Hay momentos en los que un Gobierno deja de ser simplemente incompetente y empieza a convertirse en un problema para aquello que tiene la obligación de proteger. Lo ocurrido en Ceuta, y sobre todo la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, nos obliga a pensar que hemos llegado a ese punto. Lo de Ceuta no ha sido una crisis migratoria más. No podemos permitir que se devalúe su gravedad hasta convertirla en una estadística de llegadas irregulares, en un problema asistencial o en otro episodio de presión sobre nuestra frontera sur. En Ceuta se ha vulnerado una frontera española, se ha puesto en cuestión nuestra integridad territorial y se ha desafiado la capacidad del Estado para ejercer su soberanía sobre una parte de España. Había avisos, advertencias sobre lo que podía suceder: del propio Juan Vivas, presidente de Ceuta; el Partido Popular; los servicios de inteligencia del Estado. Las señales estaban encima de la mesa y el Gobierno decidió ignorarlas o minusvalorarlas. Después ocurrió y fue entonces cuando en lugar de asumir responsabilidades, reaccionar con toda la contundencia del Estado y explicar a los españoles la verdadera dimensión de lo acontecido, comenzó la operación para rebajar su gravedad y así poder justificar la ausencia del Gobierno de Sánchez.
Si se devaluaba lo sucedido, si se convertía lo extraordinario en ordinario y se hacía desaparecer de los titulares la crisis de seguridad nacional, el presidente del Gobierno podría irse de vacaciones.
Hay acontecimientos que retratan a un Gobierno mejor que cien discursos. Lo ocurrido en Ceuta en los últimos días de julio es uno de ellos. Pero sería un error analizar lo ocurrido únicamente desde Ceuta. Ceuta es hoy el síntoma más grave de una deriva que lleva demasiado tiempo desarrollándose. España ha pasado de ejercer una política exterior reconocible a exhibir una debilidad inusitada frente a Marruecos. De aspirar a liderar en Europa a comportarse demasiadas veces a la defensiva -cuando no a la ofensiva- con quienes son nuestros socios naturales y efectivos. Y todo ello sucede mientras internamente avanza un proyecto político que pretende sustituir progresivamente la idea constitucional de España por otra distinta: una España plurinacional, asimétrica y desigual. No nació ayer.
Su antecedente político e intelectual está en aquel José Luis Rodríguez Zapatero, el de las joyas por valor de 1,3 M€, de origen desconocido para los españoles y para la hacienda pública. El faro moral del sanchismo, el mismo expresidente cuya actividad internacional y relaciones merecen hoy muchas más explicaciones de las que hemos recibido. Zapatero, que proclamó que España era una nación «discutida y discutible». Aquella frase no era una anécdota, era toda una concepción de España. Y para construirla era necesario cuestionar primero la anterior, erosionar el sistema político que los españoles nos dimos en 1978. Debilitar los contrapesos institucionales, colonizar los organismos públicos, deteriorar la independencia de las instituciones y controlar la información sustituyendo los hechos por el relato oficial del Gobierno para que los españoles empezásemos a dudar de nosotros mismos. Dudar de nuestra historia, de las instituciones, de la Constitución española, de la condición de nación e incluso de nuestras propias fronteras. Ceuta y Melilla son España. Lo son histórica, jurídica, constitucional y democráticamente. Lo son por la convicción profunda de los más de 160.000 mil españoles que allí vivimos y construimos España cada día.
España no está en discusión, aunque algunos lo pretendan para tapar sus vergüenzas, incompetencia, irresponsabilidad y negligencia, utilizando para ello a las dos ciudades autónomas por la única circunstancia de estar geográficamente situadas en África.
Que Marruecos lo haga para disfrazar el ridículo internacional que ha hecho, con 80.000 personas huyendo de su país, en su mayoría jóvenes, al grito de “Viva España”, mientras el mensaje institucional del Reino era el de un Marruecos próspero, desarrollado, con futuro e incluso equiparable a la Unión Europea, se podría hasta entender. Pero que el Gobierno de España lo consienta agachando la cabeza y arrodillándose a los intereses de un tercero, mientras abandona a nuestros compatriotas en Ceuta, sólo acredita la inmoralidad de quienes lo ocupan.
Soy melillense, española y europea. Lo afirmo con la misma naturalidad con la que lo haría cualquier español nacido en Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao o La Coruña. Que mi tierra esté geográficamente en África no me convierte en marroquí. Como ser africano no convierte a un argelino en marroquí. Ni a un mauritano. Ni a un maliense. La geografía no determina la nacionalidad de un territorio. La historia, el Derecho, la soberanía y la voluntad democrática de sus ciudadanos sí. Pero es que Ceuta y Melilla representan, además, algunas de las expresiones más hermosas de lo que España ha llegado a ser. Son ciudades abiertas y plurales, donde uno puede ser cristiano, musulmán, judío, hindú, agnóstico o ateo, sin que ninguna de esas cosas determine la intensidad de tu pertenencia a España. Sociedades maduras que convivimos en libertad, igualdad y respeto, dentro de un mismo proyecto común y bajo la misma bandera. La pregunta que me hago es otra: ¿vamos a aceptar que un mal Gobierno nos lleve a cuestionarnos nuestra propia esencia como nación y nuestra integridad territorial? No lo consintamos.
Ese es su objetivo. Que dudemos, que todo sea relativo, discutible. Que ninguna institución conserve suficiente autoridad y que ninguna certeza sobreviva demasiado tiempo. Que cada escándalo sea sustituido inmediatamente por el siguiente hasta producir una sociedad exhausta, anestesiada y descreída. España no es un Estado fallido. España tiene un Gobierno fallido, pero Pedro Sánchez no es España y su Gobierno tampoco lo es.
España somos los españoles, nuestras instituciones cuando ejercen sus funciones con independencia: nuestros jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los militares, los cientos de miles servidores públicos que sostienen nuestro país.
España son todos los rincones de nuestra geografía. España es Ceuta y es Melilla. Por eso lo sucedido no puede quedar reducido a una polémica más, tampoco puede quedar impune. El Gobierno ignoró las advertencias, llegó tarde y sigue ausente. No protegió nuestras fronteras, no ejerció el liderazgo que las circunstancias exigían y ha pretendido reducir políticamente la magnitud de lo sucedido. Mientras tanto, nuestros compatriotas ceutíes continúan soportando sus terribles consecuencias. Y, ante esto, el resto de los españoles no podemos permanecer impasibles. Tenemos una obligación moral con ellos. Tenemos que hacerles llegar, y lo pretendo desde esta tribuna, que no están solos. Que cuando defienden Ceuta, cuando reclaman que el Estado ejerza plenamente su soberanía, defienden España; cuando exigen seguridad en la frontera, defienden España y Europa. Pero hay una batalla previa a todas las demás que debemos ganar: la batalla contra la resignación.
No, España no está en discusión. Frente a quienes pretenden una España más débil, más fragmentada y más insegura de sí misma, reivindiquemos exactamente lo contrario: la España libre, plural, constitucional, europea y orgullosa de lo que es. Este mal Gobierno ha abandonado a Ceuta, pero los españoles no.
Así que alcemos la voz por nuestros compatriotas ceutíes, que están en primera línea defendiendo algo que pertenece a todos: España.