La decisión de la Administración Trump de sancionar a la jueza Tomoko Akane, la presidenta japonesa de la Corte Penal Internacional (CPI) ha sentado como un jarro de agua fría en Tokio. La polémica medida coloca al Gobierno de Sanae Takaichi, uno de los aliados más cercanos de Washington, en una situación incómoda, mientras Donald Trump continúa con su campaña para intensificar la presión sobre una una institución creada para juzgar los delitos internacionales más graves como el genocidio.
El Ejecutivo japonés ha tachado las medidas estadounidenses contra la jueza Akane de “profundamente lamentables”. Este miércoles, la primera ministra Takaichi, ha reiterado la postura del Gobierno y ha calificado la situación de “muy desafortunada”, según recoge el diario “Japan Times”. Con todo, también delcaró que mantendrá una estrecha comunicación con los países pertinentes, incluido Estados Unidos.
Durante la noche del martes, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anunció oficialmente las sanciones contra Akane y Abdoulaye Seye, un abogado senegalés de la CPI. A partir de ahora, EE UU ha congelado sus bienes e intereses financieros sujetos a la jurisdicción estadounidense. Asimismo, restringen las transacciones y los servicios en los que participen entidades estadounidenses y les han impuesto restricciones de entrada al país.
Last month, I launched a diplomatic campaign to dismantle the ICC’s threat to our national sovereignty. The Trump Administration is sanctioning ICC President Tomoko Akane and Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye in our unwavering mission to protect Americans from this sham of a…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 18, 2026
La Administración Trump ha acusado a la Corte Penal Internacional de ser un “tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado” que ha abusado de su autoridad. Las sanciones forman parte de una campaña emprendida por el presidente estadounidense contra el tribunal, que ha investigado presuntos delitos en los que están implicados militares en Afganistán y ha llegado a dictar órdenes de detención contra líderes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en Gaza. Cabe recordar que ni EE UU ni Israel son miembros de la CPI. Recientemente, varios países de la órbita Trump como Venezuela se han salido del Tribunal Internacional.
“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que opera de conformidad con el mandato conferido por sus Estados miembros de todas las regiones”. En la actualidad, “nueve de los dieciocho jueces, los dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal han sido sancionados por Estados Unidos”, han recordado en un comunicado la propia CPI.
“Tales medidas dirigidas contra jueces, fiscales y personal que trabajan para el cumplimiento del mandato conferido a la CPI por los Estados socavan el Estado de Derecho. Cuando los actores judiciales se ven amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se ve puesto en peligro. Las amenazas y las medidas coercitivas también afectan a la capacidad de las víctimas para obtener justicia, ya que estas recurren a la Corte cuando se han agotado todas las demás vías”, sostienen en la Corte.
Pero aseveran que “no se dejarán intimidar”. La Corte “respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables”. Seguirán cumpliendo plenamente su mandato con “independencia e imparcialidad, en plena conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”.
Quién es la presidenta de la CPI
Akane lleva más de cuatro décadas dedicada al sistema de justicia penal japonés. Nombrada fiscal en 1982, ha prestado servicio en fiscalías de distintos niveles, desde las de distrito hasta la Fiscalía General, y ha trabajado en causas penales en todas las fases del proceso: investigación, enjuiciamiento, juicio y apelación. También participó en labores legislativas y dedicó más de nueve años a la asistencia jurídica y al desarrollo de capacidades para fiscales y jueces de otros países.
Antes de incorporarse a la CPI en 2018, ocupó el cargo de embajadora de Japón para la Cooperación Judicial Internacional. Fue elegida miembro de la CPI en diciembre de 2017 y comenzó su mandato judicial de nueve años en marzo de 2018. Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Corte y de su Sala de Apelaciones.
Para Tokio, las sanciones contra ella y la CPI son un varapalo. Japón es uno de los principales contribuyentes financieros de la CPI y un aliado clave de Estados Unidos. En marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, comunicó a Akane que Japón apoyaría firmemente a la Corte para que pudiera funcionar con su independencia y seguridad garantizadas.
A finales de 2025, cuando comenzó la campaña de desprestigio contra la CPI, Akane denunció las sanciones contra los fiscales y jueces de la CPI en el punto de mira, pues las medidas los situaban “al mismo nivel que los terroristas y los narcotraficantes” e insistió en que su independencia “permanece intacta” y no cederá ante “ninguna presión”.