En América Latina los terremotos pasan factura a sus gobernantes. En 1972, un seísmo destruyó gran parte de Managua y mató entre 5.000 y 10.000 personas. La respuesta corrupta y caótica del presidente Anastasio Somoza marcó el inicio de su declive, y siete años después fue derrocado por la revolución sandinista. En 1985, un terremoto devastó Ciudad de México y dejó al menos 5.000 muertos. Los fallos en las labores de rescate se convirtieron en el punto de inflexión que acabó con siete décadas de gobierno del PRI. Delcy Rodríguez lo sabe, o debería saberlo.
Estuvimos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de todos los afectados por esta terrible tragedia. El Gobierno nacional está desplegado para atender la emergencia y en las próximas horas seguiremos recibiendo apoyo de la comunidad internacional. pic.twitter.com/XHjRbKmvNa
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026
El doblete sísmico del 24 de junio -dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos- ha puesto a la mandataria interina venezolana ante la mayor catástrofe que ha vivido el país en más de un siglo. Y lo ha hecho en el peor momento posible: con una Venezuela políticamente fracturada, económicamente exhausta y con una capacidad institucional de respuesta gravemente deteriorada tras años de crisis y de chavismo.
Una Venezuela saqueada
“La capacidad de Venezuela para gestionar una respuesta de emergencia ha sido vaciada durante 10 o 15 años de turbulencia económica y el desplazamiento de ocho millones de personas más allá de sus fronteras”, señaló a Reuters Paul Angelo, experto en América Latina de la consultora McLarty Associates, que se encontraba en Caracas cuando ocurrieron los terremotos. “Sin una asistencia internacional masiva, sin un plan consolidado y sin una gran inyección de dinero en un país con una deuda que se estima en 240.000 millones de dólares, la recuperación será un camino muy largo”, explicó Angelo.
Las cifras actuales confirman la magnitud del desafío. Ya son xxxx muertos, xxxx heridos, xxx personas aún atrapadas bajo los escombros y xxxx desaparecidos. Solo en La Guaira, el estado costero más castigado, más de 100 edificios han quedado destruidos y 70.000 familias se han quedado sin hogar. Ocho hospitales han sufrido daños. Los modelos de datos del Gobierno estadounidense apuntan a que el balance final podría superar los 10.000 muertos.
El contraste con 1999
La zona cero de esta tragedia es la misma que la de otra anterior. Caraballeda y Catia La Mar, dos de los sectores más golpeados por el devastador deslave de Vargas en 1999, vuelven a ser los más afectados. Pero el contexto político es radicalmente distinto. Entonces, Hugo Chávez, bañado en fervor popular, rechazó la ayuda internacional, en particular la de Estados Unidos. Ahora, con Rodríguez al frente de un gobierno interino tutelado por Washington desde enero, ha sido precisamente Estados Unidos el primero en ponerse al frente de la asistencia humanitaria, anunciando el envío de equipos, militares y especialistas en rescate, además de 1.500 millones de dólares para las primeras tareas de emergencia.
Pese a ello, la respuesta sobre el terreno ha sido lenta y desigual. Mientras llegaban rescatistas de República Dominicana, México y El Salvador, amplias zonas de La Guaira seguían sin ayuda oficial. Miles de personas están durmiendo en las calles, con colchones en las carreteras, pidiendo auxilio sin ver organización ni presencia de miembros de los equipos de rescate. La militarización de la zona, ordenada por la propia Rodríguez tras trasladarse al lugar, llegó tarde. El 25 de junio ya se registraron saqueos en tiendas de comestibles y robos en viviendas abandonadas bajo los escombros.
Nadeska Noriega, periodista de La Guaira, tardó más de 24 horas en poder conectarse a internet para contar que seguía viva. Su edificio había colapsado. Había dormido en el coche junto a su familia. “Estamos con vida, que es lo más valioso. Las grietas de las paredes las resolvemos. No sé las grietas que tengo hoy en el alma, pero ahí vamos”, escribió en Facebook. Añadió que habían estado sin luz, sin señal, sin agua y sin gas.
Medios como El Pitazo documentaron escenas de supervivientes dando ánimo a quienes seguían atrapados bajo los escombros porque no podían hacer más, sin maquinaria, sin medios. El jueves aún se escuchaban voces entre los escombros; una parecía la de un niño pidiendo auxilio. Algunos adultos lograron salir de los edificios por sí solos, eran residentes de los pisos superiores que movieron paredes de cemento para volver a nacer, para respirar y darse cuenta enseguida de la desolación. Voluntarios llegaban en motocicleta. Los bomberos y los equipos de protección civil trabajaban con lo poco que tenían. Los militares brillaban por su ausencia.
La reconstrucción
Para Rodríguez, la gestión de esta catástrofe es algo más que una crisis humanitaria: es la definición de su mandato. Aliada cercana del presidente estadounidense Donald Trump, ha intentado proyectar una imagen de agente de cambio pese a haber sido vicepresidenta de Nicolás Maduro, a quien Washington forzó a dejar el poder en enero y capturó. “La narrativa de una nueva Venezuela se basa en la reconstrucción”, señaló a Reuters Tony Frangie Mawad, politólogo caraqueño. “Resulta algo irónico que el país tenga que afrontar ahora, con enorme dificultad, una reconstrucción muy literal de su infraestructura”.
Las tareas continúan, pero la gran prueba de fuego para el interinato de Delcy Rodríguez comenzó el 24 de junio con un doblete sísmico, un inusual fenómeno de dos terremotos consecutivos de gran magnitud. El tiempo corre, está a contrarreloj para salvar vidas. Luego vendrá la reconstrucción, pero mientras -de nuevo- la transición democrática venezolana quedó suspendida.