Con el recuento final prácticamente finalizado, la maquinaria de Benjamin Netanyahu ya opera para deslegitimar el resultado electoral. El bloque del Likud y sus socios se mantiene en 53 escaños, lejos de los 61 necesarios para gobernar, y desde el partido del premier se siguen difundiendo mensajes alegando fraude electoral y reclamando una repetición de los comicios.
Tras alegar el miércoles que los árabes “han robado las elecciones” y acusar a sus partidos de utilizar fraude, sobornos y falsificaciones de papeletas, este jueves el Likud apuntó directamente a Qatar. Según el partido principal de la derecha israelí, “influencias extranjeras” -en referencia a Doha- habrían influido o financiado campañas para condicionar el resultado electoral.
Netanyahu y sus seguidores apuntan, justamente, a un país con el que algunos de los principales asesores del premier israelí mantuvieron relaciones profesionales controvertidas. Majed Al Nasri, portavoz del ministerio de exteriores qatarí, desmintió la acusación: “negamos categóricamente las acusaciones de que Qatar haya interferido en las elecciones israelíes o financiado actividades destinadas a influir en su resultado. Rechazamos los señalamientos realizados por ciertos políticos israelíes”.
El Qatargate israelí es una investigación criminal abierta en 2025 sobre presuntos vínculos de asesores cercanos al primer ministro Benjamin Netanyahu con Qatar. Se sospecha que Eli Feldstein, exportavoz de la Oficina del primer ministro, y Jonatan Urich, asesor principal, trabajaron en una campaña de relaciones públicas para mejorar la imagen de Doha en Israel mientras ocupaban cargos públicos, incluso durante las negociaciones de Qatar en nombre de Hamás para un alto el fuego en Gaza.
Los investigadores examinan presuntos pagos canalizados a través de testaferro estadounidense y posibles delitos de soborno, fraude, abuso de confianza, blanqueo de dinero y contacto con un agente extranjero. Urich habría reconocido posteriormente haber cobrado cientos de miles de shekels de Qatar y haber seguido trabajando para Doha hasta mediados o finales de 2024, después del ataque del 7 de octubre de 2023.
Mientras que el comité electoral central de Israel ya desmintió las acusaciones de fraude electoral que difunde el Likud, el líder opositor Gadi Eizenkot considera que el premier promueve una campaña de deslegitimación. “Netanyahu, que se acostumbró a afrontar la realidad usando mentiras y difundiendo caos, lidera con sus socios una campaña de influencia para retrasar el resultado”, apuntó Eizenkot.
El presidente de la nación, Isaac Herzog, declaró que está “siguiendo de cerca la evolución de la investigación de las sospechas”. Las pruebas y las sospechas deben investigarse exhaustivamente, y los responsables deben ser investigados y castigados con todo el peso de la ley”.
Desde el partido árabe Ra’am, su líder Mansur Abas dio el visto bueno a investigar las acusaciones sobre posibles influencias exteriores para desmentir los rumores. “No existe ninguna conexión con el caso en cuestión ni con otros casos, y declaramos que cooperaremos plenamente con todas las autoridades policiales para esclarecer la verdad”, aclaró Abas. Antes y durante las elecciones, el Likud recicló la campaña del miedo respecto a la llegada masiva de votantes árabes a las urnas, un factor que pone en peligro la supervivencia de la coalición de Netanyahu. Con 19 diputados, las dos listas árabes lograron un poder inédito y podrían ser la llave de gobierno, si la oposición judía aceptara su apoyo.
El Likud va más allá, y además de considerar que las elecciones “fueron robadas”, habla ahora de “un daño a la democracia en que la influencia exterior también controlará la Knesset, islamizará Israel y tumbará el gobierno de la derecha”. Los esfuerzos del partido de Netanyahu se centran en evitar que la oposición se una a los dos partidos árabes para cambiar al actual portavoz del parlamento Amir Ohana. Además, la oposición aspira también a revertir leyes aprobadas por el gobierno tras la toma de posesión de los nuevos diputados, aunque todavía no se aclare quién liderará la próxima coalición.
El presidente del Comité Electoral Central, el juez Noam Solberg, envió una carta al jefe del Shin Bet (inteligencia doméstica), David Zini, en la que le solicitaba que investigara las “graves sospechas de injerencia indebida en las elecciones mediante la financiación extranjera de elementos que actúan en contra de los intereses de Israel”. En la carta, Solberg dejó claro que no podía “dar fe de la naturaleza de las sospechas”.
Según una fuente del comité consultada por Ha’aretz, se le informó de que Qatar había invertido dinero para aumentar la participación electoral en la sociedad árabe. El Shin Bet declaró que estaba llevando a cabo una investigación, pero se negó a proporcionar más detalles. Anteriormente, un alto cargo policial declaró al periódico israelí que no había indicios de fraude en las elecciones. “Se trata de especulaciones que, hasta el momento, carecen por completo de fundamento”, añadió.
Desde simpatizantes del Likud y sus aliados ultraderechistas, ya se inició una campaña en redes exigiendo una repetición electoral, alegando que ha existido “terrorismo en las urnas”. Por ello, se exige que “ningún partido sionista (en referencia a la oposición) puede cooperar con Ra’am y la Lista Árabe Unificada”. En su criterio, ello supondría una derrota definitiva para el ejército israelí en todos los frentes, “con Irán en primer lugar”.