El título del comunicado oficial que este martes difundió el Gobierno de Argentina afirma que “Salud rediseñó el Plan ENIA”, en alusión al programa que previene el Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Sin embargo, dado que el “rediseño” incluyó la cesantía de 619 personas que hasta ahora estaban contratadas en el marco de ese plan, distintos sectores, entre ellos analistas y organizaciones no gubernamentales respetadas en el país, denuncian por estas horas que el presidente argentino, Javier Milei, está desmantelando un programa exitoso que logró bajar un 50% el embarazo adolescente en 12 años.
Los cuestionamientos se dan en un marco de fuertes recortes en distintas áreas del Estado, como parte del programa libertario de achicamiento de las competencias nacionales. Con distintos argumentos, el Gobierno argentino va de a poco delegando responsabilidades a las 23 provincias y a la ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos territorios autónomos, según determina el sistema federal.
Sin embargo, a las desigualdades económicas de Argentina (que provocan que lo que cierta provincia puede brindarle a su población sea imposible en la vecina) se suma que los propios gobiernos jurisdiccionales tienen miradas muy disímiles (a veces especialmente conservadoras) sobre las problemáticas de género y salud sexual de niñas y adolescentes.
En diálogo con Artículo 14, Gala Díaz Langou, directora ejecutiva Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC, un prestigioso “think tank” argentino), opinó que “esta decisión puede implicar que se discontinúe el Plan Enia y que vuelva a aumentar la tasa de embarazo adolescente, uno de los vectores de reproducción intergeneracional de la pobreza en la Argentina”.
Dado que ahora cada provincia deberá evaluar si implementa los planes que Nación les va delegando, la experta explicó que el debate le recuerda a “la discusión de lo que pasó en los años 90, cuando se descentralizaron servicios sociales como Salud y Educación, sin una transferencia de recursos acorde”.
En este sentido, propuso, “probablemente deba reabrirse esa discusión. Es decir, evaluar qué responsabilidades le toca a cada nivel de Gobierno y qué recursos precisa para poder hacerse cargo de esas responsabilidades”.
Así, la derivación federal de planes como el ENIA parecen ocultar su potencial discontinuidad, por el solo hecho de perder la garantía nacional que los albergaba, siempre -alega el Gobierno de Javier Milei que asumió en diciembre de 2023– para promover que las provincias “se hagan cargo” de aquello que les compete, concepto que el comunicado oficial de este martes expresa así: “Las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas (las distintas políticas) en sus respectivos territorios”.
“Rediseño”
Consultados por Artículo14, desde el Ministerio de Salud de la Nación argentina enfatizaron que se trata de un “rediseño”, luego de seis años de implementación de este plan, que “el plan nacional y sus acciones continúan, incluyendo la entrega de insumos y la coordinación nacional”. Aclararon que “se trabaja con las jurisdicciones y que lo que ocurrió es que se “habían generado contrataciones en las provincias, que solventaba la Nación”.
Explicaron que “lo que se definió es lo que estaba planteado en el diseño del plan cuando se creó”, pero no se oculta que el eje se centra en un recorte presupuestario.
El comunicado oficial denuncia que, “incluso, la contratación de consultores presentaba llamativas discrecionalidades que habilitaban el uso político”, de modo que, “en este marco, se decidió finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos” (casi 1.164.000 euros).
Importante retroceso social
Que el Plan ENIA esté ahora en riesgo despierta inquietud, ya que podría significar un retroceso social importante, luego de un exitoso camino recorrido en materia de prevención del embarazo adolescente. Mientras, según datos de 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Latinoamérica registró una tasa de 53 embarazos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, Argentina logró superar esa cifra, con 39 por cada 1.000 adolescentes (según datos del Ministerio de Salud de la Nación de 2021).
Todo esto no puede desligarse del hecho de que, según estadísticas mundiales, más de la mitad de los embarazos no deseados entre las adolescentes de 15 a 19 años terminen en abortos.