El sector público está cambiando y el funcionario del futuro tiene un perfil femenino. Concretamente será una mujer de 33 años, con estudios universitarios y trabajo a tiempo completo, según un estudio elaborado por la academia Supera Oposiciones.
“Muchas mujeres buscan unas condiciones laborales que les permitan planificar su futuro con mayor seguridad, acceder a una vivienda y conciliar mejor su vida profesional y personal. También valoran especialmente la previsibilidad de los horarios, la igualdad en el acceso y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional a largo plazo” señala Jesús Polvorinos, director de Supera Oposiciones.
Una de las conclusiones más del estudio es que la futura funcionaria no es una estudiante a tiempo completo, sino una trabajadora en activo del sector privado y que estudiar las oposiciones supone para ella una “jornada extra”. Así lo asegura Paloma Gómez, opositora de la academia Supera, que decidió reorientar su carrera laboral a la Administración General del Estado a los 35 años: “Vengo del sector privado, donde he adquirido experiencia y he desarrollado competencias como la organización, el trabajo en equipo y la orientación a resultados. Sin embargo, en los puestos que he desempeñado anteriormente las posibilidades de crecimiento y de asumir nuevas responsabilidades eran limitadas”.
Aportar valor al sector público
Y es que, el estudio señala que, aunque hace una década, el foco estaba casi exclusivamente un sueldo fijo, un horario estable y la promesa del “trabajo para toda la vida”; y siendo conscientes de que ese argumento sigue siendo clave, ya no es el único. De cara al futuro, el opositor actual busca también propósito: “Busco un proyecto profesional estable a largo plazo en el que pueda aportar valor, tener responsabilidades y contribuir a mejorar la prestación de los servicios públicos. En definitiva, busco una carrera profesional con un recorrido más amplio”, asegura Gómez.
Entre 33 y 35 años
Respecto a la edad media del opositor en España, el estudio la sitúa en torno a los 33,7 años, ya que en la mayoría de comunidades autónomas los opositores se mueven entre los 33 y los 35 años. Aun así, hay territorios como Asturias, Galicia, Extremadura o Comunidad Valenciana donde se los opositores son algo más jóvenes; y otras como Cantabria, Navarra o Aragón, donde se concentran perfiles de mayor edad. “El perfil más habitual no es el de un recién graduado, sino el de una persona que ya ha tenido alguna experiencia profesional y que, tras conocer la realidad del mercado laboral, decide apostar por un proyecto más estable” señala Polvorinos.
Respecto al tiempo que uno de estos perfiles suele dedicar a la oposición, el director de Supera incide que “no existe un plazo único, porque depende mucho del cuerpo, de la dificultad del temario, del número de plazas, de la frecuencia de las convocatorias y del tiempo que cada persona pueda dedicar al estudio”, aunque señala que “en términos generales, una oposición puede requerir entre uno y tres años de preparación, aunque existen procesos más cortos y otros que pueden prolongarse más”. En este sentido, afirma que en este aspecto “influye mucho si el opositor trabaja mientras estudia. En nuestro caso, casi la mitad de los alumnos compatibiliza la preparación con un empleo a jornada completa, por lo que la constancia, la planificación y el acompañamiento son fundamentales”.
Sectores prioritarios
Además, el director de la academia señala en que se observa una demanda especialmente elevada en las oposiciones para Administración General del Estado, así como para los cuerpos administrativos y auxiliares, Gestión de la Administración Civil del Estado, Seguridad Social, Hacienda y Justicia.
“Son procesos muy atractivos porque suelen ofrecer un volumen importante de plazas, convocatorias relativamente frecuentes y posibilidades de promoción interna”, señala Polvorinos, quien incide en que “los alumnos buscan oposiciones que combinen tres elementos: posibilidades reales de conseguir plaza, estabilidad y opciones de desarrollar una carrera profesional dentro de la Administración”.
Regiones con más funcionarios
A nivel territorial, las 17 comunidades autónomas de España ya tienen, al menos, una cuarta parte de trabajadores que desempeñan su labor en el sector público. Entre ellas, destacan Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía.
En estas regiones, el peso del empleo público sobre el total es sensiblemente superior a la media nacional, que se sitúa en torno al 17% y al 18% de la población ocupada.
Por su parte, las regiones con mayor peso del sector privado sobre el total del empleo son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Baleares, que presentan porcentajes menores de empleo público, pero aportan grandes volúmenes de opositores que buscan un cambio de vida y de modelo laboral, aunque su entorno inmediato esté más orientado a la empresa privada.
Para las administraciones públicas, este perfil de opositora supone retos y oportunidades. Las nuevas generaciones no solo buscan estabilidad económica, sino también equilibrio entre vida personal y trabajo, bienestar emocional y entornos laborales saludables. Por ello, el estudio señala que para atraer y retener talento será necesario ofrecer conciliación, flexibilidad y una cultura organizativa más humana. Además, su elevado nivel formativo y conciencia social representan una oportunidad para impulsar la innovación, la digitalización y la mejora de los procesos internos. Así, el empleo público deja de percibirse únicamente como un trabajo estable y pasa a entenderse como una vía para lograr estabilidad vital y contribuir activamente a la transformación de la sociedad.