La nueva condición de investigado de Rodríguez Zapatero tocó a rebato en las filas socialistas en cuanto se conoció la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Pedro Sánchez llamó a los suyos a través de un mensaje a defender el nombre del expresidente y a ello se dedicaron con ahínco de inmediato todos los dirigentes del PSOE y muchos de sus satélites mediáticos.
Ninguno se había leído el auto, nadie se preguntó por qué Zapatero podría haber cobrado de manera indirecta dos millones de euros de un rescate en el que dice que no participó, pero eso, al parecer, era lo de menos. Lo que importaba era poner en cuestión el trabajo del juez Calama, un magistrado que, además, está especializado en delitos económicos y que fundamentó todas sus acusaciones contra el expresidente en un auto de 88 páginas en el que recuerda que estamos en una fase embrionaria de la investigación, pero que hay indicios para poder demostrar que Zapatero lideró una red de tráfico de influencias donde él señalaba a los potenciales clientes, indicaba qué tipo de sociedades instrumentales había que montar (hasta nueve dentro y fuera de España) y encontraba también el modo de desvincularse formalmente de ellas.
Sus potenciales clientes sabían, además que el camino para llegar a él pasaba por su íntimo amigo Julio Martínez, el encargado de canalizar la mordida que tenían que abonar. Esto recuerda a lo que Napoleón III le dijo a Eugenia de Montijo cuando quería conquistarla: “¿Por dónde se va a su dormitorio?”. “Por la vicaría, sire” le contestó la futura emperatriz… De la misma manera, a Zapatero se llegaba por su “lacayo” Julito, como le denominaban algunos de los investigados en la causa.
En Plus Ultra estaban convencidos de que sus gestiones llegarían a buen puerto, aunque les costara una comisión: “Vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquitín”. Y por lo visto, follaron (perdón, pagaron) porque se llevaron 53 millones de euros de las arcas públicas a modo de rescate.
Zapatero, ese político que hace pocos meses decía que “ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho” intervino, según el juez, en operaciones internacionales de alto valor económico con petróleo, acciones, divisas y oro.
Lo que se deduce del auto del juez Calama es que la investigación contra él no va a acabar en este caso y puede extenderse a nuevas causas, o a otras que ya se están instruyendo en la Audiencia Nacional, así que ya se pueden afanar más sus defensores antes de proclamarlo como el nuevo mártir de la izquierda.
El problema de España no es un problema de persecución de los jueces hacia los políticos del PSOE, es simple y llanamente un problema de corrupción, por eso es lamentable que haya mucha gente que se abone a esta teoría que socava los cimientos de nuestra democracia.
Hace dos años hubo un político que se sentó en el banquillo y denuncio estar sufriendo “una persecución política como nunca antes”. La causa contra él, decía, era “un asalto” contra el país. Ese político se llamaba Donald Trump. ¿Les suenan los argumentos?