Trump blinda a Delcy Rodríguez ante la justicia estadounidense. La Administración republicana ha solicitado a un tribunal federal de Miami que reconozca la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela en la demanda civil que la vincula con presuntas torturas cometidas durante el régimen de Nicolás Maduro. El movimiento no solo tiene consecuencias jurídicas, sino que consolida el giro diplomático de Washington hacia el Ejecutivo venezolano encabezado por Rodríguez desde la detención de Maduro el pasado enero.
La petición fue presentada esta semana por el Departamento de Justicia (DOJ) ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, después de que el Departamento de Estado determinara formalmente que Rodríguez goza de inmunidad como jefa de Estado en ejercicio. El reconocimiento oficial de su Gobierno por parte de Estados Unidos, anunciado el 5 de marzo, constituye la base legal del escrito remitido al juez.
El documento no cuestiona las acusaciones formuladas contra Rodríguez ni entra a valorar el fondo del asunto. Su argumento es exclusivamente procesal: mientras ocupe la presidencia venezolana, la mandataria no puede ser demandada ante los tribunales estadounidenses.
Delcy Rodríguez, presidenta desde el 5 de marzo
La comparación con el caso de Nicolás Maduro resulta inevitable. El exlíder venezolano también ha invocado su supuesta inmunidad como jefe de Estado para intentar frenar el proceso judicial que afronta en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico, una petición a la que se ha opuesto la Administración Trump. La diferencia fundamental reside en que Washington nunca reconoció a Maduro como presidente legítimo de Venezuela tras las cuestionadas elecciones de 2018. Delcy Rodríguez, en cambio, sí ha sido reconocida oficialmente como jefa del Estado desde el pasado 5 de marzo. Ese reconocimiento diplomático es precisamente el que permite al Gobierno estadounidense solicitar ahora que los tribunales le concedan inmunidad.
Muy atrás quedan ya las expectativas de quienes confiaban en que la salida de Maduro supondría una ruptura completa con las estructuras del chavismo y el inicio de una transición democrática. El yugo chavista no cesa, solo que ahora ellos también están sometidos.
Una indemnización millonaria por secuestro y torturas
La demanda a la que se enfrenta Delcy fue presentada por los estadounidenses Jerrel Kenemore y Jason Saad, junto al venezolano Edgar José Marval, quienes aseguran haber sido secuestrados, detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas por las autoridades venezolanas. Según la acusación, fueron utilizados como moneda de cambio política tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos.
Los tres denunciantes permanecieron encarcelados durante cientos de días en instalaciones de la contrainteligencia militar venezolana. En los documentos judiciales describen golpizas, descargas eléctricas, largos periodos de aislamiento y diversas formas de abuso físico y psicológico.
A mediados de julio, el juez federal Darrin P. Gayles condenó a Nicolás Maduro, Alex Saab y otros altos cargos venezolanos al pago de más de 314 millones de dólares en concepto de indemnización al considerar suficientemente acreditadas las torturas denunciadas. La sentencia fue dictada en rebeldía después de que los acusados no comparecieran en el proceso.
La inmunidad de Delcy Rodríguez
Rodríguez quedó excluida del fallo precisamente porque el tribunal decidió esperar a que el Gobierno estadounidense se pronunciara sobre su posible inmunidad diplomática. La petición presentada ahora por el Departamento de Justicia responde a esa cuestión pendiente.
En caso de que el juez acepte el planteamiento del Ejecutivo estadounidense, la demanda contra la presidenta venezolana será desestimada sin perjuicio, lo que significa que podría volver a presentarse una vez abandone el cargo. Si es que lo abandona.
El giro de Washington hacia Caracas
La decisión trasciende el ámbito estrictamente judicial. El Departamento de Estado calificó el caso como especialmente relevante para la política exterior estadounidense y solicitó al DOJ que actuara “a la mayor brevedad posible”.
En una carta remitida el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto Brett Shumate, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, recordó que Washington reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa del Estado venezolano desde marzo y subrayó la importancia diplomática de que el procedimiento contra ella sea archivado.
El escrito también revela que la Embajada de Venezuela en Washington solicitó formalmente al Departamento de Estado que certificara la inmunidad de la mandataria en este proceso judicial.
La doctrina de la inmunidad de jefes de Estado es una figura consolidada del derecho internacional y ha sido respaldada durante décadas por los tribunales estadounidenses. Habitualmente protege a presidentes, primeros ministros y ministros de Exteriores extranjeros frente a demandas civiles mientras permanezcan en sus cargos.
La solicitud presentada confirma además el profundo cambio producido en la política estadounidense hacia Venezuela durante los últimos meses. Tras la captura de Maduro, la Casa Blanca ha mantenido contactos diplomáticos con su Ejecutivo mientras dice continuar respaldando, al menos públicamente, una futura transición democrática en Venezuela. Una transición que, a la vista de los acontecimientos, parece cada vez más condicionada por los intereses energéticos de Washington.