La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia la exclusión de más de 700.000 autónomos, un 20,1% del total de trabajadores por cuenta propia, de las ayudas al combustible de las que sí se benefician agricultores, pescadores y transportistas.
El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta por la crisis económica provocada por el conflicto en Irán. Este segundo paquete está dotado con 1.825 millones de euros para 2026 y trata de dar respuesta y reducir el impacto que la guerra en Oriente Medio puede tener en la economía española.
Dentro del paquete de medidas se incluyen algunas ayudas directas para el sector primario -agricultores y pescadores- y los transportistas, en la que se destaca el descuento del gasóleo equivalente a 20 céntimos por litro. Es una medida que ha sido celebrada por Upta, pero que considera “injustificable” que vuelva a dejar fuera a más de 700.000 autónomos que dependen de su vehículo para poder ejercer su actividad económica.
“Electricistas, fontaneros, instaladores, técnicos de mantenimiento, profesionales de atención domiciliaria, comerciales, repartidores de última milla y miles de pequeños empresarios recorren cada día decenas o cientos de kilómetros para atender a sus clientes. Todos ellos afrontan el mismo incremento del precio de los carburantes que los sectores beneficiarios de estas ayudas, pero siguen sin recibir ningún tipo de apoyo”, denuncia la organización que preside Eduardo Abad.
Descuento general
Si bien es cierto, estos trabajadores por cuenta propia se podrán beneficiar del descuento general del combustible, aunque contará con una retirada gradual hasta su desaparición en el mes de octubre. Según señaló el Gobierno, la rebaja será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Si los precios mantienen su actual evolución, desaparecerá en el mes de octubre. No obstante, el Ejecutivo ha incorporado una cláusula automática que restablecerá la bonificación de 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes vuelve a superar el 15% durante este periodo.
Para Upta, esta situación supone una diferencia en el trato que no responde a criterios objetivos y que perjudica de manera directa a un 20% de los trabajadores por cuenta propia que no podrían desarrollar su actividad económica sin su vehículo. “En muchos casos, el incremento de los costes de movilidad reduce directamente la rentabilidad de pequeños negocios que, además, no siempre pueden repercutir ese sobrecoste en el precio de sus servicios”, señalan.
Así, la organización recuerda que el trabajo autónomo constituye una parte esencial del tejido productivo español, concretamente son 3,4 millones los empleados por cuenta propia en España, y reclama que las ayudas públicas se diseñen atendiendo a la necesidad real de quienes dependen del combustible para desarrollar su actividad, con independencia del sector económico al que pertenezcan.
Así, la organización denuncia que este diseño de las medidas suponen “una desprotección” para más de 700.000 autónomos “que utilizan su coche o su furgoneta como una herramienta de trabajo imprescindible y que soportan exactamente el mismo impacto del encarecimiento de los carburantes que otros colectivos que sí reciben apoyo”.
Otras medidas sectoriales
Entre otras medidas que contempla el Real Decreto-Ley, el Ejecutivo reforzará el control sobre las gasolineras, otorgando nuevas competencias a la CNMC para detectar y publicar comportamientos anómalos en la evolución de los precios. Además, el Gobierno destinará 165 millones adicionales a ayudas para fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya aprobados.
Junto a estas actuaciones de carácter coyuntural, el Ejecutivo ha querido reforzar el mensaje de que la respuesta a la crisis pasa también por medidas permanentes. Entre ellas figura la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que bajará al 5% este año, al 3,5% en 2027 y desaparecerá en 2028, una reclamación histórica del sector energético, según destacó la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.