La temporalidad en los funcionarios se ha estancado en el 27% y ya hay tres de cada 10 empleados públicos en esta situación en España, según los datos publicados ayer por el INE en la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2026. Todo ello, en un contexto en el que el ministerio de Función Pública ha celebrado sus primeras reuniones junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los responsables públicos regionales con el objetivo de atajar la temporalidad y les haya emplazado al mes de septiembre para continuar con las conversaciones.
De los 997.000 funcionarios en situación de temporalidad, 670.2oo son mujeres, por lo que esta situación que vulnera la Ley de Estabilidad y la precariedad del empleo en este sector tiene un mayor efecto en las trabajadoras públicas que en los empleados.
La temporalidad en cuatro tramos de edad
Además, se trata de un problema que se concentra en cuatro franjas de edad: hay 157.500 funcionarios de entre 25 a 29 años temporales; 288.200 entre 30 y 39 años; 240.100 de entre 40 y 49 años; y 191.200 entre 50 y 59 años. Se trata de una situación que merma la estabilidad económica y social en un momento de vulnerabilidad.
Los datos de la EPA muestran una evolución de la temporalidad en el sector público entre 2002 (primeros datos publicados) y el segundo trimestre de 2026. El número de asalariados temporales pasó de 562,5 miles de personas en el tercer trimestre de 2002 a un máximo de 1.127,7 miles en el primer trimestre de 2022, el máximo histórico.
Desde entonces, la cifra ha descendido situándose en cerca de los 900.000, donde se ha mantenido en los últimos trimestres. Tras el fuerte incremento registrado entre 2014 y 2022, la reducción posterior refleja un cambio de tendencia, aunque el volumen de empleo temporal continúa siendo superior al observado durante la primera década analizada.
Reclamaciones de Csif
Ante esta situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que se deben establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Así, el sindicato pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.
El ministerio de Función Pública ha pedido más tiempo a la Comisión Europea antes de que se hagan efectivas las sanciones por incumplir los objetivos de la Ley de Estabilización que limitan al 8% la tasa de temporalidad. El propio Ministerio reconoce que, en los sectores de Educación y Sanidad, la temporalidad asciende al 49 y 43%, respectivamente.
Por ello, CSIF propone endurecer las sanciones, que las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal, reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).
Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.
Pérdida de empleos a las puertas del verano
De hecho, según los mismos datos, las comunidades autónomas recortaron 42.400 empleos con la llegada del verano, al contrario de lo que ocurre en el sector privado, que ha marcado un récord en la contratación y una temporalidad que se sitúa en menos de la mitad de la registrada en nuestras administraciones.
La pérdida de empleos se produce fundamentalmente en los sectores de Educación (tras el término del curso escolar) y en la Sanidad, lo que motiva el cierre de camas, suspensión o aplazamiento de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticos, o el cierre de centros sanitarios por las tardes, con la llegada del periodo estival.
Otro de los ejemplos más sangrantes de esta precariedad son los bomberos forestales. Miles de ellos perderán su empleo cuando finalicen las campañas de incendios pese al desastre ecológico que vivimos estos días. El año pasado, las comunidades autónomas rescindieron el contrato a al menos 4.000 personas, lo que pone en evidencia la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado en esta materia.