Miles de migrantes intentaron este jueves llegar al enclave español de Ceuta desde Marruecos, provocando una situación de caos en las playas y en los alrededores de la frontera. Este episodio reaviva las preocupaciones europeas en torno a la crisis migratoria a la que España se enfrenta en su frontera meridional. Se recuerda la llegada de migrantes más importante desde 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días para alcanzar Ceuta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su Ejecutivo estaba movilizando “todos los recursos necesarios” y trabajando con las autoridades marroquíes y los socios internacionales para restablecer la situación.
Junto con Melilla, Ceuta constituye uno de los dos únicos territorios de la Unión Europea situados en el continente africano, lo que la convierte en uno de los principales puntos de paso utilizados por los migrantes que buscan llegar a Europa. De ahí la sensibilidad geopolítica de una situación que genera tensiones entre España y los Estados miembros de la Unión. Y no es para menos.
Si para el líder de la oposición, Feijóo, la seguridad nacional está en cuestión, es porque, sin duda, al otro lado de la frontera española poco o nada se ha hecho en términos de coordinación para frenar de antemano estas oleadas humanas que desembocan en las playas españolas. Algunos ven en ello una presión migratoria provocada con el objetivo de ejercer una palanca de presión política, geopolítica o económica sobre España y sobre la Unión Europea.
Por ello, la Comisión Europea propuso este jueves intensificar el apoyo a España mediante una mayor ayuda financiera, técnica y operativa, también a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para controlar la situación en Ceuta. Al mismo tiempo, confirmó que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para que adopten medidas inmediatas destinadas a poner fin a las peligrosas travesías hacia la ciudad autónoma.
En el mismo sentido, fuentes comunitarias subrayaron que Bruselas es consciente de los últimos acontecimientos en Ceuta y sigue de cerca una realidad que continúa evolucionando, destacando que “combatir la inmigración irregular, proteger la integridad de las fronteras exteriores de la Unión y evitar el abuso” del marco jurídico es “de importancia capital”.
La Unión Europea reiteró, no obstante, que Marruecos sigue siendo un “socio clave y de confianza” en materia migratoria y subrayó que ambas partes han reforzado durante los últimos años la colaboración en materia de control fronterizo, lucha contra las redes de tráfico de personas y gestión migratoria, con la intención de elevar ahora esta relación al rango de asociación estratégica e integral.
Se comprende así que la reacción de la Comisión Europea forma parte de una respuesta que afecta al conjunto del territorio europeo y, por tanto, a los 27 Estados miembros, incluida la España de Sánchez. Los inmigrantes irregulares no permanecerán en Ceuta, ni en Andalucía ni siquiera en España. París, Berlín y otras capitales han visto estas imágenes de caos y temen una afluencia que podría desestabilizar la opinión pública y aumentar los resultados electorales de los partidos extremistas y euroescépticos.
Precisamente, un Estado miembro quiere suspender a España del espacio Schengen: Italia. Madrid denuncia la “demagogia”. ¿Demagogia? Probablemente, tanto como la anunciada regularización masiva por parte del Gobierno de Sánchez, una decisión que fue ampliamente criticada por numerosos países de la Unión Europea. España quiso desempeñar un papel de excepción en materia de política migratoria. Desde este jueves, está pagando el precio de esa estrategia.
Por su parte, Francia ha optado por un endurecimiento de las medidas de seguridad. En cuanto al control fronterizo, el ministro del Interior francés anunció un refuerzo inmediato de los controles en la frontera franco-española para bloquear los flujos secundarios. Dentro de la clase política francesa, responsables como Michel Barnier instan a la Unión Europea a pasar “de las palabras a los hechos”. Reclaman la aplicación estricta de las directivas europeas sobre la devolución de inmigrantes en situación irregular.
A pesar de la disminución global de llegadas registrada en España durante el primer semestre de 2026 gracias a la cooperación con Rabat, esta repentina oleada pone de manifiesto la volatilidad de la ruta del Mediterráneo occidental. La llegada masiva de migrantes a Ceuta ha generado una crisis diplomática que amenaza con extenderse al conjunto de la Unión Europea. Los compromisos electorales previstos para 2027 en Francia, España y otros países intensificarán previsiblemente las tensiones dentro de la Unión.
El Gobierno español deberá gestionar esta crisis migratoria por sí solo, al menos en el plano político. Si la ayuda europea, con Frontex como ejemplo, llega a materializarse, ello supondrá un descrédito de la política migratoria de Sánchez en el ámbito europeo. Pero también significará que la cuestión migratoria, tanto en las fronteras exteriores como dentro del territorio de la Unión Europea, es y debe seguir siendo una cuestión europea. Al igual que ocurrió con la COVID-19 o con los incendios que actualmente afectan a distintos países europeos, la inmigración irregular y masiva debe ser objeto de una coordinación solidaria, efectiva y eficaz.