Aun cuando los datos oficiales indicaban lo contrario, el Presidente argentino, Javier Milei, viene insistiendo ya desde la campaña previa a las elecciones de diciembre, que “hay igualdad laboral y remunerativa entre hombres y mujeres”, solo que “se analizan mal los datos”. Pero, mientras el ingreso promedio de la población argentina en el último trimestre de 2023 era 189,6 euros, la media masculina ascendía a 218,4 y la femenina se desplomaba 35% en comparación a los varones, con un sueldo medio mensual de 161 euros, detallan las cifras -publicadas en febrero de 2024- por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina.
Esos datos correlacionan con un dedicado informe del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que en marzo alertó cómo, por acción o inacción, las políticas económicas del avasallante líder de La Libertad Avanza empezaron a impactar negativamente en la población, pero muy particularmente en las residentes de Argentina. El informe no alude a una caída repentina sino a la “profundización” de otra ya existente en el plano laboral femenino. Detallar ese contexto resulta clave para comprender lo que, de a poco, germina en el país.
Hace años se sabe que las asalariadas de Argentina destinan al trabajo al menos 40 minutos más que sus pares varones, y que ellas, paradójicamente, pasan mucho más tiempo realizando trabajo no remunerado (tareas domésticas y de cuidado de niños y adultos mayores). En concreto, 6.30 horas diarias, mientras que a ellos les tocan solo 3.40 horas. En paralelo, conceptos como “feminización de la pobreza” y “masculinización de la riqueza”, casi aceptados en el país, se sostienen con las duras cifras oficiales que hablan de una “brecha patrimonial”.
Según informaba en 2021 la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la subrepresentación de las mujeres en los impuestos a la riqueza es notable. Del total de personas alcanzadas por la obligación fiscal que grava los bienes personales, solo el 34,4% eran mujeres. Y en el caso del impuesto a las ganancias, ellas representaban el 23,9% del total. A esa base conceptual hay que sumarle un hecho de enorme trascendencia local, que afecta lo más nimio de la vida de la población argentina: la inflación. Con el 276% informado en febrero, se trata de la mayor tasa interanual registrada en el mundo.
Tomando estas variables como punto de partida, voces como la del CEPA consideran que no hace falta esperar los efectos de las políticas socio-económicas del Gobierno para comprender el coletazo que recaerá en las mujeres. El perjuicio, aseguran, ya se está viendo. En su reciente informe recomiendan observar el número de programas estatales rotulados como parte del “Presupuesto con Perspectiva de Género”. Hasta la asunción de Milei eran 42, pero ahora se redujeron a 20. Si bien la poda se hizo mayormente en el área de Salud, hay programas sociales vinculados a jubilaciones y pensiones para los sectores más vulnerables, signados por lo que la sociedad argentina -mal acostumbrada a la inflación crónica- suele llamar “presupuesto pisado”.
Es el caso de distintos tipos de Asignación Universal para Protección Social, programas que benefician a casi 8,2 millones de mujeres, incluyendo montos chicos pero relevantes, en un contexto en que la mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Esos programas ofrecen ayuda por hijo, por embarazo y para garantizar la continuidad escolar. Sin embargo, el relevamiento del Observatorio del CEPA remarca que, si bien “esas partidas presupuestarias están siendo ejecutadas, en términos interanuales representan una caída real del 53%”.
Aclaran además que, pese a que la Asignación Universal por Hijo “fue incrementada en un 100% en el mes de enero de 2024, llevándola a 41.322 pesos, apenas alcanza a cubrir el 60% del costo de bienes y servicios de menores de 1 año, y menos del 20% del total de la canasta de crianza para la misma edad medida por el INDEC, que en enero superó los $200.000 mensuales”. Para clarificar las cifras, esa asignación equivale a 42,47 euros, mientras que la canasta de crianza aludida alcanza los 205 euros.
Servicio doméstico
En medio de la persistente caída de la actividad económica y el desentendimiento oficial de los aspectos centrales que consolidan la brecha de género, sobresale la situación de algunos rubros laborales que sufren el coletazo más que otros.
Un ejemplo es el servicio doméstico, sector feminizado (el 96,7% son mujeres) que tiene uno de los acuerdos salariales más devaluados. En abril, de hecho, el pago de base acordado por el gremio para el puesto “tareas generales” fue de 2,42 euros por hora. Si la empleada duerme en el hogar, la cifra “asciende” a 2,65 euros la hora.
Bien lo sabe Juana Alberta Figueredo, paraguaya de 43 años que desde los 18 reside en Argentina. Llegó en situación de vulnerabilidad desde un pueblo llamado Carapeuá, con la intención de ayudar a su familia: “Fue muy duro dejar a mis padres y hermanos, pero la calidad de vida allá era muy mala y no teníamos casi para comer. No había dinero ni trabajo. Mis padres no tenían otro empleo que ocuparse de la chacra que tienen”.
Juana construyó una vida en la Argentina, historia que podría dividirse en capítulos, según los distintos hogares por los que pasó. “Dos fueron con cama adentro y dos, con retiro. Siempre me gustaba lo que hacía y económicamente estaba bien. Podía enviarle dinero a mi familia”, compartió.
Pero las cosas cambiaron mucho en estos meses: “Por primera vez, no lo puedo hacer más. Por primera vez no puedo mandarles nada. Este es el momento económicamente más duro de toda mi vida”. “Yo no sé si para las mujeres es más difícil que para los hombres… tengo hermanos acá y para ellos también es muy difícil todo en este momento, pero lo que sí sé es que las empleadas domésticas ganan muy poco en comparación a otros trabajos. Opino que se tiene que valorar un poco más lo que hacemos”, subrayó.
Sus palabras traducen cifras elocuentes. Escalada inflacionaria mediante, en los tres meses que siguieron al cambio de Gobierno de diciembre pasado, el valor hora del servicio doméstico redujo su capacidad de compra en casi 30 puntos porcentuales.
Aun así, es cierto que Juana tiene un puesto de trabajo estable. No experimentó los cientos de despidos en la que -asegura el CEPA- es una de las actividades que “primero recortan las familias” cuando se enfrentan a contextos de crisis.
En efecto, entre fines de 2023 y un año atrás, más de 7.300 relaciones laborales de este tipo fueron dadas de baja, de las más de 469.800 registradas por el Estado a fines de 2022. Pero el dato “fuerte” -o, más bien, alarmante- es que esas personas son solo el 22% de las contabilizadas en la actividad, de lo que se desprende que cerca de un millón de empleadas domésticas no cuentan con seguro de salud ni hacen aportes a la jubilación. Como se dice en Argentina, están “en negro”.
Luego de que el actual Gobierno discontinuara el programa “Registradas”, creado en 2021 para estimular la formalización del sector -a través de un subsidio a los empleadores durante los primeros seis meses de la relación laboral- nada promete mejorar. Al menos así lo percibe Juana: “¿Qué puede pasar? Honestamente, no creo que las cosas mejoren. Ojalá ocurra, pero no creo”.
