Es bueno hacer el ejercicio de repasar la hemeroteca de los últimos tres años porque lo que comprobamos es que la actual legislatura se está librando más en el juzgado que en el Congreso de los Diputados. Los casos que están ahora mismo judicializados con políticos implicados recaen sobre los dos principales partidos en España. Lo que pasa es que la responsabilidad se mide de forma diferente si está en la oposición o si está en el gobierno. No nos merecemos un gobierno que ataca a la justicia cada vez que se investiga a uno de los suyos ni una oposición que condena sin proceso y sin juicio cuando el investigado es de los de enfrente.
¿España es un país corrupto? Según el último informe de la entidad Transparencia Internacional del 2025 publicado el pasado mes de febrero España ocupa el puesto 49 en el índice de percepción de la corrupción de un total de 182 países. Si se ve así esta posición no es del todo mala, pero ha empeorado. En tan solo un año, España ha descendido tres posiciones y ha perdido un punto de valoración , del 56b al 55 sobre 100. Digamos que es un aprobado muy raspado y 10 puntos menos que hace 13 años cuando la nota era de 65. En Europa la tendencia tampoco es buena: España está en la posición 17 de los 27 países de la UE. La única manera de reconducir la situación son reformas profundas en transparencia porque existe un estancamiento en la aplicación de los estándares anticorrupción y problemas en los mecanismos de rendición de cuentas. Lo que pasa es que para impulsar estas reformas como el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado el año pasado, debe haber consenso y en España cada vez es más infrecuente ver que los partidos se pongan de acuerdo.
Hasta ahora lo que hemos visto es que cada reforma aprobada para luchar contra la corrupción se ha traducido en mayor burocracia, más lentitud de las administraciones y una tendencia a la parálisis. ¿Y de qué sirven estas medidas si siguen apareciendo casos? Pues lo primero que se ve es que no han frenado el mal uso del sector público y si han perjudicado a los ciudadanos. Así que bienvenidas sean las reformas para evitar la corrupción pero estudien bien antes qué van a hacer para que no salgan perdiendo los de siempre, los que pagan y no tienen culpa.
El último caso que nos ha dejado a todos en schock es la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero. Ha sido un expresidente sin protagonismos que en principio no se dedicaba a los negocios y que formaba parte del Consejo de Estado. Después de verle como presidente era un papel que le pegaba. Casi nadie sabía de él hasta que reapareció en la escena política junto a Pedro Sánchez. Muy pocos conocían de sus negocios pero sin duda el protagonismo que asumió ha hecho que el foco se vuelva contra él. Ahora a quien le toca dar explicaciones es a Sánchez. El presidente del Gobierno tiene que contarnos su relación con el expresidente Rodríguez Zapatero en los últimos tiempos. No por los delitos supuestamente cometidos por el expresidente, sino por su relación con él en los últimos años. Si el Consejo de Ministros aprobó el rescate a Plus Ultra Sánchez tiene que explicar hasta qué punto influyó la relación entre los dos presidentes para considerar estratégica esta compañía.
No basta con apelar a la presunción de inocencia, que todos los partidos invocan cuando es uno de los suyos el afectado pero olvidan cuando el afectado es del otro partido. No se puede seguir apelando al lawfare como han hecho los socios del Gobierno ni tampoco como ha hecho la oposición inventarse a enemigos imaginarios diciendo que ha sido Trump quien ha proporcionado esta información sobre Zapatero para provocar una crisis de Gobierno en España cuando hemos sabido que ha sido la administración Biden quien proporcionó esta información a la fiscalía de Francia y Suiza en el marco de investigar el blanqueo de capitales de Nicolás Maduro. Por eso, en este contexto, lo que hay que exigir a Zapatero es que se explique en su próxima comparecencia judicial.
Lo último es que el pasado miércoles la Audiencia Nacional envió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a Ferraz para requerir información, e imputó, entre otros, a la actual gerente, Ana Fuentes, en el marco de una investigación judicial secreta que apunta a una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno”, red que según el juez presuntamente está liderada por el ex secretario de Organización, Santos Cerdán. Esta operación llega justo una semana después de que el ex presidente Rodríguez Zapatero haya sido imputado por tráfico de influencias y blanqueo. Este nuevo caso por una supuesta trama para desestabilizar procedimientos judiciales obliga más que nunca a dar explicaciones. Son acusaciones muy graves y no basta con decir que hay que dejar trabajar a la justicia. Creo que el momento exige una total rendición de cuentas, ante la ciudadanía y los militantes.