Rosa Orozco dice que cada mañana escucha la voz de su hija, asesinada hace doce años, “Mami, hay que seguir, hay que luchar”. Tenía 23 años, estudiaba Citotecnología en Valencia, estado Carabobo, Venezuela.
El 19 de febrero de 2014 la joven venezolana salió al portón de su edificio con una bandera y un pito para sumarse a un cacerolazo contra Nicolás Maduro. Un operativo de la Guardia Nacional Bolivariana la dejó tendida en el suelo con el rostro destrozado por perdigones. Rosa lo describió de la manera más descarnada: “El rostro de mi hija era un colador, solo por pedir libertad”. Las fotografías lo confirman. La cara de Geraldín fue reducida a un amasijo de carne donde cuesta reconocer rasgos humanos.
Las protestas de 2014 dejaron 43 muertos, más de 486 heridos y 3.306 detenidos entre febrero y junio, según datos de la propia Fiscalía venezolana. El Foro Penal documentó 33 casos de tortura. Los manifestantes fueron atacados por la GNB, la PNB y grupos paramilitares civiles armados que actuaron en coordinación con el Estado. Para ese momento, el éxodo masivo de venezolanos por todas las fronteras aún no había comenzado. Para 2015, unos 697.000 venezolanos vivían fuera del país. Un año después, en 2016, se produjo el estallido migratorio de 2016 y 2017, impulsado en parte por la represión acumulada desde 2014.
Venezuela llegó a 2014 con una inflación del 56,2%, la más alta del mundo ese año, escasez crónica de productos básicos y una violencia delictiva sin control. Maduro había ganado las elecciones de 2013 con un Consejo Nacional Electoral dominado por el chavismo y aún así por un margen estrecho -50,6%- y su legitimidad estaba cuestionada desde el primer día. El asesinato de la actriz Mónica Spear en enero de 2014 detonó la indignación acumulada. En febrero, el intento de violación de una estudiante en San Cristóbal lanzó a los universitarios a las calles. Las protestas se extendieron a todo el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.286 protestas ese año -un promedio de 35 por día-. En ese contexto, el 19 de febrero, Geraldín Moreno se atrevió a salir a protestar.
La muerte de Geraldín
Ese día de febrero de 2014, las principales ciudades de Venezuela estaban atravesadas por protestas. El sargento Albin Bonilla Rojas disparó perdigones contra Geraldín mientras ella intentaba resguardarse. Ya en el suelo, le disparó de nuevo en el rostro a corta distancia. Geraldín murió el 22 de febrero por las lesiones craneales. Tenía una bandera en la mano.
Bonilla Rojas, el perpetrador, recibió una condena de 30 años por homicidio calificado con alevosía. Pero la cadena de mando nunca fue investigada. Rosa Orozco sostiene que al menos dos docenas de funcionarios participaron en el operativo. El tribunal le prometió que la jerarquía sería imputada. Doce años después, esa promesa no se ha cumplido.
Quién dio la orden de disparar
El jefe del sargento Bonilla, el coronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien comandaba el operativo completo y era el jefe de la cadena de mando que ordenó y dirigió esa acción, no solo no fue llevado a tribunales ni mucho menos encarcelado, sino que se instaló en España como si fuera uno más de los cientos de miles de venezolanos víctimas del chavismo que han encontrado refugio en esa democracia europea. No hay fecha documentada de cuándo salió de Venezuela. Lo que sí consta es que trabajaba para la empresa española Grupo Eulen, en el área de seguridad, y vivía en Galicia cuando fue localizado por las autoridades argentinas.
Con apego al principio de jurisdicción universal, que faculta a cualquier país a investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad sin importar dónde ocurrieron ni la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, Argentina, que tiene una larga tradición en el uso de ese principio, emprendió la búsqueda del asesino de la joven venezolana.
Un largo proceso judicial internacional
Rosa Orozco persistió en Venezuela. En un país abrumado por la represión, la inflación, la falta de gasolina, alimentos y medicinas y por los pésimos servicios públicos, ella no se rindió. En buena medida por eso el coronel Verdú Torrelles responde ahora por crímenes de lesa humanidad, no por homicidio directo.
Lo que el régimen de Maduro hizo con el cuerpo de Geraldín Moreno fue una política. Una política de Estado que apuntó de forma sistemática a los cuerpos de quienes salían a las calles. Entre esos 43 asesinados en las protestas de 2014 documentados por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Geraldín no fue la única mujer. Génesis Carmona, reina de belleza de Carabobo de 21 años, murió el 19 de febrero. Adriana Urquiola, periodista de 28 años y embarazada de cinco meses, fue asesinada el 23 de marzo. El régimen eligió sus blancos. Los cuerpos de las mujeres jóvenes formaron parte de ese repertorio de terror.
En 2023, la organización InterJust presentó ante la justicia argentina una denuncia basada en el principio de jurisdicción universal. El expediente reunió 300 páginas de denuncia y 15.000 páginas de pruebas con cadenas de mando, testimonios y documentación internacional. El juez argentino abrió la investigación en 29 días.
Orden de captura contra el coronel Verdú
En septiembre de 2024, Argentina emitió una orden de captura internacional. Interpol se negó a ejecutarla alegando riesgo de motivación política. El equipo jurídico pidió entonces que Argentina solicitara la extradición por vía diplomática. En febrero de 2026, el requerimiento fue aprobado y enviado a España, donde Verdú había sido geolocalizado. El Consejo de Ministros español autorizó continuar el proceso.
Por fin, este 10 de junio, Verdú Torrelles tiene cita en la Audiencia Nacional. Allí le darán a conocer los cargos y se le preguntará si acepta la extradición. La respuesta habitual en estos casos es negativa. A partir de ese momento, la fiscalía podrá solicitar medidas cautelares (retirada del pasaporte o detención preventiva si aprecia riesgo de fuga). Si la Audiencia aprueba la extradición, el caso regresa al Consejo de Ministros para su ratificación final.
El respaldo de la comunidad internacional
La respuesta de las organizaciones internacionales fue inmediata. Amnistía Internacional pidió a España que tramite la extradición hacia Argentina. 26 organizaciones venezolanas de derechos humanos -entre ellas Foro Penal, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Acceso a la Justicia y Transparencia Venezuela- exigieron que España actúe “con celeridad”. Alerta Venezuela calificó la extradición de “un deber jurídico y moral”.
Pero el apoyo viene de más arriba. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU encontró motivos razonables para creer que las autoridades venezolanas planificaron y ejecutaron desde 2014 crímenes de lesa humanidad con conocimiento de los altos mandos. En diciembre de 2025, la Misión señaló a la Guardia Nacional Bolivariana por detenciones arbitrarias, torturas y actos de violencia sexual o de género. El nombre de Verdú Torrelles aparece en ese informe por casos de agresión y tortura. En septiembre de 2025, la Misión advirtió que “la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas reposa sobre las instancias internacionales”. España es hoy esa instancia.
Mientras los abogados trabajan en Buenos Aires y Madrid, Rosa Orozco sigue en lo suyo. Está determinada a que, desde el duelo y desde el derecho, la impunidad tiene límites. En 2017 fundó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), con la abogada Martha Tineo Rodríguez, especialista en derechos humanos y criminología egresada de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad, la JEP es un ente de documentación y acompañamiento a víctimas de la represión estatal, que ha registrado los nombres de 331 venezolanos muertos en protestas desde 2014, presentado sus hallazgos ante mecanismos internacionales y solicitado en 2024 la extensión del mandato de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.
El método que adoptaron, aprendido en la Fundación para la Reconciliación de Colombia, propone que las víctimas avancen sin renunciar a la justicia, con el perdón como horizonte y la justicia por delante. Rosa Orozco ya había tomado esa decisión sola. Sería la justicia, y no el odio, lo que dirigiría sus pasos.
“Los responsables de la violencia del régimen no pueden seguir refugiándose en terceros países”, aseveró el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, horas de este crucial 10 de junio para los venezolanos. España tiene en sus manos la posibilidad de abrir la puerta al primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. De hecho, es el caso de violaciones de derechos humanos más avanzado del mundo contra perpetradores venezolanos.
Para Rosa Orozco, es lo que Geraldín le pide cada mañana desde que ya no está. Que siga, que luche.