El Gobierno de Aragón ha solicitado que se suspenda de forma cautelar la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. O al menos hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre su legalidad. La petición ha sido llevada acabo en la sala de prensa del Edificio Pignatelli, en Zaragoza. En ella, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha explicado que el Ejecutivo Aragonés, mantiene sus dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho de la Unión Europea.
Dudas sobre el encaje europeo
Aragón considera que, si existe la posibilidad de que la norma contradiga el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, lo prudente es detener temporalmente el procedimiento. Según las alegaciones presentadas ante el Supremo, la suspensión permitiría evitar efectos difíciles de gestionar mientras se resuelve el fondo del asunto.
El Ejecutivo autonómico defiende que, si se paraliza el proceso, las solicitudes quedarían simplemente pendientes de resolución. En cambio, si la regularización continúa adelante y después se confirma un conflicto jurídico, podrían generarse consecuencias administrativas, económicas y legales para España y las comunidades autónomas.
⚖️ El @GobAragon alega ante el Tribunal Supremo que el decreto de regularización extraordinaria de migrantes entra en conflicto con el Derecho comunitario.
📍 Por ello, pide suspender cautelarmente el proceso hasta que la justicia europea se pronuncie 👇.…
— Aragón Noticias (@AragonNoticias_) July 3, 2026
Defensa de los intereses de Aragón
Mar Vaquero ha defendido que el Gobierno aragonés tiene la obligación de actuar cuando entiende que una decisión del Ejecutivo central puede afectar a la comunidad. La vicepresidenta ha insistido en que defender Aragón también implica exigir que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico.
Vaquero ha advertido, “las decisiones que adopta el Gobierno de España tienen consecuencias para el conjunto de nuestros socios europeos”. En ese aspecto, ha recordado que formar parte de la Unión Europea implica derechos, pero también responsabilidades y respeto a las normas comunes.
El Supremo dará audiencia a las partes
El caso se encuentra ahora en manos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La providencia dictada ahora ha concedido audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado, con el fin de que se pronuncien sobre la infracción del Derecho de la Unión Europea.
Este trámite es un paso previo para que el Supremo decida si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De momento, no supone una resolución definitiva sobre el fondo del asunto, pero sí abre la puerta a que la Justicia europea analice si la regularización extraordinaria es compatible con la normativa comunitaria.