El doble seísmo que arrasó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio deja ya, según el balance oficial, 2.595 muertos y 12.400 heridos. La ONU eleva los desaparecidos a más de 50.000 y diez días después de la tragedia, todavía hay decenas de personas atrapadas bajo los escombros. Son números que en otros territorios golpeados por temblores de intensidad parecida resultarían sencillamente impensables, y la explicación no hay que buscarla en la geología, sino en la solidez del Estado que soporta las sacudidas.
Basta con mirar a Japón para entender la distancia. Uno de los territorios más sísmicos del planeta ha hecho de la convivencia con los terremotos una auténtica política de Estado, sostenida durante décadas sobre códigos de construcción antisísmicos, edificios diseñados para balancearse sin desplomarse, sistemas de alerta temprana que avisan segundos antes de que llegue el temblor y una población entrenada desde la infancia para saber cómo reaccionar.
Gracias a ese entramado, seísmos que serían devastadores en cualquier otro lugar se saldan a menudo con un número reducido de víctimas. A cambio, el país nipón lleva décadas apostando su inversión sobre la planificación y la disciplina institucional, ya acumulada y heredada de generación en generación.
Venezuela: la cara B
Venezuela representa justo el lado contrario de la fotografía. El país arrastra más de una década de colapso económico que ha ido vaciando hospitales, servicios públicos e infraestructuras, y buena parte de los edificios que se derrumbaron en La Guaira se habían levantado sin control alguno ni normativa antisísmica que los sostuviera.
Cuando llegó la sacudida, las estructuras del Estado respondieron tarde y a trompicones ante una emergencia para la que nadie se había molestado en prepararse. Los daños, ya calculados millonarios, han afectado a más de 58.000 edificios, unos números muy por encima de los 200 derrumbes totales que reconoce el Gobierno de Rodríguez, que sin la solidaridad de los más de 120 países desplegados sobre las ruinas no habría sido capaz de absorber la catástrofe.
En su primera rueda de prensa, celebrada ocho días después del desastre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la gestión del chavismo con un tono marcadamente combativo, rechazando las denuncias de lentitud como parte de informaciones que pretendían “generar caos” y tachando de “miserable” cualquier intento de politizar la tragedia. “Hicimos todo lo que está en nuestras manos”, zanjó, mientras presumía del despliegue de casi 19.000 funcionarios y situaba a la Fuerza Armada como pilar de unos rescates que, según ella, arrancaron desde el primer momento.
“Abandonados las primeras 72 horas”
El relato oficial, sin embargo, choca de frente con lo que cuentan quienes sobrevivieron. Los vecinos de La Guaira aseguran haberse sentido completamente abandonados durante las primeras 72 horas, precisamente las que resultan decisivas para hallar personas con vida. A las críticas por la tardanza se sumaron además las imágenes de vecinos escarbando entre los escombros con sus propias manos, los saqueos -algunos protagonizados por los propios policías, ya detenidos- y las acusaciones de rescates selectivos que habrían dado prioridad a los funcionarios.
La propia mandataria terminó admitiendo que existían “zonas muy remotas” a las que sus equipos tardaron en llegar, y justificó los retrasos por los daños sufridos en los aeropuertos, que obligaron a improvisar puentes aéreos desde los estados vecinos. Son reconocimientos a medias que, sin quererlo, confirman lo que la comparación con Japón deja al país evidencia.