La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por estar presuntamente implicado en el ‘caso Plus Ultra’ ha provocado una inacabable cascada de reacciones políticas, muchas de ellas centradas en que no cabe hablar de ‘lawfare’ (guerra jurídica) en este caso al tratarse de un auto judicial consistente.
En este enlace puede consultar el auto íntegro:
Máximo respeto a la justicia
Elena Valenciano, exnúmero dos del PSOE, por ejemplo, es una de las que ha rechazado que la imputación de Zapatero pueda tratarse de un caso de ‘lawfare’ y ha considerado “gravísimos” los ataques al juez.
“El Gobierno lo que tiene que hacer es manifestar su máximo respeto a la justicia“, ha afirmado Valenciano en una entrevista en Antena3 respecto a la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez a la imputación del expresidente en el ‘caso Plus Ultra’, en el cual el juez Calama está investigando el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia del Covid-19.
“Deseo con todo mi corazón que pueda explicar todos los indicios que todavía no son pruebas“, ha manifestado Valenciano al tiempo que ha subrayado que aún no hay pruebas de que el expresidente haya liderado ninguna organización criminal.
De todos modos, ha lamentado que “hay unos que no están dispuestos a aceptar que Zapatero pueda ser inocente, y otros no dispuestos a aceptar que Zapatero sea culpable”. “Para eso están los fiscales, los jueces y la policía”, ha concluido.
Sumar: “No huele bien”
El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, por su parte, ha afirmado que hay que “regular bien todas las actividades” de los expresidentes del Gobierno y ha avisado de que “cobrar por gestiones políticas es delito”.
A su vez, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha insistido en esta línea y ha reconocido que la resolución judicial “no pinta ni huele bien”, por lo que se necesita como mínimo “muchas explicaciones” sobre las actividades de Zapatero.
Ibáñez ha puesto énfasis en que en España “no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas” pero que ahora toca aplicar el principio de prudencia, dado que el “auto no huele bien” y hacen “falta muchas explicaciones”.
Al igual que su compañero de filas, el dirigente de Compromís ha apelado a que se reforme el estatuto que regula la actividades de los expresidentes y ha considerado que “no es normal” que se trabaje en empresas que se dedican a asesorar a multinacionales para ver cómo pueden llegar a las administraciones públicas, “te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar”.
Cuestionado sobre si esa demanda de explicaciones se extiende al caso del actual presidente, Pedro Sánchez, el diputado de Compromís ha aclarado que este caso “de momento no está en la parte del Gobierno” sino que se ciñe al “lobbismo”, demandado una ley real que regule la actividad de los lobbies.
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