“Los franceses esperan que los responsables políticos sean irreprochables”, decía Marine Le Pen en 2017 al criticar a su rival en aquellas elecciones, el republicano François Fillon, entonces acusado de corrupción. Pero, al decidir presentarse a las presidenciales de 2027 pese a su condena en segunda instancia por malversación de fondos públicos europeos, la heredera del eslogan manos limpias, cabeza alta, enarbolado por su padre Jean-Marie Le Pen desde los años 90, rompe con una de las banderas históricas del populismo de extrema derecha –sin perder, por ahora, la confianza de su electorado–.
La dirigente de 57 años, favorita en todos los sondeos para la primera vuelta, ha jugado su última carta judicial al presentar un recurso ante la Corte de Casación. Mientras el alto tribunal no se pronuncie, la ejecución de la condena queda suspendida. Ese margen temporal es la baza con la que cuentan los lepenistas de cara a las elecciones.
La amenaza del brazalete
Sin embargo, si la sentencia fuera confirmada antes o durante la campaña electoral, Le Pen tendría que cumplir la pena de prisión bajo brazalete electrónico. La propia líder ultraderechista ha descartado esa posibilidad, asegurando que no haría campaña con brazalete. Se abriría entonces una nueva disyuntiva: desdecirse una vez más o ceder el relevo a su delfín, Jordan Bardella, a quien el partido prepara intensamente desde hace casi dos años como plan B, aunque sigue muy por detrás de su mentora en intención de voto.
La erosión de la ética pública
Ante el electorado, Marine Le Pen ha minimizado el alcance del delito por el que sigue declarándose inocente: “No hubo enriquecimiento personal”, repitió para las cámaras. La estrategia de restar importancia al desvío de cerca de cuatro millones de euros del Parlamento Europeo, destinados durante una década a financiar actividades del partido en Francia, parece no haber tenido, por ahora, un coste electoral significativo.
Esta aparente indiferencia constituye, para varios analistas, una de las principales novedades del momento político francés. El profesor de derecho público Paul Cassia, en artículo publicado en Le Monde, consideró el caso “el último indicio del deterioro de la ética pública”. Basta con recordar que Le Pen defendía la inelegibilidad de por vida a los condenados por corrupción.
En el camino hacia su cuarta candidatura presidencial, la líder ultraderechista ha superado además el principal obstáculo inmediato, el de su elegibilidad. La Corte de Apelación redujo la pena de inhabilitación de cinco años a 45 meses, de los cuales solo 15 eran de cumplimiento efectivo y ya habían transcurrido.
Cirugía política
En la historia reciente de Francia, solo dos expresidentes han sido condenados por la justicia penal, ambos después de dejar el cargo: Jacques Chirac (1995-2007) y Nicolas Sarkozy (2007-2012). Sarkozy llegó a cumplir parte de su pena con brazalete electrónico y pasó además tres semanas en prisión.
Marine Le Pen, desde que rompió con el clan familiar para asumir el liderazgo del entonces Frente Nacional, ha llevado a cabo dos grandes operaciones de cirugía política. La primera consistió en desdemonizar el partido: hacerlo aceptable para el electorado moderado y el mundo empresarial, relegando el discurso anticapitalista y los excesos retóricos heredados de su padre. La segunda está aún en marcha y responde a una necesidad distinta: desplazar el foco desde la probidad de los dirigentes hacia el funcionamiento de la Justicia.
Ese giro se hizo visible a medida que los procedimientos judiciales fueron estrechando el cerco sobre ella. La dirigente que durante años hizo de la ejemplaridad uno de sus principales argumentos contra la “casta” política pasó a denunciar la “tiranía de los jueces”, los “jueces rojos” y un supuesto uso político de la Justicia. Incluso Nicolas Sarkozy, a quien había criticado con dureza a raíz del affaire Bismuth, terminó recibiendo su complacencia, y Le Pen calificó la ejecución inmediata de la sentencia contra el expresidente de “un gran peligro” para la democracia.
La estrategia ha encontrado eco en una parte de su electorado, que interpreta el caso de los parlamentarios europeos de Agrupación Nacional como una batalla política más que un problema de probidad pública.
La batalla por el Elíseo
Marine Le Pen sigue encabezando con claridad los sondeos para la primera vuelta, con un 36% de intención de voto. Muy por detrás se sitúan el ex primer ministro Édouard Philippe (Horizons, 21%), el también ex primer ministro Gabriel Attal (Renacimiento, 15%), actual líder del partido macronista y distanciado de Emmanuel Macron desde la controvertida disolución de la Asamblea Nacional en 2024. Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa, entre el 11% y el 13%), único candidato de la izquierda entre los mejor situados, ocupa el cuarto puesto, seguido del exministro del Interior Bruno Retailleau (Los Republicanos, 10%).
Mientras la ultraderecha continúa ampliando su influencia –desde el creciente peso mediático del grupo de Vincent Bolloré hasta el acercamiento de parte del mundo empresarial–, la izquierda se fragmenta entre Mélenchon y un espacio socialdemócrata y ecologista que todavía no ha logrado consensuar un candidato único. El balance de los dos mandatos de Emmanuel Macron también ha dividido el bloque de centro y centro-derecha, donde Philippe, Attal y Retailleau representan proyectos políticos diferenciados.
Si finalmente Le Pen abandona la carrera, su sustituto natural, Jordan Bardella, obtendría entre un 13% y un 15% de intención de voto, muy lejos del respaldo de la líder ultraderechista.
La dificultad para Le Pen solo aparece en una hipotética segunda vuelta. Según los sondeos, perdería un eventual duelo con Édouard Philippe y Gabriel Attal. Frente a Jean-Luc Mélenchon, en cambio, partiría como clara favorita, con un 67 % de intención de voto.