Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, anuncio el 16 de septiembre de 2021 la adjudicación del contrato para cambiar el sistema de seguridad LZB, el que falló este miércoles en el terrible accidente de Urda (Toledo), por el más moderno ERMTS. Fueron 94 millones de euros -IVA incluido- para la multinacional francesa Thales para “instalaciones de señalización, sistemas de protección de tren -con la implantación del sistema ERTMS en toda la línea-, detectores de caída de objetos y telecomunicaciones fijas” en la Alta Velocidad que une Madrid con Sevilla, la decana del sistema ferroviario español. La adjudicación a “Thales España GRP cuenta con un plazo de ejecución total de 52 meses”, sostuvo Adif en una nota oficial. Eso significa que el LZB que se desconectó ayer debió ser sustituido hace diez meses, el pasado enero. El European Rail Traffic Management System (ERTMS), traducido Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario y que funciona mediante balizas, está instalado la línea del accidente pero todavía en fase de pruebas. Como ha desvelado Artículo14, el Gobierno comunicó en mayo a Bruselas la ejecución del contrato de sustitución de sustitución del LZB (Linienförmige Zugbeeinflussung, Control Continuo del Tren) que conecta el convoy con el centro de control por 93.832.737,51 euros, impuestos incluidos, provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es cierto que el ERMTS está ya conectado en la línea Madrid-Sevilla, pero aún no funcionando, pues la seguridad seguía dependiendo del mismo que se instaló en 1992.
Expertos ferroviarios consultados por Artículo14 explican que el nuevo sistema, estandarizado en Europa y ya funcionando en otras líneas de la Alta Velocidad española, es “más moderno y mejor”, pero advierten de que “también puede caerse puntualmente como el LZB”, de fabricación alemana. Califican ambos como “seguros” y sostienen que nadie puede predecir qué habría pasado de haber estado operativo el sistema. Este fallo técnico fue seguido de una cadena de errores humanos en el centro de control de Atocha (Madrid), según las explicaciones dadas por el Ministerio de Transportes.
La adjudicación fue en un paquete para la renovación de la primera línea en entrar en servicio en España por un importe global de 136.422.294,81 euros (IVA incluido).