“Las pérdidas económicas van a ser imposibles de calcular y serán, como mínimo, de un 50% de la actividad”, advierte la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Arantxa Campos, a Artículo 14 el mismo día que el Consejo de Ministros ha aprobado una batería de medidas en materia económica para hacer frente a la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma tras la entrada de unos 80.000 migrantes procedentes de Marruecos el pasado 30 de junio.
El Plan de Choque del Ejecutivo frente a la crisis en Ceuta moviliza en conjunto 309 millones de euros, de los que 80 millones se destinan a apoyo a la actividad económica y a medidas de “alivio” para empresas y trabajadores, según los datos detallados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Este paquete de ayudas del Ejecutivo ha sido recibido con prudencia “a la espera de conocer los detalles que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”, señala Campos.
Si bien la patronal valora de forma positiva las ayudas directas de hasta 5.000 euros para trabajadores autónomos y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas (en función de su volumen de facturación). En conjunto, estas medidas, que beneficiarán a 1.400 empresas y 2.600 autónomos, según las estimaciones de Economía, se podrán solicitar a partir del próximo lunes en la Agencia Tributaria. El objetivo es que los primeros pagos se materialicen en octubre.
Reducción permanente en las cuotas a la Seguridad Social
Aunque también han recibido de forma positiva el incremento de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades (que pasa del 50% al 60%) para las entidades domiciliadas en la ciudad y el de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social (que suben del 50% al 75%) -esta última es una demanda histórica por parte de las empresas ceutíes-, Campos critica que estas mejoras fiscales solo vayan a estar vigentes hasta 2031.
“Esta limitación temporal impide consolidar los incentivos dentro del Régimen Económico y Fiscal de Ceuta, lo que desincentiva por completo la atracción y el establecimiento de nuevas inversiones a largo plazo”, ha señalado Campos. En este sentido, recuerda que en 2023 se optó por limitar esas bonificaciones, que formaban parte de los estímulos para establecerse en la ciudad.
Apuesta por Tragsa frente al tejido privado
Otra de las críticas de la presidenta de la patronal ceutí ha sido la falta de ayudas para la seguridad privada desde hace un mes: “En Ceuta hay muchos polígonos industriales y terrenos que se están vigilando -con un coste que asumen las empresas- para que la gente que ha entrado no se asiente ahí”, subraya.
En paralelo, cuestiona que el Gobierno adjudique a la empresa pública Tragsa, dependiente de la SEPI, contratos derivados de esta emergencia que podrían desarrollar empresas locales: “Estamos hartos, hartos de que los trabajos que pueden hacer empresas privadas se los encarguen a empresas públicas”.
También señala que esta situación está provocando la cancelación de eventos que podrían suponer un incentivo para la economía: “Teníamos un campamento de inteligencia artificial, un mercadillo medieval, eventos deportivos… y todo eso se ha cancelado porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no tienen capacidad para garantizar la seguridad en las celebraciones”, denuncia.
Falta de seguridad
“Por eso cerramos los días 30 y 31, porque la ciudad nos dijo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les habían trasladado que no podían garantizar la seguridad de los comercios”, incide Campos.
En su opinión, “existe un problema de respuesta del Estado. Nos han entrado 80.000 personas, unas 70.000 se han ido voluntariamente, pero nos quedan 10.000 que que nos están haciendo la vida imposible. Nos han quitado la normalidad y han coartado la libertad que supone vivir en una ciudad europea. La ciudad sigue prácticamente igual que hace un mes”.
En este sentido, la presidenta de CECE manifiesta su decepción con la actuación de la Unión Europea. “No nos hacían caso antes, pero cada vez que contactamos nos dicen que no tienen competencias. Necesitamos más que diez funcionarios para la tramitación de expedientes, que es lo que se ha pedido. Necesitamos una solución de Europa a la crisis y a la catástrofe que tenemos aquí”.
España solicita a Bruselas 115 millones
En paralelo a la aprobación del plan de choque, el Gobierno aspira a que Bruselas financie parte de su coste. En concreto, se han solicitado casi 115 millones a la Comisión Europea. Según detalló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado 24 de agosto, España solicitó formalmente un importe de 82,7 millones con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración, a través del cual se puede obtener financiación para la gestión de los menores y adultos que aún permanecen en la ciudad autónoma. A su vez, a través del instrumento de ayudas de emergencia para la gestión de fronteras y visados, se han pedido otros 32 millones.