Francesca Albanese, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, ha sido retirada de la lista de sanciones de Estados Unidos, tras una sentencia de un tribunal federal que determinó que la Administración Trump probablemente había violado sus derechos amparados por la Primera Enmienda.
Abogada de formación, Albanese ha ejercido como experta independiente de la ONU encargada de supervisar los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel. En el desempeño de esa función, recomendó que la Corte Penal Internacional iniciara procesos por crímenes de guerra contra ciudadanos israelíes, y fue autora de un informe en el que acusaba a grandes empresas estadounidenses de complicidad en lo que describió como la “campaña genocida en curso de Israel en Gaza”.
Lo que suponían las sanciones para Albanese
El Tesoro de EE UU le impuso sanciones en julio de 2025, alegando sus esfuerzos por instar a la CPI a tomar medidas contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes. Las medidas congelaron su acceso a la banca estadounidense y le prohibieron la entrada al país. Las consecuencias prácticas fueron aún más lejos: Albanese se vio incapaz de utilizar las principales tarjetas de crédito o de realizar transacciones bancarias habituales a nivel mundial. Tampoco podía ir a su hogar en Washington, donde vive su hija.
La impugnación judicial partió de su propia familia. Su marido y su hija -esta última, ciudadana estadounidense- presentaron una demanda contra la Administración Trump en febrero. El 13 de mayo, el juez federal de distrito Richard Leon dictaminó que la residencia de Albanese fuera de Estados Unidos no la privaba de las protecciones de la Primera Enmienda, y que la Administración la había señalado específicamente por las ideas que expresaba. “La protección de la libertad de expresión es “siempre” de interés público”, escribió Leon en su dictamen. La eliminación oficial de Albanese de la lista de sanciones por parte del Departamento del Tesoro llegó una semana después, este mismo miércoles.
“La resolución provisional del juez estadounidense me da un respiro, pero la batalla no ha terminado. Los jueces de la CPI y las ONG palestinas siguen estando sancionados y sin posibilidad de recurrir a la justicia. Hay mucho en juego”, escribió en sus redes sociales al conocer la noticia.
The interim decision by the US judge gives me respite but the battle is not over. ICC judges and Palestinian NGOs remain sanctioned with no recourse to justice. The stakes are incredibly high.
Please sign and share the petition: DEFEND THE DEFENDERS!https://t.co/DiWhUOx0Ks https://t.co/2GM7ihctz9— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 14, 2026
Con todo, Albanese se ha visto envuelta en las guerras culturales internacionales y su figura ahora parece que divide. Al otro lado del Atlántico, en Francia, el Ayuntamiento de París ha rechazado una propuesta presentada por La Francia Insumisa para conceder a Albanese la ciudadanía honoraria de la capital francesa. La moción fue rechazada por 76 votos contra 48, con el MoDem, Renaissance y los grupos socialista y republicano votando en contra. Los Verdes, La France Insoumise y los comunistas apoyaron el homenaje.
Entre quienes se pronunciaron en contra de la propuesta se encontraba Sandro Gozi, concejal de París por el MoDem y eurodiputado de Renew Europe, quien citó un incidente ocurrido en Italia en el que Albanese interrumpió públicamente al alcalde de la ciudad de Reggio Emilia después de que este hiciera referencia a una solución de dos Estados y a la liberación de los rehenes israelíes. “La ciudadanía honoraria de París no puede convertirse en una herramienta de militancia ni en un símbolo de radicalización política”, justificó Gozi durante el debate.