 2027, hasta el 2,2%. Según explicó Cuerpo, la economía española seguirá sustentándose en el consumo privado y la inversión, lo que repercutirá también en el mercado laboral.
Gracias a la regulación extraordinaria el Ejecutivo prevé un tirón en la afiliación hasta superar el medio millón de los últimos años y situarse en torno a los 600.000 afiliados. Asimismo, la previsión es la tasa de paro baje del 10% este ejercicio y cierre 2026 en el 9,9%, acercándose al desempleo estructural.
Nuevo RD de vivienda
Por otra parte, el Gobierno avanzó que el Consejo de Ministros aprobará durante el mes de julio un amplio real decreto-ley de vivienda con medidas de carácter estructural. El texto, de carácter transversal, recogerá iniciativas planteadas por distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura con el objetivo de facilitar el mayor consenso parlamentario posible.
El paquete se articulará en dos grandes bloques. El primero buscará contener los precios, dar mayor estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler. Entre las medidas figuran la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito y nuevas bonificaciones en el IRPF para los propietarios que rebajen el precio del alquiler.
El segundo bloque estará orientado a aumentar la oferta de vivienda asequible. Para ello, el Ejecutivo plantea elevar al 21% el IVA de las viviendas turísticas e introducir medidas de simplificación administrativa para acelerar la promoción de nuevas viviendas. “Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo y si hay un motivo hoy en día para acordar es, sin duda, dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía”, defendió Cuerpo.