El régimen venezolano es una organización criminal transnacional, que utiliza las instituciones estatales para la represión política, el saqueo de recursos nacionales y la colaboración con redes de crimen organizado, incluido el narcotráfico. Esto lo afirma el Informe Anual del Instituto CASLA sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, presentado en Washington el 13 de mayo.
Pero ese mismo régimen, señalado en el citado informe de mantener un patrón sistemático de atrocidades contra la población civil, entre las que se cuentan represión, tortura y persecución, ha convocado elecciones regionales este domingo 25 de mayo para elegir a los 24 gobernadores y los 260 legisladores de los consejos legislativos estadales de cada provincia.
Venezuela en elecciones sin reconocer las anteriores
Y, claro, las llama “elecciones democráticas, libres, confiables…”. El mismo gobierno de Nicolás Maduro que desconoció los resultados de las elecciones presidenciales, convocadas por él con los mismas consignas, el 28 de julio del año pasado, y que perdió “por paliza”, como le recuerda a cada rato la líder opositora María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras haber demostrado con las actas de votación el triunfo del candidato retador, Edmundo González Urrutia.
Entonces, atornillado en el poder después de perder las elecciones presidenciales con un margen tan amplio como 70-30, Nicolás Maduro vuelve a convocar comicios. Y el contexto en que lo hace es explicitado por el Informe Anual 2024-2025 del Instituto Casla once días antes con un título tan escandaloso como este: “Venezuela: La instauración de un régimen del terror y persecución sistemática generalizada con la impunidad del poder y la injerencia del régimen cubano”.
Venezuela en la fase “más grave de represión” de la historia
El evento de la presentación del informe 2024–2025 del Instituto CASLA fue acompañado por Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hasta marzo de este año.
El documento apunta a demostrar no solo la continuidad y profundización de una política de represión sistemática en Venezuela, un señalamiento ya de por sí sangrante (nunca mejor dicho), sino que la dictadura opera como una “estructura criminal transnacional” que aprovecha las instituciones del Estado para la represión interna, el saqueo de recursos y la colaboración con actores ilícitos globales.
Y que en Venezuela, que se encuentra en la “fase más grave de represión en toda su historia” desde el inicio de las protestas en 2014, se ha consolidado una “dictadura” que ha evolucionado a “tiranía”, utilizando el “terror” para anular la disidencia.
Tun tun. Quién es. Gente sádica
El documento reitera la necesidad de acción por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que parece adormilada mientras en el país suramericano se registra una represión centralizada, con “audiencias masivas” contra opositores políticos y críticos; donde el régimen usa “conspiraciones” como excusa para perseguir partidos políticos (se menciona específicamente a Vente Venezuela y sus miembros); activa mecanismos como la “Furia Bolivariana” para perpetrar actos vandálicos, así como la “Operación Tun Tun”, llamada así porque uniformados con la cara cubierta pasamontañas golpean a la puerta de una vivienda para, de inmediato, ingresar, detener a quienes encuentren y proceder a robarse todo.
Como tantas otras ponencias presentadas por diferentes organizaciones multilaterales y ONGs de derechos humanos, la del CASLA patentiza desapariciones, asesinatos por organizaciones de seguridad y/o grupos paramilitares, golpizas contra manifestantes y la tortura como herramienta de terrorismo de Estado, así como centros de centros clandestinos de detención donde los detenidos permanecen incomunicados y sometidos a torturas de todo orden.
La tortura física y psicológica, de hecho, es calificada de “masiva”. El pliego del Casla detalla que en penales como Tocorón, a donde fueron enviados 1200 detenidos en el contexto de manifestaciones posteriores a las elecciones “robadas por Maduro”, se denuncian métodos de suplicio como descargas eléctricas, asfixia, administración de sustancias tóxicas, y violencia sexual y de género son prácticas documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Casla en informes anteriores.
Que la solidaridad y la profunda preocupación también sea por las mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela antes del 28J. Muchas también son víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso.
Que ellas también importen. https://t.co/bFunDUbIyO pic.twitter.com/eDJTHOFCxx— Kaoru Yonekura (@kaoru_yonekura) May 19, 2025
Violencia sexual contra mujeres detenidas
Mientras el régimen hace campaña electoral, a la que se han sumado algunos factores minoritarios de oposición, las mujeres venezolanas han devenido blanco específico y sistemático del terror bolivariano. Según la ONG Provea, al 8 de marzo de 2025, había 121 mujeres detenidas por “motivos políticos” en Venezuela. Estas mujeres, que incluyen a defensoras de derechos humanos, líderes sociales y profesionales, no solo enfrentan detención y incomunicación, sino que son sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sus historias, a menudo silenciadas, visibilizan la cara más brutal de la represión política.
Entre los casos emblemáticos destaca el de Rocío San Miguel, reconocida experta militar y presidenta de la ONG Control Ciudadano. Detenida desde el 9 de febrero de 2024 y acusada de “terrorismo” y “traición a la patria”, San Miguel ha sido mantenida en prisión en condiciones de indefensión, sin acceso a abogados de su confianza y con denuncias sobre su estado de salud, incluyendo una fractura de hombro sin atención adecuada. Vale recordar que Rocío San Miguel tiene doble nacionalidad, de manera que es también española.
Organizaciones internacionales como WOLA han documentado que la violencia sexual contra las mujeres detenidas es una estrategia gubernamental. Estas prácticas incluyen violación (utilizando partes del cuerpo u objetos), amenazas de violación directas o contra sus seres queridos, desnudez forzada y violencia de género selectiva. Se ha denunciado también la falta de productos de higiene menstrual y la obligación de realizar necesidades básicas en presencia de hombres, lo que conlleva humillaciones y agresiones sexuales. El informe del Casla señala que la desaparición forzada se utiliza como “política de Estado”, una táctica que busca generar terror y desmovilizar a la oposición.
Para ello, la tiranía se ha valido de leyes que autorizan la represión, como la Ley Contra el Odio, la Ley de Protección al Derecho a la Vida y a la Integridad de las Personas, la Ley de Regularización y Control de la Actividad de los Partidos, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines.
Un voto en medio del desastre
En suma, las “elecciones regionales” del 25 de mayo se desarrollan a la sombra de una represión sitemática y masiva, según el Casla con “intervención del Estado cubano en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. Con una economía colapsada y un creciente aislamiento internacional que se manifiesta ahora con la suspensión de vuelos a Colombia, decretado por el ministro Diosdado Cabello, segundo del régimen, desde su programa de televisión en la emisora estatal.
El aislamiento de Venezuela no solo es político y económico, sino también geográfico y aéreo, lo que afecta la conectividad, ya precaria, de sus ciudadanos con el resto del mundo. A pocos días de las elecciones, el régimen anunció la suspensión unilateral de todos los vuelos provenientes de Colombia, vigente entre el 20 y el 26 de mayo de 2025. La decisión fue justificada por el sancionado Cabello, quien alegó la presunta llegada de “mercenarios” con planes de “sabotaje” electoral a través de vuelos o la frontera terrestre colombiana, vinculando estas denuncias a la líder opositora María Corina Machado.
Esta medida afecta a aerolíneas como Avianca, LATAM Airlines y Wingo, así como a las venezolanas Avior y Laser.
Con la inflación desbocada
Más allá de la represión, la vida cotidiana de los venezolanos está definida por una
inflación desbocada, una de las inflaciones más altas del mundo. Sin duda, la más alta de América Latina, así como una devaluación constante que erosiona los ingresos de la población y encarece los bienes y servicios. A lo que, desde luego, se suman los “salarios” irrisorios de menos de 5 dólares mensuales, lo que imposibilita cubrir la canasta básica alimentaria, que supera ampliamente los 500 dólares; y el colapso de los servicios públicos, agua, electricidad, salud, transporte.
La combinación de esta crisis económica, marcada por la inflación y la devaluación galopantes, y la represión política, ha generado una de las mayores crisis de desplazamiento forzado del mundo. Las cifras más recientes de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) de la ONU, señalan que más de ocho millones de venezolanos han abandonado el país. Este número, dinámico y en tendencia creciente, demuestra la desesperación de millones que ven la emigración como la única salida para sobrevivir.
Este es el panorama en el que Maduro ha llamado a los venezolanos a las urnas de votación…