“Llevamos 65 días sin saber nada de él. Estamos todos destrozados. En esta espera hay horas que pasan como si fueran años”, confiesa a Artículo14 Atossa, hermana de Parsa Najafi, un joven iraní que sueña con estudiar informática en la universidad y que cumplió, sin embargo, los 20 años en una cárcel de la República Islámica.
Sin vinculación con las protestas antigubernamentales que sacudieron Teherán y otras muchas ciudades de Irán -y que llevaron a prisión a miles de personas por su participación en las mismas después de una implacable actuación de las Fuerzas de Seguridad– en enero y febrero pasados, la detención de Parsa el 6 de junio en su domicilio familiar de la ciudad de Isfahán pone el foco en otra de las crudas realidades -hoy desapercibida por mor de la guerra y las informaciones de carácter geopolítico- de la República Islámica de Irán: la persecución de las minorías religiosas.
Como otras 300.000 personas -una mera estimación dadas las circunstancias- en el país de Asia Central, Parsa es bahá’í, es decir, perteneciente a una minoría religiosa no musulmana -la mayor del país- que enfrenta una persecución sistemática por parte de las autoridades iraníes desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Entre otras muchas consecuencias, los jóvenes bahái’ís tienen vetado el acceso al sistema público de universidades de Irán.
El miedo a la condena a muerte
Sin juicio a la vista, las autoridades judiciales iraníes, que hoy celebran haber sobrevivido al cumplirse seis meses del inicio de la ofensiva bélica israelo-estadounidense- acusan al joven de “espionaje para países enemigos”, según ha confirmado a este medio su familia. “Parsa permanece detenido sin que nuestra familia haya recibido cargos oficiales, razones legales específicas de su detención, ni pruebas en su contra. Actualmente no existe información transparente disponible sobre el estado de su caso”, revela desde Alemania su hermana a Artículo14.
“El miedo que tenemos es que conforme se prolongue la detención, mi hermano acabe sufriendo la presión psicológica y viéndose forzado a confesar”, admite Atossa. “Y si lo hace, lo siguiente es que puede ser condenado a muerte. Tenemos mucho miedo porque hay un goteo de casos de jóvenes ejecutados en los últimos meses”, añade la joven.
Según datos de la ONG Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 511 personas ejecutadas en lo que va de 2026 en todo Irán (por cualquier delito). De esas 511, IHR identifica al menos 29 personas ejecutadas por su participación en las protestas del pasado enero, entre ellas 16 mujeres y 13 presos políticos vinculados a grupos opositores prohibidos.
Incomunicado en la cárcel
Según la información compartida por la familia, el primer registro de las fuerzas policiales del domicilio común en Isfahán tuvo lugar el pasado 22 de diciembre. La segunda concluyó con la detención del joven hace ya casi tres meses. “Fue un shock muy fuerte para nuestra familia. Durante el arresto, las fuerzas de seguridad registraron toda la casa y confiscaron numerosos objetos personales, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles privados, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, libros bahá’ís y otros libros, fotografías y pinturas, documentos de identidad y otros artículos personales”, relata la hermana del joven detenido.
“Además, las Fuerzas de Seguridad se comportaron de manera irrespetuosa y ofensiva hacia los miembros de la familia durante el registro y alguno de ellos afirma que sufrieron incluso malos tratos físicos”, añade Atossa Najafi a Artículo14.
Tras su arresto, Parsa fue trasladado a la Prisión Central de Isfahán, donde se encuentra en estos momentos. “Nuestra familia fue informada de su traslado únicamente mediante una breve llamada telefónica. Desde su arresto, en un primer momento no se permitió a Parsa contactar con su familia por teléfono”, explica la joven de 23 años desde Berlín. Solo tras reiterados esfuerzos y varias solicitudes inicialmente rechazadas se permitieron dos breves visitas familiares.
“Nos han dicho que no está en condiciones de recibir visitas”
Pero la preocupación y el miedo se acrecientan para la familia con el paso de los días. Desde finales de junio, cuando se produjeron las dos citadas visitas, su familia ha perdido el contacto total con el joven. “Físicamente estaba bien, aunque mis padres percibieron el daño psicológico, la grave angustia que sufre mi hermano. Según lo que ellos notaron, estaba siendo sometido a una presión emocional considerable. Parsa relató que se estaba ejerciendo sobre él una importante presión para que hiciera una confesión falsa y forzada”, explica.
“Ha pasado mucho tiempo desde entonces y, a pesar de los requerimientos de mis padres, desde la cárcel lo último que se nos ha dicho es que Parsa no está en condiciones de ser visitado. Tenemos miedo de lo que le han podido hacer”, revela a Artículo14 la joven iraní. “Además se nos dio otra explicación: que mis padres habían hecho demasiadas preguntas durante la última visita y que Parsa había compartido demasiada información”, agrega la joven a Artículo14.
En fin, a partir de la información comunicada por Parsa a su familia y las circunstancias que rodean su detención, al cierre de esta edición no se había presentado ninguna prueba, documentación, testimonio de testigos ni ningún otro indicio creíble que vincule a Parsa con espionaje, colaboración con entidades extranjeras o actividades similares.
“Tememos que posibles acusaciones puedan estar siendo construidas mediante presión psicológica, amenazas y coacción con el fin de obtener una confesión”, asegura su hermana. Además, desde la familia del joven iraní se asevera que, aunque se le ha proporcionado un abogado, el acceso efectivo del mismo se ha visto significativamente restringido. El jurista no ha podido visitar a Parsa, ni ha tenido acceso al expediente del caso. Tampoco ha dispuesto de oportunidades suficientes para comunicarse con las autoridades competentes ni para, en definitiva, brindar una asistencia legal efectiva al joven bahá’í.
“Como hermana de Parsa y en nombre de mi familia, solicito respetuosamente que se supervise de cerca su situación y que se adopten todas las medidas posibles para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un proceso legal justo y transparente, el acceso a asistencia legal, la protección frente a la coacción y los malos tratos, y la preservación de su seguridad física y psicológica”, insta a la comunidad internacional la joven, que agradece a Artículo14 la atención mediática del caso de su hermano.
Una fe perseguida
La fe bahá’’í tiene una estructura administrativa mundial organizada: en la base están las Asambleas Espirituales Locales (electas por cada comunidad), sobre ellas las Asambleas Espirituales Nacionales, y en la cúspide la Casa Universal de Justicia. Su centro mundial y lugares sagrados están en Haifa, en Israel, donde se ubican el santuario de Bahá’u’lláh y la sede administrativa. Ello se debe a que el fundador se exilió allí como resultado tanto de la persecución de las autoridades otomanas como iraníes en el siglo XIX, no por elección propia.
En Irán, cuna de la religión -la fe nació en Persia en 1844-, los bahá’ís sufren una persecución sistemática desde 1979: se les niega reconocimiento constitucional, se les excluye de universidades y empleo público, sufren arrestos arbitrarios, confiscación de bienes y profanación de cementerios, todo bajo un plan estatal que se hizo público en un documento gubernamental filtrado en 1991, según activistas de derechos humanos. Una realidad que no ha hecho sino empujar a los miembros de la comunidad a abandonar el país en un goteo incesante en las últimas décadas.
La situación no es fácil tampoco para la minoría en Qatar, Egipto o Yemen. En el emirato, el líder de la pequeña comunidad bahá’í fue condenado a cinco años de prisión por publicaciones en redes sociales que un tribunal consideró que “ponían en duda los fundamentos del islam”. En Egipto, la pequeña minoría bahá’í ha sido perseguida históricamente por no ser reconocidos como religión legal, enfrentando hostilidad de sectores islamistas radicales.