Frente al clamor social por el desahucio de Maricarmen, Sumar lanzó el jueves una propuesta inédita hasta la fecha: expropiar la vivienda a su propietario. Una exigencia que el socio de Gobierno remitió por escrito al ala socialista del Ejecutivo para que se aprobara en el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de septiembre, junto con el decreto de vivienda bloqueado desde julio.
Una iniciativa que puede ser la “puntilla” a la seguridad jurídica en el mercado del alquiler, aunque los juristas consultados por Artículo14 discrepan sobre su viabilidad constitucional y advierten de las dificultades para justificar una expropiación de estas características.
La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros.
Sí o sí.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 24 de septiembre de 2026 a las 8:15
Ante las dificultades para alcanzar un consenso en el Consejo de Ministros y con el decreto de vivienda como prioridad, Pablo Bustinduy rebajó ayer el tono de esta reclamación. Así, aclaró que son dos expedientes diferentes, es decir, la expropiación no está vinculada al Real Decreto-ley de medidas de vivienda, que incluye la prórroga de los alquileres, entre otras medidas. Esta separación permitiría que un eventual rechazo de la expropiación no obstaculizara la aprobación del decreto.
Campaña de firmas para la expropiación
Entretanto, para reforzar su reclamación, Sumar lanzó una campaña de recogida de firmas: “La expropiación de la vivienda de Maricarmen, en manos del fondo buitre Urbagestión, debe marcar un punto de inflexión frente a la especulación. Por eso, también proponemos modificaciones legales para que no se repita nunca más”.
La posición del PSOE la dejó entrever ayer el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien se mostró contrario a una fórmula de expropiación que, a su juicio, “ no lleva a ninguna parte” y carece de un encaje constitucional claro. Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, abogó en una entrevista en el programa Malas Lenguas de RTVE por “no distraer la atención” y centrar los esfuerzos en desbloquear el decreto.
Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble donde vivía la anciana desahuciada, informó ayer en un comunicado de que el piso no está en venta y de que lo ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Madrid para que, a través de la Empresa Municipal de Vivienda Suelo (EMVS) y los servicios sociales municipales, Maricarmen pueda volver a casa.
Esta decisión podría restar fuerza a la exigencia de Sumar, aunque no despeja el debate jurídico sobre la expropiación. Con las elecciones de 2027 en el horizonte y la vivienda como uno de los principales focos de tensión entre los socios de Gobierno, Artículo14 analiza con expertos las posibilidades reales de llevar a cabo esta medida.
¿Es “interés social” un caso como el de Maricarmen?
“La idea de expropiar la vivienda busca lanzar un mensaje político claro de protección social frente a subidas abusivas, aunque conviene matizar su encaje y efectividad práctica”, explica José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa en la Universidad Europea. En su opinión, el artículo 33.3 de la Constitución permite la expropiación por utilidad pública o interés social, lo que abre la puerta a intervenir en en situaciones especialmente graves.
¿Podría considerarse de “interés social” la expropiación de una vivienda para beneficiar a una sola persona? “La respuesta jurídica es que sí es técnicamente viable, aunque con matices clave sobre cómo se justifica el interés social”, aclara Corrales, quien señala que este concepto no se define por la cantidad de beneficiarios, sino por la naturaleza del bien jurídico protegido y la función social de la propiedad.
“Las expropiaciones tienen que tener una causa justificada de utilidad pública”, subraya Jesús Padorno, abogado de Derecho Administrativo de Legálitas. Este requisito resulta más evidente cuando se trata de construir una infraestructura pública, como una carretera, un pantano o una vía de tren. Sin embargo, el caso de Maricarmen plantea mayores dificultades jurídicas. “Tal y como está ahora mismo la legislación, ahora no hay cobertura legal para ello. Habría que hacer una interpretación muy retorcida para justificar el principio de “utilidad pública” y existe el riesgo de que pueda ser recurrida por inconstitucional”.
La expropiación plantea dudas de constitucionalidad
En esta línea se pronuncia José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos: “Plantea muchas dudas de constitucionalidad. Cualquier normativa tiene que tener un carácter general, porque si no sería absolutamente injusto con situaciones similares”. En este sentido recuerda que, en un Estado democrático, desde los tratados del filósofo inglés John Locke, la propiedad está vinculada directamente a la propia persona, “lo que quiere decir que es casi intocable, salvo cuestiones de utilidad social, pero que en este caso no se dan”.
A su vez, José Manuel Sala Arque, catedrático de Derecho Administrativo, considera que “la expropiación es el último recurso. Antes de aplicar una medida tan drástica, el Estado tiene muchas alternativas -puede aprobar leyes de vivienda, ayudas y subvenciones y buscar soluciones habitacionales para personas vulnerables-“. No bastaría con acreditar la utilidad pública o el interés social, sino que también habría que determinar qué Administración tiene competencia para llevarla a cabo, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en materia de vivienda.
Por su parte, Esaú Alarcón, socio de Litigación Tributaria de Gibernau, recuerda que el derecho de propiedad está reconocido en la Constitución. “En función de como se plantee tendría que producirse una reforma de la Constitución, una cosa es expropiar, que debe estar justificada por un interés público, y otra apropiarse indebidamente, sin obviar que cualquier expropiación exige una contraprestación”
Un justiprecio que podría ser más eficaz en otras zonas
Más allá de las dudas jurídicas, la propuesta también plantea un interrogante económico: cuánto costaría recuperar la vivienda de Maricarmen mediante una expropiación y si ese dinero público podría tener un mayor impacto social con otro destino.
“El reto está en que exige pagar un justiprecio a valor de mercado, lo que implica desembolsar fondos públicos sustanciales en zonas tensionadas como Retiro. Pagar el precio de mercado por viviendas individuales a través de expropiaciones puntuales puede absorber recursos presupuestarios que serían mucho más eficaces si se destinasen a ampliar directamente el parque público de alquiler social a gran escala“, advierte José Manuel Corrales.
El economista también alerta de las posibles consecuencias de una intervención de estas características sobre el mercado residencial. Una medida expropiatoria podría incrementar la incertidumbre entre pequeños propietarios e inversores del sector: “El riesgo es que, por prudencia, retiren oferta del alquiler de larga estancia para llevarla al alquiler turístico o de temporada, tensionando aún más los precios de entrada”, puntualiza.