Los casos de narcotráfico que asolan nuestro país están causando daños colaterales en nuestro sistema, además de los evidentes.
Los fiscales provinciales, destinados en la capital, no dan abasto. “Hay un problema de la sobrecarga en los juzgados saturados, con poco personal y que llevan penal y civil. Eso lo llevamos diciendo mucho tiempo. Necesitamos un aumento de plantilla”, explica el fiscal jefe Alfredo Flores. Con este objetivo, cuando han recibido a través de los cauces internos el borrador del real decreto de la ampliación de plantilla, han advertido de que la ampliación a una plaza más les resulta escaso. “Hemos aportado datos para intentar modificarlo, y aumentar al menos dos”.
El fiscal jefe redactó un escrito, antes de que tuviera lugar el pasado sábado la terrible tragedia, en que fallecieron dos Guardias Civiles que perseguían una narcolancha. Los casos de narcotráfico fomentan el colapso en los tribunales, pero no son los únicos, asegura. “El problema es que en Huelva estamos todos destinados en la capital, no tenemos fiscalidad de área, ni secciones territoriales“, explica. “Con lo cual eso nos obliga a muchos desplazamientos por la provincia y la plantilla se ha quedado un poco corta”, afirma.
La respuesta por parte del Estado
No son negativos, a la espera del informe que redacte el Consejo Fiscal. “Una reivindicación de los fiscales antidroga fue la regulación del petaqueo, y se ha logrado”, asegura. Y puntualiza que la clave radica en las reformas legislativas que permitan mejorar la respuesta penal. “La reforma del petaqueo ha sido clave porque permitirá la persecución de esas conductas y todo lo que sea perseguir la cadena en relación al narcotráfico va a ser importante”, argumenta. Una vez el Consejo Fiscal tenga el informe, se elevará al ministerio de Justicia.
Las consecuencias
Las consecuencias de que se ralentice un juicio por narcotráfico son devastadoras. “Cuando más se retrase un juicio más se complica la celebración de la prueba, y muchas veces obliga a aplicar la dilación indebida, lo que supone una rebaja de pena”. Explica que, para cualquier acusado que su juicio se celebre y haya habido unos retrasos en la instrucción, unos plazos muy grandes, está prevista en el Código Penal el atenuante de dilaciones indebidas. “Así que por aplicación legal va a determinar unas penas inferiores a que el juicio se hubiera celebrado en uno o dos años”. El Tribunal Supremo, asegura, ya ha fijado unos criterios. En caso de causa simple, la tramitación tiene que ser en dos años. Más complejas, en tres. Así se establece un baremo para la aplicación de las dilaciones indebidas.
Además, destaca que la ralentización de los juicios perjudica enormemente los testimonios. “Los testigos no tienen el mismo recuerdo de un hecho que haya pasado hace dos años, de otro que haya sucedido hace cinco o seis. Por lo que complica la prueba”.
Casos de narcotráfico al año
Según el Balance de Criminalidad del ministerio del Interior, sólo en 2025 Huelva registró 149 hechos conocidos relacionados con el tráfico de drogas.
Así las cosas, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha vuelto a reclamar que la Audiencia Nacional asuma la competencia para investigar y enjuiciar delitos de narcotráfico cometidos por organizaciones o grupos criminales, “independientemente del lugar donde se cometan, tal y como ya hiciera en febrero de 2024, en un informe elaborado sobre la situación de los órganos judiciales de las zonas más afectadas por el narcotráfico en Andalucía occidental”.
En el conocido como “Informe Barbate”, realizado tras el fallecimiento de dos guardias civiles en 2024, también a causa de una persecución a las narcolanchas, tal y como ha ocurrido ahora en Huelva, se presentaba una batería de medidas “para evitar que se quiebre el Estado de Derecho en determinadas zonas de España”. De las ocho iniciativas planteadas hace dos años, cuatro no se han aplicado y en otras cuatro se ha avanzado algo, aunque de manera parcial e insuficiente.
Sí agradecen que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional haya planteado ahora una reforma para reforzar sus competencias en la investigación de delitos de narcotráfico de especial gravedad o complejidad.
Pero la dura situación en los juzgados no sólo atañe a la falta de plazas, sino también a la indefensión que sienten los jueces y fiscales que viven en los pueblos, o en las zonas limítrofes con la capital, ya que ha habido casos, como el de la juez Eulalia Chanfreut, en el que el vehículo de la magistrada, estacionado cerca de su domicilio en Barbate (Cádiz), apareció con las ruedas pinchadas. La juez era la encargada de juzgar el caso Barbate.
Según reza el comunicado, para la asociación, el criterio actual, centrado en que los efectos del delito se produzcan en lugares pertenecientes a distintas Audiencias, se ha quedado corto ante la realidad del narcotráfico organizado. “Una organización criminal puede tener una enorme capacidad de daño, intimidación y presión sobre un territorio, aunque sus efectos no se proyecten formalmente sobre varias provincias. Es necesaria y urgente esta reforma para poder combatir verdaderas estructuras criminales”, señala la portavoz nacional de la AJFV, María Enma Ortega.