La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha solicitado al Gobierno y a Adif que suspenda temporalmente el tráfico ferroviario en España hasta que se garantice plena seguridad y fiabilidad del sistema. Lo hace tras la advertencia de la Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios que aseguraba que “no se contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril”.
La petición ha sido presentada por medio del abogado Antonio Benítez Ostos, representante legal de la asociación, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. En ella, se advierte de que el procedimiento actual de Adif cuenta con inspecciones para prevenir roturas de carril, pero no dispone de un sistema específico para detectar una rotura una vez ya producida.
Advertencia sobre la seguridad ferroviaria
La asociación considera que esta situación pone de manifiesto deficiencias estructurales en la infraestructura ferroviaria. Por otro lado, sostiene que las medidas actuales no son suficientes para eliminar completamente el riesgo. En su escrito, la entidad recuerda que el accidente de Adamuz se saldó con 46 víctimas y 432 personas heridas. Denuncia que casi seis meses después del siniestro, no tiene constancia de que se hayan adoptado medidas urgentes y efectivas sino temporales. “Las medidas actuales no bastan para eliminar el riesgo” han asegurado.
Entre las principales carencias señaladas figuran la ausencia de sistemas de alerta en tiempo real, falta de geolocalización y aviso inmediato cuando se produce un descarrilamiento.

Críticas al estado de infraestructura
El documento recoge además, advertencias atribuidas al sindicato de maquinistas SEMAF sobre el deterioro de la red ferroviaria. Entre los problemas mencionados se incluyen vibraciones anómalas, irregularidades en la vía, desajustes geométricos y pérdida de consistencia del balasto. La asociación critica el uso de circulaciones lentas o “marchas a la vista” en los tramos dañados. Asimismo, apunta a la necesidad de mejorar la coordinación entre los servicios de emergencia 061 y 112 mediante protocolos de actuación homogéneos.
Desde la propia entidad reconocen que una interrupción temporal afectaría a la movilidad de los ciudadanos, pero defiende que la seguridad y la vida de las personas deben prevalecer como derechos fundamentales.

