Cuba activó hace unos meses un plan de defensa tras las amenazas proferidas por Donald Trump a través de las cuales llegó a afirmar que “había que actuar pronto” en la isla. En otra de sus perlas sostuvo que sería un “honor tomar Cuba” y disponer del país a su gusto. Estas siniestras declaraciones se suman al largo y controvertido listado de advertencias que el líder norteamericano ha formulado contra el citado país latinoamericano desde hace algún tiempo. No obstante, en febrero, Washington tenía el foco puesto en Oriente Medio, ya que a finales de dicho mes inició –junto a Israel– una ofensiva militar contra Irán. En todo caso, su interés por la mayor de las Antillas no decreció al subrayar que, tras la caída de los ayatolás, el Estado cubano sería el siguiente en colapsar.
Recientemente, se ha sabido que Cuba ha hecho acopio de más de trescientos drones procedentes de China e Irán con el fin de hacer frente a un potencial ataque de Estados Unidos. El máximo mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, ha insistido en estos días en la idea de que su país quedaría válidamente parapetado bajo el derecho a la legítima defensa en el caso de que su vecino del norte opte finalmente por agredirlo. Además, ha alertado de que, si la Casa Blanca se decanta por llevar a cabo una intervención militar en la isla, se desatará “un baño de sangre de consecuencias incalculables”. Como cabe imaginar, la población cubana contiene el aliento ante las decisiones que puedan tomarse en los próximos días.
Al margen de la tensa situación geopolítica existente, la isla caribeña lleva largo tiempo sumida en una crisis profunda que parece haber tocado fondo. Desde hace ya varios años, sus habitantes amanecen cada día próximos al borde de un precipicio –si es que no están descendiendo ya por él– donde recuperar unas condiciones dignas de vida resulta más una quimera que una posibilidad real. A ello ha contribuido el régimen político imperante, caracterizado por restringir las libertades civiles y por ejercer un control férreo sobre sus disidentes. Asimismo, la economía del país ha afrontado serias dificultades debido, fundamentalmente, a la escasez y a una baja productividad. Todo ello ha generado un caldo de cultivo que ha derivado en un profundo descontento social. Pero hay más. En este delicado contexto, existe un elemento no menor en la ecuación que ha recrudecido al extremo la situación que atraviesa la población cubana desde hace largas décadas: las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos desde hace más de medio siglo.
Fue, concretamente, en marzo de 1960, cuando Dwight D. Eisenhower implementó, por primera vez, medidas de este tipo. En un primer momento, se redujo la importación de azúcar, pero pronto las acciones unilaterales se fueron intensificando. Un punto de inflexión fue la decisión de la Casa Blanca de suspender el envío de petróleo. A partir de ese momento, los acontecimientos en plena Guerra Fría se aceleraron. A mediados de ese año, se nacionalizaron los bienes norteamericanos ubicados en la isla y, en enero de 1961, Estados Unidos rompió toda relación diplomática. La razón principal era que Fidel Castro –el nuevo dirigente político que se hizo con el poder tras el triunfo de la revolución de 1959 y que provocó la caída del gobierno anterior que Washington apuntaló– se inclinó a favor de estrechar lazos con el mayor enemigo de Estados Unidos: la antigua Unión Soviética.
Las fricciones no fueron inmediatas (el nuevo líder cubano, de hecho, tuvo tiempo para viajar a Washington y rendir homenaje a Abraham Lincoln y Thomas Jefferson), pero sí emergieron con rapidez, dando pie a un prolongado periodo de hostilidad que –con altibajos– se mantiene hasta hoy. En ese contexto de creciente rivalidad entre Washington y La Habana, la década de 1960 marcó uno de los periodos de mayor tensión. Durante el mandato de John F. Kennedy, se acordó el embargo total de la isla, excluyendo alimentos y medicinas. En paralelo, se produjo un incidente que disparó todas las alarmas: Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. En aquellos días, la comunidad internacional contempló atónita la posibilidad de que se desatara una guerra nuclear. El momento cumbre se produjo el sábado 27 de octubre de 1962 (conocido como “Black Saturday”) cuando la defensa antiaérea soviética emplazada en Cuba derribó un avión norteamericano. Aquel fue uno de los episodios de mayor voltaje de la Guerra Fría y, como puede intuirse, la isla caribeña se convirtió en uno de los principales epicentros de la confrontación que mantenían las dos superpotencias.
Otro hito que debe traerse a colación fue la adopción, en 1996, de la Ley Helms-Burton en virtud de la cual se establece que el embargo sobre la isla cubana puede revertirse únicamente si el Congreso de Estados Unidos así lo decide. Dentro del conjunto de controvertidas disposiciones que este instrumento alberga, el Título III estipula que los nacionales de Estados Unidos, cuyos bienes fueron expropiados tras la revolución de 1959, pueden interponer demandas contra quienes se hayan beneficiado de las propiedades confiscadas por el régimen castrista. Esta disposición permaneció inactiva hasta que Donald Trump la declaró operativa el 2 de mayo del año 2019. Sin duda, todo un aviso a navegantes que evidenció la voluntad de Washington de recrudecer su política de presión sobre la isla.
La comunidad internacional ha tratado de poner fin a esta situación promoviendo —desde el año 1992— la adopción de resoluciones en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en las que se ha exhortado a Estados Unidos a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. El apoyo recibido en todas ellas ha sido prácticamente unánime, si bien es cierto que en la del pasado octubre se advierte un ligero cambio de paradigma: se contabilizaron siete votos en contra –frente a los dos del año anterior procedentes de Estados Unidos e Israel– y doce abstenciones, lo que contrasta con la única registrada el año previo. Según Harold Bertot Triana, jurista experto en la materia, ello no constituye un dato alarmante “ya que la inmensa mayoría de los Estados persisten en la idea de rechazar la política estadounidense de asfixia económica dirigida contra Cuba”. Es más, subraya que la modificación de algunas posturas se debe “a presuntas presiones ejercidas contra varios Estados por el país norteño, algo que no es nuevo”, así como al “alineamiento ideológico de ciertos gobiernos con la actual política exterior de Estados Unidos”.
Sea como fuere, lo que está claro es que este conflicto lleva dilatándose durante más de medio siglo; un periodo que a todas luces resulta excesivo. Y todo parece apuntar a que nuevos acontecimientos –y no positivos– podrían producirse de acuerdo con las amenazas ni mucho menos veladas que Donald Trump viene profiriendo reiteradamente sobre la debilitada isla. Sus deseos irrefrenables de controlar este territorio parecen remontarnos a finales del siglo XIX cuando los independentistas cubanos querían deshacerse de la presencia española y buscaron apoyo en Estados Unidos sin imaginar las consecuencias que ello acabaría teniendo. Y es que la potencia norteamericana –tras el sospechoso incidente en el que explotó el USS Maine– decidió enfrentarse al Estado español en 1898 y, tras imponerse militarmente victorioso, ocupó la isla durante unos años hasta que obtuvo su independencia en 1902.
Ahora bien, la soberanía plena no logró alcanzarse del todo dado que el Congreso norteamericano aprobó la Enmienda Platt que fue incorporada a la Constitución cubana de 1901 y se mantuvo en vigor hasta 1934. En su artículo III se estipuló que el gobierno de Cuba permitía a Estados Unidos intervenir. En paralelo, el artículo I restringió su capacidad para mantener relaciones con otros Estados. Para Washington esta disposición fue fundamental: no desocupó militarmente la isla hasta que la comentada enmienda no quedó integrada definitivamente en la referida Carta Magna.
Analizando tanto el lejano pasado como los hechos más recientes, resulta evidente el interés desmedido que Estados Unidos ha mostrado históricamente por Cuba que –a base de sanciones y bloqueos constantes– la ha dejado encapsulada. Ello se refleja, especialmente, en sus calles y en la vida cotidiana de sus gentes donde todavía perviven estampas de otras épocas que parecen resistirse al paso del tiempo. Además de estos signos visibles que la anclan al pasado, sobre la isla pesa un manto invisible de incertidumbre con el que su población lleva lidiando desde hace demasiados años. La reaparición en escena de Donald Trump ha recrudecido este sombrío contexto a raíz de su obcecada estrategia orientada a cerrar un círculo histórico pernicioso que remite, inexorablemente, a viejas dinámicas de dominación que son ejercidas sobre una isla que se muestra exhausta y profundamente desgastada ante tanto vaivén.