La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado este miércoles un dispositivo contra una presunta red de financiación ilegal del PSOE para pagar sus cloacas. Los agentes han entrado en despachos y oficinas de la sede central del partido en la calle Ferraz de Madrid y en otros inmuebles de cargos socialistas, el caso de los de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, que han sido imputados, además del domicilio del empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Estas actuaciones se enmarcan en la investigación secreta que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el ‘caso Leire Díez/SEPI’, que se estaría ampliando hacia pagos irregulares del PSOE y facturas falsas para financiarles, y que pone el foco en una trama “dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
Los agentes de la UCO están autorizados a practicar un registro de la sede si el PSOE no facilita la documentación requerida.
También ha sido imputada la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, que fue aupada por Santos Cerdán en octubre de 2021 tras la caída de José Luis Ábalos, y que validó las donaciones sospechosas que recibió el partido en la pandemia y que dan credibilidad a la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, según ha informado este periódico.
El juez ve “la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces”.
Elevado importe de las transacciones
Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.
Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.
El origen de la causa
El pasado 10 de diciembre, Díez fue detenida junto a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar, y socio de Santos Cerdán, por la UCO de la Guardia Civil en Madrid en una investigación secreta que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la SEPI. La detención de Fernández se produjo días después de que fuera absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 15 imputados en el caso Aznalcóllar.
El juez Antonio Piña, que estaba de guardia en el momento de la detención, determinó que los tres detenidos -a través de un chat grupal autodenominado “Hirurok”, nosotros tres en euskera- podrían “haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública” para obtener “el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”.
La trama de la SEPI
En el foco, una trama corrupta que se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresas a cambio de favores e influencias. La UCO acreditó que habrían participado en, al menos, cinco amaños que les reportaron cerca de 132 millones de euros.
La trama habría mediado en un rescate público concedido a Tubos Reunidos en julio de 2021 por importe de 112,8 millones de euros. Fernández estuvo contratado por la empresa vasca que acaba de entrar en concurso.
Zarrías, por su parte, número dos de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía e imputado en el caso de los ERE en 2015, fue exonerado de esta causa de corrupción tras Chaves y José Antonio Griñán. Dimitió como diputado del PSOE y se dedicó al lobby, y ha colaborado con Díez.
El pasado 11 de mayo, Pedraz prorrogó un mes más el secreto de la causa porque a la Guardia Civil no le había dado tiempo a analizar la “cantidad ingente” de información incautada, según desveló Artículo14.
Información comprometedora
La investigación comenzó en mayo de 2025, cuando se filtraron grabaciones de Díez con empresarios como Pérez Dolset, donde ofrecía favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, quien está involucrado en investigaciones sensibles para el PSOE como el caso Koldo, que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Esta parte la investiga el magistrado Arturo Zamarriego.
En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción 2, investiga, en otro procedimiento también secreto, supuestas irregularidades en la financiación del PSOE.
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