Mandos especializados de la Policía Nacional calculan que alrededor de 400.000 de los extranjeros que se han acogido al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes no residían en España antes de la fecha exigida por el Gobierno.
La estimación, publicada por El Español a partir de fuentes policiales anónimas, parte de dos cifras todavía provisionales. Por un lado, los aproximadamente 1,3 millones de expedientes que habría registrado la plataforma Mercurio al finalizar el plazo. Por otro, una previsión de unos 850.000 extranjeros en situación irregular que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026.
La diferencia entre ambas cantidades lleva a estas fuentes a sospechar que cientos de miles de solicitantes pudieron llegar después o utilizar documentación irregular. Sin embargo, ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía han publicado hasta ahora un balance oficial que confirme individualmente esos 400.000 casos.
Una cifra policial que todavía no equivale a fraude demostrado
El cálculo atribuido a los mandos policiales no procede del análisis terminado de los expedientes. Se trata de una estimación construida mediante la comparación entre el volumen de solicitudes y el número de inmigrantes irregulares que, según esos especialistas, residía anteriormente en España.
Por tanto, no puede afirmarse todavía que las 400.000 personas hayan cometido fraude ni que hayan obtenido autorización de residencia. El proceso administrativo exige revisar cada petición, comprobar la identidad del solicitante y verificar las pruebas aportadas sobre su permanencia.
También pueden existir expedientes duplicados, solicitudes incompletas, registros provisionales o casos que acabarán siendo rechazados por incumplir alguno de los requisitos.
Presentar una solicitud no significa recibir automáticamente los papeles. La cifra final de beneficiarios solo podrá conocerse cuando las oficinas de Extranjería resuelvan los procedimientos.
Qué debía demostrar cada solicitante
El Real Decreto 316/2026 estableció que los extranjeros debían acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que habían permanecido en el país de manera continuada durante al menos los cinco meses anteriores a la presentación de la solicitud.
La normativa permite utilizar cualquier prueba válida en derecho que incluya datos personales suficientes para identificar al interesado. Entre los documentos admisibles pueden encontrarse certificados administrativos, facturas, justificantes médicos, contratos, envíos de dinero o pruebas de desplazamientos.
Los solicitantes también deben carecer de antecedentes penales relevantes y no representar una amenaza para el orden público o la seguridad.
La flexibilidad documental buscaba permitir el acceso al procedimiento a personas que, precisamente por encontrarse en situación irregular, no disponían de contratos laborales, empadronamientos prolongados u otros registros administrativos convencionales.
Las alertas sobre documentos y pasaportes
Las unidades de Extranjería habían advertido durante los meses previos sobre la aparición de un mercado clandestino de documentos utilizados para acreditar una supuesta residencia anterior en España.
Según informes policiales publicados por el mismo medio, en redes como Telegram e Instagram se ofrecían facturas telefónicas, recibos de suministros y otros justificantes susceptibles de incorporarse a los expedientes.
La Policía también detectó un fuerte aumento de denuncias por pérdida de pasaportes entre ciudadanos de determinadas nacionalidades. Los agentes sospechaban que algunos interesados podían intentar evitar que los sellos de entrada demostraran que habían llegado después de la fecha límite.
Esas alertas muestran que existió riesgo de fraude, pero no permiten trasladar automáticamente la sospecha a todos los solicitantes. Corresponderá a la Administración identificar los documentos falsos y rechazar los expedientes que no acrediten una residencia real.
El Gobierno todavía no confirma los 1,3 millones
El proceso de regularización de inmigrantes terminó el 30 de junio con un volumen muy superior a las estimaciones iniciales. El Gobierno había hablado al anunciar la medida de unos 500.000 posibles beneficiarios.
Los últimos datos oficiales conocidos, correspondientes a mediados de junio, situaban el número de solicitudes por encima de 900.000, con cerca de 360.000 admitidas a trámite. Distintos medios elevan el balance provisional final hasta aproximadamente 1,3 millones a partir de los registros de Mercurio.
El Ejecutivo no ha confirmado todavía esa cantidad y sostiene que debe depurarse antes de ofrecer un dato definitivo. La plataforma puede contener solicitudes repetidas, expedientes abiertos pero no formalizados y unidades familiares que deben contabilizarse correctamente.
El desfase ha abierto una discusión política sobre si el Gobierno infravaloró la población en situación irregular o si el anuncio del procedimiento atrajo a personas que residían en otros países.
Quién comprobará ahora los expedientes
La revisión corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a las oficinas de Extranjería. Sus funcionarios deberán comprobar las pruebas aportadas y resolver si cada solicitante cumple los requisitos.
Las fuentes policiales critican que los especialistas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no tengan un papel central en esa primera fase de verificación, a pesar de las alertas emitidas sobre falsificaciones y movimientos migratorios.
Eso no significa que la Policía desaparezca por completo del proceso. Puede intervenir cuando existan dudas sobre identidades, antecedentes, documentos manipulados o posibles delitos de falsedad.
La clave estará en la capacidad de cruzar información y detectar si las pruebas corresponden realmente a la persona que solicita la autorización, sin convertir la sospecha general en una presunción automática de culpabilidad.
La diferencia entre 850.000 residentes y 1,3 millones de expedientes
La tesis de los mandos consultados sostiene que antes de enero vivían en España unos 850.000 extranjeros sin autorización. Esa cifra se aproxima a estimaciones anteriores elaboradas por centros de estudios, aunque la irregularidad administrativa resulta difícil de cuantificar precisamente porque muchas personas no aparecen en registros oficiales completos.
La resta entre esos 850.000 residentes estimados y los 1,3 millones de solicitudes genera el cálculo de unas 400.000 personas ajenas inicialmente al proceso. Pero la operación no constituye por sí misma una prueba individual.
El resultado definitivo dependerá del número de duplicidades, desistimientos, solicitudes rechazadas y autorizaciones concedidas.