La tensión entre Estados Unidos y Cuba sigue al alza. La Administración de Donald Trump ha endurecido su discurso hacia La Habana y ha anunciado nuevas sanciones contra dirigentes y estructuras vinculadas al régimen cubano, mientras desde la isla el Gobierno de Miguel Díaz-Canel denuncia una “agresión imperialista” y acusa a Washington de intentar provocar un colapso interno. El deterioro económico y social en Cuba, marcado por apagones constantes, escasez de alimentos y medicamentos y una creciente emigración, alimenta el temor a un escenario de mayor confrontación.
En paralelo, el precedente reciente de la intervención estadounidense en Venezuela -presentada por la Casa Blanca como una operación para facilitar una transición democrática- ha disparado las especulaciones sobre un posible aumento de la presión militar sobre Cuba. Mientras algunos sectores del exilio cubano celebran el endurecimiento de la política estadounidense, organizaciones internacionales de derechos humanos alertan del riesgo de que la población civil termine pagando el precio de la escalada.
En conversación con Artículo14, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), analiza el deterioro de la situación en la isla, critica tanto la represión del régimen cubano como las sanciones colectivas de Estados Unidos y advierte de que “quienes más sufren son los cubanos y cubanas”.
-¿Cómo interpreta HRW este aumento de la tensión entre Washington y La Habana?
-Lo que nos preocupa es que esa tensión, y particularmente la combinación de la presión histórica de Estados Unidos con el embargo y esta nueva oleada de sanciones, sumada a los malos manejos y a la represión del régimen cubano, hace que quienes más pierdan sean los cubanos y cubanas. Hoy uno de cada tres cubanos tiene dificultades para conseguir comida; apenas un 30% de los medicamentos esenciales están disponibles; los cortes de electricidad pueden durar hasta 24 horas en algunas zonas y los problemas sanitarios continúan agravándose.
Los cubanos no deberían tener que escoger entre la intervención de Estados Unidos o seguir sometidos a un régimen profundamente violatorio de derechos humanos. En esta tensión, quienes sufren son justamente los ciudadanos de a pie.
-¿Temen una posible intervención más directa de Estados Unidos en Cuba?
-Es imposible preverlo, sobre todo tratándose de una administración tan imprevisible como la de Donald Trump. Pero sí podemos aprender algo de lo sucedido recientemente en Venezuela. Lo que vimos allí es que, pese a las promesas de promover una transición democrática, la estructura represiva del régimen permaneció intacta.
En Venezuela seguimos documentando persecución contra opositores, falta de independencia judicial y graves limitaciones a las libertades fundamentales. Lo que nos preocupa es que no vemos realmente un plan, ni por parte de Estados Unidos ni de otros actores regionales, para promover una transición democrática basada en derechos humanos en Cuba.
-¿Puede este contexto derivar en un aumento de la represión dentro de la isla?
-Sí, y de hecho ya estamos viendo señales claras de un incremento de la represión. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado un deterioro desde principios de este año, con detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos políticos.
Hay casos recientes muy preocupantes. Por ejemplo, Ernesto Medina y Kamil Zayas, integrantes del colectivo audiovisual independiente “El4tico”, fueron arrestados en enero acusados de “propaganda contra el orden constitucional”, un delito utilizado habitualmente para perseguir la libertad de expresión. También hemos visto detenciones de ciudadanos extranjeros acusados de realizar actos “subversivos”. En nuestro recuento hay al menos 750 presos políticos en Cuba. Además, durante 2025 se registraron al menos 67 muertes bajo custodia del régimen cubano, muchas asociadas a negligencia médica y malas condiciones carcelarias.
-HRW mantiene desde hace años una posición crítica respecto al embargo estadounidense. ¿Por qué consideran que no funciona?
-Nuestra posición histórica ha sido clara: las sanciones colectivas no generan incentivos reales para una transición democrática. Lo que hacen es afectar a toda la población, especialmente a los sectores más pobres. Nosotros sí defendemos las sanciones individuales contra personas responsables de violaciones de derechos humanos o actos graves de corrupción. Pero el embargo, como sanción generalizada, ha contribuido durante décadas al empobrecimiento de la población cubana y le ha dado al régimen una narrativa de victimización para atribuir todos los males del país a Estados Unidos.
El régimen cubano utiliza constantemente el embargo como excusa para justificar la crisis, sin asumir responsabilidades por la corrupción, la mala administración económica o la falta de libertades políticas.
-¿Hasta qué punto la responsabilidad de la situación actual recae también en el propio régimen cubano?
-Sin duda existe una enorme responsabilidad interna. Cuba desarrolló durante décadas un modelo profundamente estatizado, eliminando gran parte de la iniciativa privada y destruyendo la capacidad productiva de la economía. Es evidente que los Estados tienen un papel fundamental en redistribuir riqueza y combatir desigualdades. Pero una cosa es la intervención estatal y otra muy distinta es destruir completamente una economía de mercado hasta el punto de generar un colapso productivo.
A eso se suman casos ampliamente documentados de corrupción entre las élites gobernantes y, por supuesto, la ausencia absoluta de libertades civiles y políticas: no existe una oposición legal real, no hay alternancia en el poder, no hay independencia judicial ni libertad de prensa.
-En este nuevo escenario internacional, ¿ve posible alguna mediación internacional para evitar una escalada mayor?
-Creo que los países latinoamericanos tienen un papel fundamental que desempeñar, tanto bilateralmente con Estados Unidos y Cuba como en espacios multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Pero para que eso funcione es necesario que los países de la región defiendan simultáneamente dos principios: por un lado, rechazar cualquier intervención extranjera; y por otro, exigir una transición democrática que permita al pueblo cubano recuperar derechos básicos que lleva décadas sin poder ejercer.
-¿Qué país podría liderar ese esfuerzo diplomático?
-México tiene un rol particularmente importante por su relación histórica tanto con Estados Unidos como con Cuba. Ojalá pueda desempeñar una función de mediación que permita rebajar la confrontación y poner el foco en el bienestar del pueblo cubano.