La Knesset número 26 del estado de Israel no solo está marcada por la posible salida de Benjamin Netanyahu del poder. La toma de posesión de este martes estuvo marcada por la entrada de 47 nuevos parlamentarios y un total de 33 mujeres, lo que representa poco más de un 25% (120 escaños) en la cámara legislativa. Ninguna de ellas es líder de los partidos que lograron representación. Además, cinco ex generales del Ejército, con el centrista Gadi Eizenkot al frente, formarán parte de la nueva legislatura.
Con el encargo recibido por el opositor Eizenkot a manos del presidente Isaac Herzog para intentar formar gobierno, Netanyahu ha entrado en cólera. Además de deslegitimar el resultado electoral, el Likud y sus aliados ultraderechistas están redoblando el discurso racista contra la minoría árabe y sus representantes políticos, alegando que sus parlamentarios están buscando “la destrucción de Israel”. Por ello, hizo un llamamiento de urgencia al candidato opositor para formar un “gobierno de unidad”, fórmula que logró en el pasado con el también ex general centrista Benny Gantz.
Eizenkot, en busca de apoyos
Eizenkot catalogó el discurso del premier en funciones como “un relato lleno de odio”, por lo que “estoy más convencido de que no tiene capacidad de mantener el cargo ni un minuto más”. Para el líder del partido Yashar, que está convencido de que logrará cuanto antes un “gobierno nacional de emergencia”, Netanyahu sigue “dividiendo al país y poniendo en peligro su seguridad”. Su socio Naftali Bennett, líder de la facción Yajad, le reprochó al premier las relaciones de sus asesores principales con Qatar, principal patrocinador de Hamás y “estado enemigo”.
Eizenkot y los tres partidos judíos -de izquierda y derecha- que le apoyan deben resolver un complejo dilema: aceptar el apoyo externo de las dos facciones árabes; o romper la promesa de no formar gobierno con los ultraortodoxos y finalmente aceptar sus votos. Avigdor Liberman, aliado derechista secular del candidato opositor, lleva días presionando para evitar a toda costa aceptar el voto favorable de los partidos árabes, e insinúa ahora que se podría dar marcha atrás a la promesa central de su campaña, en que ponía como condición innegociable la aprobación de la ley de reclutamiento militar igualitario.
Pese al dictamen de la justicia israelí, que obligó a Netanyahu a iniciar el reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos al ejército -gozan de una exención desde la fundación del estado-, el gobierno israelí congeló la medida para no enojar a sus socios de gobierno ultra religiosos. Tras tres años de guerra en múltiples frentes, el grueso de la sociedad israelí reclama igualdad en la obligación de servir en las fuerzas armadas. En un intento para intentar evitar una posible fuga de alguna facción ortodoxa al bloque opositor, Netanyahu les recordó que su bloque es el único que “salvaguardar y continuará protegiendo los valores sagrados de Israel”.
En el primer día de actividad de la nueva Knesset, el bloque de Eizenkot empezó a trazar su hoja de ruta para tomar el poder. Confiando en que tendrá mayoría parlamentaria, la oposición presentó una batería de leyes, entre las cuales destaca la exigencia de establecer una comisión de investigación para depurar responsabilidades por la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023.
El Gobierno de Netanyahu se ha opuesto a la creación de una comisión de investigación estatal sobre el 7 de octubre, argumentando que un comité independiente designado por el Tribunal Supremo estaría sesgado en contra del gobierno. Los partidos de la oposición, que acusaron al gobierno de intentar eludir su responsabilidad por el desastre, convirtieron la creación de dicha comisión en una promesa electoral clave en caso de llegar al poder.
También se propuso una ley para limitar los mandatos del primer ministro, y propuestas para revertir la “reforma judicial” del pasado gobierno, que debilitaba los poderes del sistema judicial. Entre ellas, la ley que disminuye las facultades del fiscal general, las normas aprobadas para controlar el comité de selección de jueces del Tribunal Supremo, o medidas aprobadas por el ministro de comunicaciones para imponer mayor control sobre los medios públicos.
Los críticos de la “reforma judicial” -que permaneció en gran medida suspendida durante la guerra y fue retomada en el último año- sostienen que es un plan para socavar la democracia y destruye el sistema de contrapoderes del país, que no tiene constitución. Por su parte, sus defensores afirman que se trata de una medida correctiva necesaria frente al abuso del poder judicial, que junto a la “prensa y la izquierda” pretende debilitar la voluntad mayoritaria del pueblo de Israel.
El partido Demócratas, que representa el ala progresista de la “coalición del cambio”, presentó proyectos de ley que contemplan el transporte público durante el Shabat, el matrimonio civil, la regulación del estatus de las escuelas ultraortodoxas, la consagración de la igualdad como Ley Básica y la ampliación de los derechos de la comunidad LGBTQ.