La amenaza de Italia de suspender la libre circulación con España tras la crisis migratoria de Ceuta ha puesto en el centro del debate una pregunta que hasta hace unos días parecía impensable: ¿puede un país quedarse fuera del espacio Schengen? La respuesta tiene matices importantes que conviene explicar con calma, porque entre la amenaza política y lo que realmente permite el derecho europeo hay una distancia considerable.
Qué es el espacio Schengen
El espacio Schengen es el acuerdo que permite a más de 450 millones de personas viajar libremente entre los países miembros sin pasar controles fronterizos. Es uno de los logros más visibles del proyecto europeo y una de las razones por las que cruzar de España a Francia o de Portugal a Alemania resulta, hoy, tan sencillo como moverse entre provincias del mismo país.
Nació en 1985 como un acuerdo entre cinco países —Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo— firmado en la pequeña localidad luxemburguesa que le da nombre. Desde entonces se ha ido ampliando hasta convertirse en la mayor zona de libre circulación del mundo, con 29 países integrados actualmente, entre ellos los cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
Conviene aclarar un matiz que genera confusión con frecuencia: Schengen y la Unión Europea no son lo mismo. Hay países de la UE que no pertenecen a Schengen —como Irlanda, que mantiene una exclusión voluntaria— y países de Schengen que no son miembros de la UE, como Noruega o Suiza.
Cómo funciona en la práctica
El principio que sostiene todo el sistema es sencillo de enunciar, aunque complejo de gestionar: los países miembros no realizan controles en sus fronteras interiores, salvo ante amenazas específicas, y a cambio refuerzan de forma coordinada los controles en las fronteras exteriores del conjunto del espacio, siguiendo criterios comunes.
Esto se traduce en varios elementos que funcionan de manera conjunta: una política de visados común para quienes llegan de fuera de la zona, el Sistema de Información Schengen (SIS), que permite compartir datos policiales y de seguridad entre los países miembros, y una cooperación policial reforzada en las fronteras. En la práctica, para el ciudadano de a pie esto significa viajar de un país a otro presentando, como mucho, el documento de identidad, sin pasaporte ni controles adicionales.
¿Se puede expulsar a un país de Schengen?
Aquí está el dato que más contraintuitivo resulta y el que conecta directamente con la amenaza italiana de estas últimas horas: no existe ningún mecanismo legal para expulsar a un país del espacio Schengen. La legislación europea es explícita en este punto: ningún Estado tiene la facultad de suspender unilateralmente el tratado de forma indefinida, ni de sacar a otro miembro del área de libre circulación.
Lo que sí contempla el propio tratado, en su artículo 25, es algo bastante más limitado: la posibilidad de que un país reintroduzca de forma temporal sus propios controles fronterizos con otro Estado miembro. Pero las condiciones para hacerlo son estrictas. Es necesario que exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior del Estado que activa la medida. En ese supuesto, puede restablecer, con carácter excepcional, los controles en sus fronteras interiores —en todo o en parte de ellas— por un periodo limitado de un máximo de 30 días, prorrogable mientras dure la amenaza. El propio texto legal califica esta suspensión como una medida de “extrema ratio”, pensada para ser absolutamente excepcional.
Lo que Italia puede hacer y lo que no puede hacer
Traducido a la crisis actual: Italia no tiene la capacidad legal de echar a España del espacio Schengen. Lo que sí podría hacer, si activa el artículo 25, es reintroducir de forma unilateral y temporal controles de pasaporte y verificaciones policiales en su propia frontera con España, algo que afectaría a los viajeros entre ambos países, pero no al estatus de España dentro del tratado respecto al resto de los 28 países miembros.
Cualquier suspensión más amplia, permanente o que afectara a la pertenencia de España al espacio, exigiría un acuerdo entre los Estados miembros o una decisión a nivel de las instituciones europeas, no la voluntad unilateral de un solo Gobierno, por muy contundente que sea su discurso público.
La amenaza de Meloni, en las últimas horas
La tensión ha subido un peldaño este mismo jueves. La propia primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha pronunciado en redes sociales sobre las imágenes que llegan desde Ceuta, ha confirmado que Italia “está preparada para intervenir” y no ha descartado la suspensión del tratado. A su mensaje se han sumado los ministros Antonio Tajani y Matteo Salvini, respaldando también la posibilidad de activar el mecanismo de suspensión con España.
La respuesta española ha sido inmediata y en tono duro. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó las palabras de Tajani de mensaje inapropiado por parte de un país socio y amigo, del que se esperaría solidaridad europea y no demagogia partidista, y ha convocado al embajador italiano en Madrid. Un detalle que no ha pasado desapercibido: Albares no ha convocado, en cambio, a la embajadora marroquí, pese a que la crisis se origina en los cruces desde territorio marroquí.
Qué pasaría realmente si Italia cierra su frontera con España
Aterrizando el escenario más extremo que se baraja ahora mismo, esto es lo que cambiaría y lo que no:
- Sería una decisión unilateral de Italia, no una expulsión de España del espacio Schengen.
- Afectaría únicamente a los controles en la frontera ítalo-española, con reintroducción de pasaporte y controles policiales para quienes viajen entre ambos países.
- Tendría un límite temporal de 30 días, prorrogable solo mientras se mantenga la amenaza grave que la justifique, según marca el propio tratado.
- España seguiría perteneciendo a Schengen con normalidad respecto al resto de los países miembros; no habría cambio de estatus legal.
- Sí generaría un precedente político de gran calado dentro de la Unión Europea y un golpe de imagen serio para España, aunque no una alteración jurídica de su pertenencia al espacio de libre circulación.
Una amenaza más política que jurídica
En definitiva, la posibilidad de que España quede fuera del espacio Schengen es, a día de hoy, más una amenaza retórica que una opción jurídicamente viable. El derecho europeo está diseñado precisamente para evitar que la libre circulación —uno de los pilares más simbólicos de la Unión— dependa del enfado puntual de un Gobierno con otro. Lo que sí es real es el desgaste diplomático: la crisis de Ceuta ha logrado, en apenas 24 horas, poner sobre la mesa un debate que hasta ahora se consideraba prácticamente impensable entre dos socios europeos.