En los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y en los anexos femeninos de las cárceles comunes de Venezuela, la represión política tiene una dimensión de género espeluznante. Lejos de ser víctimas colaterales, las mujeres constituyen un objetivo táctico y directo del régimen de Nicolás Maduro. Según denuncias presentadas ante organismos internacionales este mes de noviembre, en Venezuela hay 182 mujeres presas por motivos políticos, 24 de ellas desaparecidas.
No es cuestión solo de casi doscientas mujeres secuestradas por la tiranía; se trata de una sistemática violación de derechos humanos que castiga desde adolescentes hasta mujeres de la tercera edad, detenidas sin debido proceso ni garantías de ningún tipo.
El Estado venezolano ha desplegado una maquinaria de violencia institucional que utiliza la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura psicológica como herramientas de control social. Al 24 de noviembre de 2025, la ONG Foro Penal reporta un total de 887 presos políticos en Venezuela. La cifra, que podría ser mayor puesto que muchos algunos familiares se inhiben de denunciar por temor a represalias, está en cambio permanente debido a nuevas detenciones y algunas liberaciones esporádicas.
Adolescentes de 16 años
Uno de los aspectos más perturbadores e indignantes de esta nueva ola represiva es la detención de menores de edad. El caso más reciente y emblemático es el de Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años detenida arbitrariamente en Caracas. Su madre ha responsabilizado directamente al ministro Diosdado Cabello de la persecución y encarcelamiento de su hija. Según los testimonios recabados, la liceísta fue retenida sin orden judicial, sin la presencia de representantes legales y sin que se notificaran los motivos de su captura. “Es una cadena de personas sufriendo”, denuncian los familiares, quienes denuncian que el secuestro de la muchacha es una estrategia para “sembrar miedo” en la población.
No es un patrón es aislado. Organismos como el Foro Penal han documentado la detención de decenas de adolescentes en el contexto de protestas, quienes son recluidos en condiciones inhumanas, mezclados con población adulta y sometidos a tratos crueles, negándoles el derecho a la defensa privada y al debido proceso.
Sippenhaft: el delito nazi de ser familia
El régimen ha perfeccionado la práctica del castigo colectivo, conocida en la doctrina totalitaria como ‘Sippenhaft’: la detención de familiares inocentes para forzar la entrega de un perseguido o para castigar a un opositor ya encarcelado.
El drama lo encarna, entre muchos otros venezolanos, María Elba Delgado de Rodríguez, de 69 años. Su “crimen” es ser madre de Heidy Hailyn Rodríguez, una dirigente política local. Al no encontrar a la hija durante un allanamiento el pasado 8 de enero, los funcionarios se llevaron a la madre, una adulta mayor sin antecedentes penales e insospechable de alguna trasgresión policial, para retenerla como rehén y represalia política.
A este caso se suma la tragedia prolongada de las hermanas Yolimar y Andreína Alemán, quienes llevan cinco años detenidas por ser parientes de un perseguido de Maduro. Ambas fueron capturadas en abril de 2020 durante una operación del DGCIM cuyo objetivo era su hermano, el teniente Richard Alemán. Las hermanas fueron secuestradas en su propia casa, frente a sus hijos y padres, y permanecen recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) como mecanismo de tortura psicológica contra su hermano preso.
BASTA DE BARBARIE ya van cerca de 200 MUJERES Secuestradas en Venezuela. Madres, Abuelas , Hermanas, tías.El RÉGIMEN aplica LA MISOGINIA como venganza en contra de la familia Venezolana
📌EL RÉGIMEN TORTURA, SECUESTRA, DESAPARECE MUJERES INOCENTES @clippve @zulimadelvalle… pic.twitter.com/CaScyhfWvv
— Mary Carmen Goicetti (@marygoicetty) November 22, 2025
El acoso también busca desmantelar las redes de resistencia y el activismo civil. Catalina Ramos, bióloga y expresidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, fue detenida el 26 de mayo de 2025, por haber coordinado iniciativas ciudadanas. Tras su detención, fue víctima de desaparición forzada durante días y luego mantenida incomunicada durante meses en El Helicoide, sin contacto con sus hijos ni abogados.
Violencia de género como política de Estado
Similar suerte corrió Albany Colmenares, politóloga de 31 años y secretaria política de Vente Venezuela (el partido de María Corina Machado) en Carabobo, detenida desde julio de 2025 en condiciones inhumanas por su participación en el proceso electoral. También destaca el caso de Ruth Morales, cuya hermana, Yésica, ha liderado protestas frente al PNUD gritando una verdad que el régimen intenta silenciar: “Mi hermana no es una criminal, simplemente salió a protestar”.
#URGENTE | La tiranía de Maduro secuestra y desaparece en Charallave a gran parte de la familia del diputado opositor de Voluntad Popular, Fernando Orozco —quien se encuentra en la clandestinidad desde hace varios meses.
Fueron desaparecidos su hijo, Brayant Orozco; su esposa,… pic.twitter.com/UCPMKEDXVW
— Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 26, 2025
Las denuncias presentadas en la sede de la ONU en Caracas revelan que la violencia contra estas mujeres va más allá de la privación de libertad. Las familiares de los presos políticos son sometidas a requisas vejatorias, obligadas a desnudarse antes de las visitas y extorsionadas por los custodios. Además, la cifra de 24 mujeres desaparecidas enciende las alarmas sobre la existencia de centros de tortura clandestinos y la total indefensión jurídica en la que se encuentran. Es un hecho ya conocido que hay numerosas casas repartidas por toda Caracas que son usadas con sedes escondidas de retención y tortura de hombres, pero es en los últimos meses cuando se ha empezado a hablar de covachas equivalentes para mujeres.
Rocío San Miguel y la condena internacional
Al aludir a las mujeres víctimas de la represión y secuestro del régimen de Maduro, es preciso repetir el nombre de la española Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024. La presidenta de la ONG Control Ciudadano y experta en temas militares se ha convertido en el símbolo de la indefensión en Venezuela. Acusada de “traición a la patria” y recluida en El Helicoide, su caso marcó un punto de inflexión, al demostrar que incluso las figuras de perfil técnico, defensoras de derechos humanos de alto nivel y con doble nacionalidad, no están a salvo de la maquinaria represiva.
¿Saben que Yosida Vanegas es una señora de tercera edad que es presa política porque su hijo es preso político y solo iba a visitarlo?
La tienen presa desde agosto de 2023 y se han multiplicado sus afecciones de salud. Como ella hay más de 180 mujeres presas. #EllasNoEstánSolas pic.twitter.com/juUhh8yoIG— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) November 23, 2025
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha advertido repetidamente que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y que estas detenciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Organismos como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que el Estado venezolano es responsable de una “represión sin precedentes” que busca anular cualquier forma de disidencia mediante el terror.
En este contexto oscuro, las voces de las madres y hermanas resuenan como un último reducto de resistencia moral. Como declaró Miriam Marrero, madre de la presa política Carla da Silva: “Cuando hay liberaciones, liberan a hombres, pero no a mujeres. Son relegadas, tienen hijos abandonados y madres sufriendo”. Hoy, Venezuela es una prisión donde la condición de mujer se ha convertido en un agravante para un régimen decidido a perpetuarse a cualquier coste.
Se preocupan, pero no se ocupan
Frente a esta sistemática demolición de la dignidad humana, la respuesta de la Unión Europea y de los organismos defensores de la democracia se ha militado a la retórica de la preocupación.
#EllasNoEstánSolas En dictadura es imposible exigirle a la gente que detenga su vida, sobre todo cuando pasa sus días tratando de salir adelante dignamente.
Lo cruel en Venezuela es el grupo de normalizadores que, para ganarse puntos con el poder, llama a familiares de las… pic.twitter.com/npyAbXw7qw
— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) November 23, 2025
De Bruselas a Washington, pasando por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se esperaría una transición urgente de los comunicados a la acción diplomática coercitiva. La credibilidad de las instituciones occidentales está en juego si permiten que la normalización de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro se construya sobre el olvido de estas 182 presas políticas y las 24 desaparecidas.
La exigencia debe ser innegociable: la liberación inmediata y sin condiciones de todas las mujeres y adolescentes detenidas, el cese de la persecución familiar y el restablecimiento del Estado de derecho.
Permitir que casos como el de la adolescente Samantha Hernández o la defensora Rocío San Miguel se diluyan en la burocracia internacional sería concederle al totalitarismo su victoria más cruel: la impunidad.