Más de 600.000 franceses tomaron las calles de decenas de pueblos y ciudades del país, en una huelga general convocada para denunciar la falta de recursos en el sistema educativo y el alto coste de la vida. Con banderas de Francia, Palestina o múltiples organizaciones políticas y sindicales, unas 70 localidades vivieron una gran movilización, considerada “solo el principio” por parte de los organizadores.
Sindicatos como la CGT -que estimaron la movilización en un millón y medio de personas- reclaman ahora unir a las protestas a otros movimientos como los “chalecos amarillos”. Las protestas iniciadas hace varias semanas para denunciar el deterioro del sistema educativo derivó en disturbios violentos sin precedentes en Francia, por lo que el ministro de Interior Laurentz Nuñez ordenó el despliegue de 70.000 agentes y prometió una “respuesta extremadamente firme” ante cualquier estallido violento.
Según el diario Le Figaro, durante la tarde las Fuerzas de Seguridad emplearon gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes en Burdeos. En Lyon, se registraron unos 40 heridos -incluyendo a 34 agentes- y se realizaron 24 arrestos, aunque la mayoría de los manifestantes marcharon pacíficamente. En Toulouse, se registraron 19 arrestos y tres agentes resultaron heridos. En general, la dimensión de los disturbios fue menor al de anteriores movilizaciones. A última hora de la tarde, la Plaza de la Nación de París registró incidentes leves.
“Fue un día clave, me alegra ver a tanta gente en las calles”, declararon Iris (23) e Ilian (22), estudiantes de un máster en Sociología en la Universidad Paris Cité. Como tantos otros estudiantes, llevan movilizándose desde el principio de las protestas. En esta ocasión, destacan que también los profesores se unieron a los alumnos. “En el pasado, la represión fue mucho más fuerte y violenta. Hoy parece estar más calmado”, destacaron.
“No sé si la convocatoria de huelga se mantendrá. Pero ver a todo el mundo en las calles, tanto a estudiantes como a trabajadores, resulta alentador”, agregaron. No obstante, reconocieron no tener “una demanda en particular”, sino que denuncian un “sistema que no funciona”. A los estudiantes se unieron trabajadores de hospitales, controladores de tráfico aéreo, personal de correos, de los servicios ferroviarios o profesores.
Los estudiantes de secundaria continuaron bloqueando los centros educativos debido al hacinamiento en las aulas y al deterioro de los edificios, argumentando que las medidas propuestas por el Gobierno -consistentes en limitar el número de alumnos por clase y conceder fondos a las autoridades regionales para reparar las instalaciones- resultaban insuficientes. Según las autoridades, un tercio de las facultades universitarias también fueron bloqueadas durante la huelga.
Los últimos meses del mandato de Emmanuel Macron siguen marcados por las turbulencias internas, y ahora la protesta masiva de los estudiantes acoge también las reivindicaciones para rebajar los costes de vida que se extienden por Europa. Con un ejecutivo incapaz de aprobar recortes en los presupuestos y una deuda pública desenfrenada, los sindicatos acusan al gobierno de Macron de intentar pasar unas cuentas que “empeorarán la pobreza y la seguridad social, congelaran los sueldos de los empleados públicos y limitaran inversiones necesarias para medidas medioambientales”.
De reojo, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen sigue beneficiándose del revuelo social, y las encuestas cada vez son más favorables para la Agrupación Nacional de cara a las próximas presidenciales. Le Pen refuerza su mensaje de “ley y orden”, y acusa al presidente Macron de ser incapaz de contener el caos en las calles francesas. Las huelgas evidencian que el ejecutivo no logra responder a la subida del coste de vida ni controlar la conflictividad social, lo que erosiona a Macron y a sus herederos políticos.
Ante el enorme despliegue policial, la Liga Francesa de Derechos Humanos señaló que se está produciendo un “giro autoritario” destinado a sofocar “cualquier voz disidente”, a raíz de que las autoridades impusieran restricciones a las manifestaciones en los centros urbanos, así como toques de queda en determinadas zonas. Sophie Binet, líder del sindicato CGT, declaró que “vivimos un momento muy grave, marcado por una deriva autoritaria muy peligrosa por parte del gobierno”. Las protestas del 17 de octubre culminaron con más de 2.000 tiendas saqueadas y múltiples edificios históricos y públicos incendiados.