La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado de forma abrupta en las últimas semanas y horas. El despliegue militar norteamericano en el mar Caribe, acompañado de amenazas explícitas del Gobierno de Donald Trump, ha devuelto el temor a una posible confrontación armada. Este mismo sábado, Trump ha advertido de que el espacio aéreo del país suramericano estaba cerrado, una declaración repudiada y calificada como “insólita” por Venezuela, que considera que el anuncio supone la suspensión del programa de repatriación de emigrantes.
La decisión de Washington de designar a Nicolás Maduro como líder de una organización terrorista, las operaciones navales que han dejado más de 80 muertos y la presión creciente sobre el régimen venezolano dibujan un escenario imprevisible, marcado por la opacidad y la ausencia de una estrategia coherente.
Máxima tensión en Venezuela
En Venezuela, donde la crisis política, económica y humanitaria se arrastra desde hace años, esta nueva fase de tensión añade un factor de incertidumbre para una población exhausta. El país afronta todavía las consecuencias del fraude electoral del 28 de julio del año pasado, la posterior represión y una ola migratoria que ya supera los siete millones de personas.
En ese contexto, una intervención militar estadounidense o un choque armado provocaría consecuencias devastadoras. Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), consideró en conversación con Artículo14 que la política de Trump hacia Venezuela “ha sido muy poco clara, profundamente contradictoria y violatoria del derecho internacional”.
-¿Cuál es, a su juicio, el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe y del aumento del tono belicista hacia Venezuela?
-Ha habido muy poca claridad en la estrategia del Gobierno de Donald Trump frente a Venezuela. Dentro de la administración conviven dos visiones: la de la “máxima presión”, asociada a sectores que favorecen una intervención militar, y la de quienes apuestan por la negociación, como el enviado especial Richard Grenell, involucrado en diálogos sobre petróleo y sobre deportaciones a Venezuela. El resultado es una política errática y poco estratégica, sin un plan real para impulsar una transición democrática en el país.
-El Ejército estadounidense lleva tiempo atacando embarcaciones en el Caribe.
-Lo más grave es que Estados Unidos ha realizado 21 ataques contra barcos, que han causado 83 víctimas mortales y solo dos sobrevivientes. Desde HRW los calificamos como ejecuciones extrajudiciales, porque no existe un conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela que justifique el uso letal de la fuerza de esa manera.
-¿Qué efectos tiene la decisión de Trump de calificar a Maduro como “líder de una organización terrorista”?
-Es una medida que no ayuda al debate. Nuestro mandato es el derecho internacional, no estas categorías políticas. Lo que sí sabemos es que bajo el régimen de Maduro se cometen gravísimas violaciones a derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La misión de la ONU ha hablado incluso de crímenes de lesa humanidad. Lo importante es que la región reconozca esta realidad y trabaje coordinadamente para impulsar una transición democrática.
-¿Cómo vive la población venezolana esta posibilidad de un ataque o intervención militar estadounidense?
-Es difícil hablar por toda una ciudadanía, pero sí podemos subrayar el inmenso sufrimiento acumulado. Durante el último proceso electoral, había una esperanza genuina de transición. Recuerdo el caso de una familia que vivía en Colombia y regresó a Venezuela solo para votar. Tras el fraude, protestaron, uno de sus compañeros fue detenido, y cuando nos reencontramos iban camino del Darién (frontera Colombia-Panamá), habiéndolo perdido todo. Estas historias son frecuentes.
Hay que recordar que América Latina ha sido una región pacífica entre estados durante décadas. Una intervención estadounidense rompería ese precedente y tendría un impacto devastador para la población civil.
-El Gobierno venezolano asegura que está movilizando a millones de civiles para defender el país. ¿Es real esa capacidad defensiva?
-Es muy difícil saberlo porque Venezuela lleva mucho tiempo sin transparencia. La capacidad militar real del régimen es incierta. Lo que sí es seguro es que cualquier enfrentamiento bélico pondría en grave riesgo a la población. Nuestro equipo de investigadores ya está preparado para documentar cualquier violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario que pudiera producirse al respecto.
-Trump vincula esta escalada a la lucha contra el narcotráfico y a la presión migratoria. ¿Están realmente conectados ambos fenómenos?
-Están conectados, pero de forma muy poco estratégica. Llevamos meses documentando abusos gravísimos en deportaciones: personas enviadas a Panamá, Costa Rica o El Salvador sin permitirles solicitar asilo, incluso cuando tenían persecuciones previas. En el caso de los 252 venezolanos deportados al Salvador, documentamos tortura sistemática, desaparición forzada, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
Solo el 3% tenía condenas por delitos violentos. La mayoría eran personas tratando de reconstruir su vida. Estados Unidos violó el principio de no devolución enviándolos a lugares donde podían sufrir tortura. Y El Salvador lo violó nuevamente al deportarlos luego a Venezuela.
-Varios analistas señalan que la tensión militar también podría ser usada como herramienta electoral de Trump. ¿Comparte esa lectura?
-Es evidente que la cuestión migratoria tiene un enorme peso en la política interna estadounidense, y Trump está intentando proyectarse como un presidente “duro” en ese ámbito. Pero incluso entre sus propios aliados hay contradicciones: representantes republicanos de Florida, estado clave y con grandes comunidades venezolanas y cubanas, expresan preocupación por la eliminación de protecciones migratorias como el TPS (protección temporal). Esa contradicción evidencia que no existe una política exterior coherente, sino decisiones fragmentadas que responden a impulsos más que a una estrategia regional.
-¿Se puede reducir la tensión?
-Es imposible predecirlo. Bajo Trump, la política exterior ha sido errática, y el caso de Venezuela lo ilustra bien. En cualquier escenario -sea un acuerdo o un ataque militar-, estamos preparados para documentar cualquier violación de derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario que pueda producirse.