La temporalidad en el empleo público es un problema estructural que asciende hasta el 40% en las comunidades autónomas y hasta el 43% en los sectores más afectados y que urge atajar tras los avisos de Bruselas y la sentencia del Tribunal Supremo emitida el pasado mes de mayo en la que confirmaba que los trabajadores públicos temporales no pueden adquirir la condición de fijos sin superar un proceso selectivo.
Y es que, Bruselas había dado de plazo hasta el pasado mes de marzo para que se realizaran las reformas necesarias para atajar la temporalidad en el empleo público. Una normativa a la que España ya llega tarde y por la que ha pedido ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para culminar las reformas necesarias tras la sentencia del Supremo.
Reunión con las CCAA y la FEMP
Por ello, el ministerio de Función Pública ha emplazado a las Comunidades Autónomas y a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a una reunión de coordinación el próximo día 8 de julio en Santander para abordar nuevas medidas dirigidas a reducir la temporalidad en el empleo público. A pesar de que la Administración General del Estado (AGE) cuenta con una tasa de temporalidad mínima -del 4,7%- esta cifra se eleva hasta el 40% en el caso de las CCAA.
En este sentido, Miriam Pinillos, responsable de políticas públicas en CCOO, incide en otros sectores como los esenciales para entender las altas tasas de temporalidad que hay en España: “La temporalidad está situada en Sanidad, Educación, Justicia y Administración Local”, ha señalado. Además, ha explicado que en el ámbito local “puede ser o por incumplimiento o, en el caso de los municipios más pequeños, porque no tienen las herramientas para llevarlo a cabo”.
Si bien es cierto, Pinillos señala que en el ámbito sanitario y docente “ponen excusas como la limitación de la tasa de reposición”, e incide en que se trata de una afirmación errónea, “porque los procesos de estabilización están exentos de la tasa de reposición”.
Petición de aplazamiento a Bruselas
Este encuentro se producirá después de que el Gobierno haya solicitado a Bruselas ampliar hasta marzo de 2027 el plazo para culminar las reformas necesarias, al considerar que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo introduce nuevos elementos que requieren un análisis detallado, tanto en materia de indemnizaciones como en la identificación del número de empleados públicos que podrían encontrarse en situación de abuso de la temporalidad.
La reunión, que se enmarca dentro de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, dará continuidad a los trabajos iniciados en la reunión mantenida con las comunidades autónomas el pasado 7 de mayo. De aquel encuentro surgió un grupo de trabajo encargado de estudiar posibles modificaciones normativas para hacer frente al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
Propuestas de los sindicatos
En paralelo, el Ministerio reunió el pasado 24 de junio a las organizaciones sindicales en el marco de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas. Durante ese encuentro, presidido por la directora general de Función Pública, Hilda Jiménez, se actualizó a 440.168 el número de plazas incluidas en los procesos de estabilización y se solicitó a los sindicatos que presenten propuestas para consensuar nuevas medidas encaminadas a reducir la contratación temporal.
En este sentido, la responsable de políticas públicas en CCOO señala que desde el sindicato que representa reclaman que estos procesos de estabilización se publiquen de manera diferenciada de la Oferta de Empleo Público (OEP) y que se cumpla lo pactado en el último Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. “CCOO insiste en que o hay un cambio en el acceso al empleo público o este problema nunca va a terminar”.
Así, Pinillos asegura que “se necesitan ofertas anuales en las que salgan todas las plazas necesarias”, y reclama un cambio normativo que obligue a las administraciones públicas a convocar estas ofertas: “Insistimos en que debe haber una planificación de recursos humanos para rejuvenecer las plantillas, que debe complementarse con ofertas anuales”.
En este sentido, el ministerio de Función Pública trabaja con las Comunidades Autónomas, por un lado, y con los sindicatos, por otro, con el objetivo de atajar la temporalidad en el sector público y con especial ímpetu, en los sectores con una mayor incidencia como Sanidad o Educación, donde las tasas alcanzan el 43% y el 40%, respectivamente.