La investigación abierta en España contra Alejandro Betancourt vuelve a encontrarse ante un momento decisivo. La Audiencia Nacional necesita la colaboración de Estados Unidos para practicar varias declaraciones consideradas esenciales dentro de una causa por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, pero Washington lleva meses sin responder a la petición española.
El juez Santiago Pedraz ha terminado poniendo fecha límite a la espera. Si antes de diciembre no existe respuesta a la comisión rogatoria, el magistrado contempla volver a archivar un procedimiento que ya cerró una primera vez en marzo y que tuvo que reabrir posteriormente por orden de la Sala de lo Penal.
La investigación sobre Alejandro Betancourt se enfrenta así a una paradoja: Estados Unidos condenó a varios protagonistas de las operaciones que España pretende esclarecer, pero la Audiencia Nacional no consigue todavía tomarles declaración.
Cinco testimonios que pueden decidir el futuro de la causa
El principal obstáculo aparece en una comisión rogatoria acordada en octubre de 2025. España pretende interrogar por videoconferencia a cinco personas vinculadas a operaciones de corrupción relacionadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Se trata de Abraham Ortega Morales, Carmelo Urdaneta, Álvaro Ledo Nass, Luis Fernando Vuteff y Luis Carlos de León. Varios reconocieron delitos o fueron condenados por la justicia estadounidense en procedimientos relacionados con esquemas de corrupción y blanqueo de dinero procedente de Venezuela.
Sus declaraciones resultan especialmente importantes porque el delito de blanqueo que investiga España necesita acreditar el origen ilícito de los fondos que supuestamente terminaron entrando en el circuito económico legal.
Pedraz ha terminado perdiendo la paciencia. En un escrito fechado el 10 de agosto señala que “no puede estarse sine die a la espera” de Estados Unidos y considera que un plazo razonable no puede prolongarse más allá de diciembre.
Una causa que ya estuvo archivada
Quién es el empresario venezolano Alejandro Betancourt que conecta a Delcy Rodríguez con Trump.
Se hizo millonario con contratos públicos del chavismo y fue investigado por lavado de dinero. Hoy es el intermediario entre la Casa Blanca y el Gobierno de Delcy Rodríguez. /ajr pic.twitter.com/2Jf3ptYGvi
— DW Español (@dw_espanol) September 10, 2026
El caso de Alejandro Betancourt ya estuvo a punto de terminar definitivamente este año. En marzo, Pedraz acordó el sobreseimiento al entender que la justicia venezolana había examinado los hechos relacionados con un préstamo de PDVSA y no había apreciado delito.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió. Su tesis era que Venezuela no había investigado exactamente los mismos actos de corrupción que estaban bajo la lupa de la justicia española y que aún quedaban pruebas relevantes pendientes.
La Sala de lo Penal le dio la razón en junio. Consideró prematuro cerrar la investigación y recordó precisamente la importancia de escuchar a los testigos relacionados con los procedimientos estadounidenses.
Desde entonces, sin embargo, la diligencia clave sigue sin practicarse.
Más de 4.000 millones de dólares bajo investigación
El origen de la causa se encuentra en las operaciones desarrolladas alrededor de PDVSA. Anticorrupción investiga un préstamo de 2012 por unos 4.350 millones de dólares entre la petrolera venezolana y la sociedad Administradora Atlantic.
La Fiscalía sostiene que detrás de aquella estructura pudo existir una operación destinada a extraer fondos del Estado venezolano mediante mecanismos financieros y sobornos a funcionarios. Parte del dinero habría terminado posteriormente en inversiones, sociedades y propiedades situadas fuera de Venezuela, incluida España.
La acusación es todavía objeto de investigación y Alejandro Betancourt no ha sido condenado por estos hechos. Precisamente por eso las declaraciones pendientes resultan relevantes para decidir si existen bases suficientes para mantener abierto el procedimiento.
El inesperado nuevo papel de Betancourt en Washington
La falta de respuesta estadounidense coincide con un cambio extraordinario en la situación internacional de Alejandro Betancourt. El empresario se ha convertido en una pieza central del nuevo acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Caracas.
Su compañía, North American Blue Energy Partners (NABEP), participa en una operación que concede acceso a numerosos campos petroleros venezolanos. El Gobierno estadounidense tendrá una participación del 35% en la compañía y acceso preferente a parte de su producción.
Reuters y The Washington Post han documentado además cómo Betancourt pasó de estar bajo escrutinio estadounidense por investigaciones relacionadas con presunto blanqueo a convertirse en un interlocutor relevante para la Administración de Donald Trump.
Ese contexto alimenta las preguntas sobre la ausencia de respuesta a España, pero no permite afirmar que exista una orden política para bloquear la comisión rogatoria. El Departamento de Justicia estadounidense no ha ofrecido públicamente una explicación sobre el retraso.
El precedente de Suiza aumenta las dudas
El caso español no es el único procedimiento internacional relacionado con Alejandro Betancourt. La Fiscalía de Zúrich mantiene abierta otra investigación y había solicitado su extradición desde Reino Unido.
The Washington Post reveló que altos cargos de la Administración Trump realizaron gestiones ante las autoridades suizas relacionadas con el empresario. Suiza terminó retirando la petición de extradición, aunque su Fiscalía atribuyó formalmente la decisión a particularidades del derecho británico y no confirmó que las presiones estadounidenses determinaran el desenlace.
Mientras tanto, Betancourt ha aportado también a la Audiencia Nacional documentación de Venezuela que sostiene que el procedimiento abierto allí quedó archivado en 2023 con efecto de cosa juzgada.
Diciembre, la nueva fecha clave
La justicia española se encuentra ahora ante una cuenta atrás. La Sala de lo Penal obligó a investigar más, pero algunas de las pruebas que considera necesarias dependen directamente de la cooperación estadounidense.
Si Washington responde, la Audiencia Nacional podrá escuchar a los cinco testigos y decidir con más elementos si existen indicios suficientes para continuar la investigación sobre Alejandro Betancourt. Si no lo hace, Pedraz ya ha dejado abierta la posibilidad de cerrar nuevamente el procedimiento.
Después de un archivo, una reapertura y meses de espera, diciembre se convierte así en la próxima frontera judicial de un caso en el que petróleo, corrupción internacional y geopolítica han terminado cruzándose en el mismo expediente.