La situación financiera de Muface vuelve a encender las alarmas entre los funcionarios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha advertido de que la mutualidad ha tenido que recurrir a su remanente de tesorería para financiar el nuevo concierto sanitario, mientras casi 14.000 personas han abandonado las aseguradoras privadas para incorporarse a los servicios públicos de salud.
Según los datos presentados por CSIF tras la última reunión del Consejo General, Muface habría utilizado 349 millones de euros de sus reservas para atender las obligaciones presupuestarias y pagar la asistencia sanitaria. El remanente disponible al cierre de 2024 ascendía, sin embargo, a 282,2 millones.
El sindicato considera que esa diferencia puede haber dejado el fondo en números rojos y exige al Gobierno una explicación detallada. La mutualidad no ha publicado todavía un balance actualizado que confirme cuál es la cantidad exacta disponible.
Casi 14.000 mutualistas eligen la sanidad pública
El deterioro económico coincide con un aumento de los funcionarios que deciden abandonar el concierto privado de Muface. Desde 2025, un total de 13.996 titulares y beneficiarios han optado por recibir atención a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y los correspondientes servicios autonómicos.
Durante 2025 se contabilizaron 7.664 cambios. A ellos se sumaron otros 4.281 en enero de 2026 y 2.051 durante el periodo ordinario abierto en junio. La proporción de mutualistas acogidos a la sanidad pública ha aumentado seis puntos desde la entrada en vigor del nuevo acuerdo.
La decisión de cambiar de entidad es voluntaria, por lo que no puede atribuirse automáticamente cada traslado a la falta de financiación. También han influido la crisis sufrida durante la renovación del concierto, la salida de DKV y las diferencias de cobertura disponibles en algunas provincias.
El movimiento muestra, en cualquier caso, una pérdida de atractivo del modelo concertado, que durante décadas había permitido a la mayoría de los funcionarios elegir entre distintas aseguradoras privadas.
Menos consultas de Atención Primaria y Pediatría
La preocupación de CSIF no se limita a las cuentas. El balance del primer año del nuevo concierto de Muface refleja una caída notable de la actividad asistencial respecto al periodo anterior.
Las consultas de Atención Primaria disminuyeron en 230.941. El retroceso fue especialmente significativo en Pediatría, donde se pasó de 184.259 atenciones durante el segundo semestre de 2024 a 159.549 en el mismo periodo de 2025.
La reducción equivale a un 13,4% y afecta a una de las áreas más sensibles para las familias. El sindicato reclama aclarar si la caída responde a una menor demanda real, a problemas de acceso o al rechazo de determinadas prestaciones por parte de las compañías.
En Atención Especializada se registraron aproximadamente 150.000 consultas menos. Las mayores bajadas se produjeron en Traumatología, con un 7,3%; Oftalmología, con un 8,9%; y Obstetricia y Ginecología, con un 10,1%.
El número de pruebas diagnósticas también retrocede
Los datos muestran igualmente una menor actividad en las pruebas diagnósticas financiadas por el concierto de Muface. Las radiografías simples descendieron un 13,4%, mientras las ecografías y las exploraciones Doppler cayeron un 15,5%.
El retroceso más pronunciado se produjo en las tomografías axiales computarizadas, con una reducción del 20,8%. CSIF teme que detrás de estos porcentajes pueda existir un aumento de las solicitudes rechazadas o demoradas por las aseguradoras y las comisiones mixtas.
Una disminución de la actividad no demuestra por sí sola un empeoramiento de la asistencia. Para conocer su verdadero significado sería necesario comparar el número de pacientes, las indicaciones clínicas, las listas de espera y las autorizaciones denegadas.
El sindicato pide precisamente que Muface facilite esos datos y explique si la reducción obedece a cambios estadísticos, a un menor uso de los servicios o a restricciones introducidas durante el nuevo concierto.
Un contrato de más de 4.800 millones con Adeslas y Asisa
El actual concierto sanitario entró en vigor el 1 de mayo de 2025 y estará vigente hasta finales de 2027. Adeslas y Asisa son las dos únicas compañías que permanecen dentro del sistema después de que DKV decidiera no participar.
El contrato supera los 4.800 millones de euros y elevó considerablemente las primas que recibe cada aseguradora por atender a los mutualistas. El Gobierno presentó ese incremento como la solución a una negociación que estuvo bloqueada durante meses.
Sin embargo, la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado ha obligado a financiar parte del aumento mediante modificaciones presupuestarias y recursos acumulados de ejercicios anteriores.
Para CSIF, utilizar el remanente permite resolver pagos inmediatos, pero no garantiza la sostenibilidad futura. Una vez consumido ese colchón, cualquier desviación presupuestaria tendría que cubrirse con nuevas aportaciones públicas.
CSIF amenaza con recuperar las movilizaciones
El sindicato reclama transparencia sobre las cuentas de Muface, garantías para el concierto y una mejora de la calidad asistencial. También ha denunciado que la reforma del estatuto de la mutualidad reduce la capacidad de supervisión de los representantes de los trabajadores.
Entre sus reivindicaciones figura la igualdad de condiciones respecto al régimen general de la Seguridad Social, especialmente en materia farmacéutica. CSIF pide un sistema de copago común y la gratuidad de los medicamentos para pensionistas y pacientes crónicos.
La organización ha advertido de que retomará las movilizaciones si el Gobierno no aclara la situación económica y no garantiza el futuro del modelo. La cuestión ya no se limita a renovar un contrato con las aseguradoras: afecta a la confianza de los mutualistas y a la capacidad de mantener una atención sanitaria suficiente.
Muface afronta así una doble presión. Por un lado, necesita financiar un concierto notablemente más caro. Por otro, debe explicar por qué disminuyen las consultas y las pruebas mientras cada vez más funcionarios prefieren trasladarse a la sanidad pública.