Human Rights Watch (HRW) realizó recientemente su primera visita oficial a Venezuela en 18 años. La organización se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, miembros del Gobierno, organizaciones de derechos humanos, dirigentes opositores, periodistas y familiares de presos políticos. El viaje supuso el regreso formal de la organización al país después de que las autoridades expulsaran en 2008 a varios de sus representantes tras la publicación de un informe crítico.
HRW reconoce que se han producido avances desde la llegada de Rodríguez al poder tras la detención de Nicolás Maduro el pasado enero, entre ellos la liberación de cientos de personas detenidas arbitrariamente y una reducción de algunas de las formas más visibles de represión. Sin embargo, la organización advierte de que estos cambios no serán sostenibles si no van acompañados de reformas institucionales, garantías para la prensa y el desmantelamiento del aparato represivo.
En su comunicado, Human Rights Watch reclama la liberación de todos los presos políticos, el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a los centros de detención, la derogación o reforma de las leyes contra el terrorismo y el odio, y la celebración de elecciones libres y justas. Durante una videollamada con Artículo14, Goebertus advierte de que Venezuela atraviesa una “pequeña ventana de oportunidad”, pero también de que la transición sigue siendo extremadamente frágil.
-Human Rights Watch llevaba 18 años sin realizar una visita oficial a Venezuela. ¿Por qué decidieron regresar ahora?
-Después de la expulsión de mi antecesor, José Miguel Vivanco, hace 18 años, tuvimos algunas visitas discretas de investigadores, pero no una visita formal. Durante los últimos cuatro años intentamos regresar. Estuvimos cerca de hacerlo en 2024, durante las elecciones, pero la represión brutal antes y después de los comicios nos llevó a considerar que no había condiciones de seguridad.
Recientemente, a partir del trabajo con nuestros aliados locales, consideramos que sí existían condiciones para volver. Informé a la ministra Ana María San Juan y al vicecanciller Oliver Blanco de que entraríamos en el país y les expresé nuestro interés en reunirnos con ellos. El Gobierno abrió las puertas y, junto con organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de presos políticos, organizamos la agenda.
-¿Qué demandas plantearon al Gobierno en relación con los presos políticos?
-Reconocimos que ha habido avances. Se ha liberado a un número muy importante de personas detenidas arbitrariamente y algunas de las formas más fuertes de represión se han reducido. Según nuestros cálculos, al menos 900 personas han sido liberadas, aunque todavía permanecen detenidas arbitrariamente entre 300 y 500.
Pero estos avances no bastan. Una transición real a la democracia y un proceso de reinstitucionalización siguen siendo muy frágiles. Por eso reclamamos la liberación de todas las personas que continúan detenidas arbitrariamente y una mejora de las condiciones de reclusión.
Visitamos el exterior de la cárcel de Rodeo 1, descrita por las personas entrevistadas como un centro de tortura, especialmente en el cuarto piso, conocido como “el sótano”. También insistimos en la necesidad de que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda visitar todos los centros de detención.
-¿Qué otras reformas consideran prioritarias?
-Es necesaria una reforma estructural del sector de la seguridad, porque el aparato represivo sigue prácticamente intacto. A corto plazo, deberían derogarse las resoluciones que permiten a los organismos de inteligencia sustanciar causas penales. Muchos casos de persecución arbitraria comenzaron con investigaciones abiertas por esos órganos.
También deben reformarse o derogarse leyes que cierran el espacio cívico, especialmente la ley contra el odio y la ley contra el terrorismo, utilizadas para criminalizar a opositores, perseguir la libertad de expresión y castigar la crítica al Gobierno. Además, la prensa nacional e internacional debe poder trabajar libremente, sin procesos administrativos por el mero hecho de ser crítica con las autoridades.
-¿Hubo apertura por parte del Gobierno?
-Hubo disposición para que siguiéramos transmitiendo información sobre las personas que permanecen privadas de libertad. También se abrió la posibilidad de que el programa de paz gestione una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja. La presidenta señaló que, en su opinión, la ley contra el terrorismo nunca debería haber existido. Vamos a seguir presionando para que sea derogada. Hay una pequeña ventana de oportunidad y nuestra tarea es conseguir que se utilice para impulsar una transformación estructural, la democratización y, eventualmente, elecciones libres y justas.
-¿A qué atribuye el cambio de postura del Gobierno venezolano?
-El Gobierno venezolano se enfrenta a un reto existencial y a la posibilidad de una transición después de la detención de Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos. La presión estadounidense y lo que en Venezuela se conoce como un “tutelaje” son factores que mueven los cambios.
En las entrevistas que mantuvimos quedó claro que las primeras liberaciones estuvieron presionadas por Estados Unidos. Sin embargo, existe la sensación de que Washington está utilizando ahora su influencia principalmente para cuestiones económicas y de apertura de negocios, y no tanto para impulsar los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Si hubo apertura, no tengo duda de que se debió en parte a la presión de algunos sectores del Gobierno estadounidense. Pero la situación sigue siendo muy frágil y esa influencia debería utilizarse para promover una verdadera transición democrática.
-El Gobierno habla de cambios, pero el aparato represivo continúa. ¿Es viable una transición democrática?
-Genuinamente, no lo sabemos. En este momento conviven dentro del Gobierno sectores que parecen más dispuestos a impulsar cambios y otros que siguen formando parte del aparato represivo. La experiencia de otras transiciones muestra que estas ventanas de oportunidad deben aprovecharse, pero sin ingenuidad. Algunas personas que hoy parecen dispuestas a promover reformas también formaron parte del Gobierno responsable de graves violaciones de derechos humanos. Por distintos incentivos, sin embargo, ahora pueden estar dispuestas a impulsar transformaciones.
La prioridad debe ser avanzar todo lo posible en reformas estructurales que permitan una transición sostenible y un proceso de democratización duradero. Las transiciones son complejas: conviven sectores más abiertos al cambio con otros aferrados a la continuidad del status quo.
-¿Cómo gestiona Human Rights Watch el equilibrio entre reconocer avances y mantener la presión?
-Nuestro mandato se basa en el rigor de la investigación. Reportamos tanto las violaciones de derechos humanos como los progresos en su protección. Decidimos regresar porque todas las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, familiares de personas encarceladas y dirigentes opositores con los que nos reunimos reconocieron que había cambios positivos. Nos dijeron que hoy existe algo más de libertad de expresión y que muchas personas ya no viven bajo el mismo nivel de vigilancia.
Los partidos de oposición explicaron que antes tenían vehículos del Sebin o del DGCIM frente a sus casas. Muchos señalaron que esa vigilancia finalmente se había levantado. Esto está lejos de ser un proceso completo de democratización, pero debemos informar de manera rigurosa sobre lo que vemos en el terreno. Hay una mejora respecto de la represión gravísima de 2024 y 2025. Para que sea sostenible, sin embargo, son necesarias transformaciones estructurales, especialmente el desmantelamiento del aparato represivo, que sigue pendiente.