La crisis de Ceuta ha terminado trasladándose a Bruselas y inmigración vuelve a poner a prueba a la socialdemocracia europea, donde la posición defendida por los socialistas españoles convive cada vez con más dificultad con la línea restrictiva adoptada por algunos de sus socios, especialmente en el norte de Europa.
La fractura ha quedado expuesta esta semana en Estrasburgo. El Parlamento Europeo debe votar este mismo jueves una resolución específica sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, pero los grupos han sido incapaces de acordar previamente un texto común. En lugar de una posición conjunta, sobre la mesa hay siete propuestas distintas.
Los Socialistas y Demócratas, presididos por la española Iratxe García, han tratado de centrarse en la solidaridad europea con España y en una respuesta coordinada. El grupo afirma que la utilización de la inmigración como instrumento de presión exige una reacción comunitaria, pero también insiste en el respeto al Derecho internacional y en la atención a quienes permanecen en Ceuta, incluidos los menores no acompañados.
El problema para los socialistas españoles es que esa visión no encaja completamente con el giro migratorio que han protagonizado algunos de sus compañeros de familia política.
El muro danés
El mejor ejemplo es Dinamarca. La primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, lleva años defendiendo una de las políticas migratorias más duras de la izquierda europea. La distancia con Madrid se ha hecho más evidente tras la crisis de Ceuta, cuando Dinamarca llegó a plantear la posibilidad de suspender temporalmente parte de la cooperación de libre circulación con España.
Copenhague también participó, junto a Italia y otros gobiernos europeos, en una iniciativa que reclamaba reforzar las fronteras exteriores y advertía del peligro de que las entradas irregulares masivas acabaran transmitiendo la impresión de que cruzar ilegalmente una frontera europea podía conducir posteriormente a permanecer en territorio comunitario. Entre los firmantes figuraban también gobiernos de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Finlandia y Suecia.
La cuestión migratoria ha creado así una grieta que atraviesa las propias siglas socialdemócratas. El S&D cuenta actualmente con delegaciones de España, Dinamarca, Alemania, Suecia, Bélgica, Países Bajos y otros Estados miembros, pero las posiciones nacionales ante la inmigración distan de ser homogéneas.
Ceuta pone a prueba las alianzas
La división no es únicamente socialista. Este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó por 435 votos a favor, 209 en contra y 13 abstenciones una enmienda que reclama una investigación “independiente y exhaustiva” sobre lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El texto considera que hubo instrumentalización de los flujos migratorios y pide esclarecer las responsabilidades en la planificación y ejecución de las entradas.
El voto no fue nominal, por lo que no existe un registro individual de la posición de cada eurodiputado. Fuentes socialistas habían adelantado, sin embargo, su oposición a exigir esa investigación en esos términos.
También el PP español ha encontrado límites dentro de su propia familia europea. Dos enmiendas promovidas por Patriotas por Europa, grupo al que pertenece Vox, planteaban revisar los fondos destinados a Marruecos para la gestión migratoria y estudiar medidas contra los responsables si se confirmaba una implicación de Rabat. Los populares españoles las respaldaron, separándose de la mayoría del PPE, que votó en contra junto a socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda.
Mientras los partidos continúan midiendo sus diferencias, Ursula von der Leyen ha intentado fijar un mínimo común denominador. La presidenta de la Comisión aseguró este miércoles que “Ceuta es España” y “Ceuta es Europa”, defendió la plena aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo y anunció un nuevo mecanismo europeo para situaciones de emergencia en las que los movimientos migratorios sean provocados o utilizados como arma.
La votación específica de este jueves servirá también para medir hasta dónde llegan las diferencias migratorias dentro de las grandes familias políticas europeas y, especialmente, dentro de una socialdemocracia dividida entre la solidaridad que reclama el PSOE y el endurecimiento que desde hace tiempo abandera Dinamarca.