Alemania está inmersa en un interesante período de reconstrucción que afecta a pilares tan básicos como son la defensa, la industria, la tecnología y el bienestar. El país precisa de reformas de calado y el canciller Merz parece dispuesto a no dejar pasar la ocasión. Hace unas semanas anunció un ambicioso plan de reformas de las pensiones que no ha dejado indiferente a unos y a otros.
Un informe, encargado por el Gobierno federal a la Comisión de Expertos para la Seguridad en la Vejez, ha elevado 33 recomendaciones que probablemente se implementarán en su totalidad. Se plantea el incremento de la edad de jubilación que alcanzaría los 68 años para los nacidos a partir de 1983 y los 70 años a largo plazo. Y, posiblemente, las más atrevida, la creación de una pensión privada de capitalización individual, complementaria de la pública de reparto, que se dotaría con aportaciones del 2% del salario de cada trabajador, financiada a partes iguales por trabajador y empresa. Esta pensión privada invertirá en el mercado de capitales.
El anuncio ha generado una enorme polémica, pero Merz parece no dudar. Declaró que, si “los escandinavos lo han hecho, nosotros también lo haremos”. ¿Qué hicieron los escandinavos? Hace ya bastante años, los suecos abrieron una brecha creando un sistema de pensiones que incluye una prestación pública gestionada por el Estado, otra pública destinada a un sistema de capitalización elegido por el trabajador y una tercera complementaria fruto del acuerdo entre empresas y trabajadores. A ojos de muchos expertos, este sistema garantiza flexibilidad y sostenibilidad del sistema.
En toda Europa, recientemente en Francia y Reino Unido son buenos ejemplos, las reformas de las pensiones han resultado políticamente una piedra en el zapato para los gobiernos, obligados a rectificar sus iniciales propuestas.
España no es una excepción. Más bien al contrario. Las pensiones son un enorme problema que engorda año tras años y al que ningún gobierno se atreve a meter el diente en serio. La pirámide demográfica apunta a un oscurecimiento del horizonte en los próximos años
Vamos con las cifras. La esperanza de vida en España se sitúa en los 84 años, fijándose la edad de jubilación a los 65 años. No se puede desdeñar que en los años 60 y 70 se situaba entre 70 y 75 años. Es decir, se hace necesario crear un sistema de pensiones que sea sostenible durante los más de 20 años de vida del perceptor. En la actualidad, cuenta con 10,4 millones de pensionistas, un 21% de la población, y consume un 13% del PIB y una cuarta parte del gasto público. Sólo nos superan Italia y Grecia, con el 15%, y nos encontramos muy por encima de países como Suecia, Países Bajos o Alemania, que se mueven entre el 7 y el 10. Otro dato significativo es la tasa de sustitución, que explica el porcentaje del último salario cubierto por la pensión. España ostenta más del 80%, siendo la más elevada de su entorno, sobre todo si la comparamos con el 50-55% de Alemania o Francia y el 61% de la media de la OCDE. Es decir, España ofrece una de las pensiones más generosas para los trabajadores, aunque también es cierto que nuestros salarios no están en las mejores posiciones europeas.
Las proyecciones anticipadas por la OCDE indican que la situación para las arcas públicas empeorara en los próximos años. Se calcula, basado en el envejecimiento poblacional y en la tasa de sustitución, que en 2050 el gasto del PIB representará casi un 17%, ya a la cabeza de Europa.
No se puede decir que el Gobierno de progreso no haya prestado atención a las pensiones. Lo ha hecho de la mano del exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Pero su reforma, dada la gravedad del problema, parece alicorta y timorata. Incluso, me atrevería a decir que, al menos en algunos puntos, va en sentido contrario al diagnóstico del problema. Para preservar el poder adquisitivo de los salarios -10 millones de votos- se garantiza la actualización anual del PIC. Contempla incentivos para retrasar la jubilación, aumento de los recursos de la Seguridad Social y mejora de las pensiones mínimas.
Pero no cabe duda de que no ataca el fondo de un problema que amenaza la estabilidad del sistema, compromete las finanzas públicas y pone en riesgo el futuro de las pensiones para un país con un envejecimiento creciente.
España se enfrenta a un triángulo de solución difícil: muy alta esperanza de vida, irrupción de los baby boomers en el sistema y muy baja tasa de natalidad. En otras palabras, habrá más pensionistas durante más tiempo y menos trabajadores cotizando. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), dirigida en su día por el propio Escrivá, concluye que la reforma va a incrementar el gasto en pensiones en torno a 2,7 del PIB hasta 2050, mientras las medidas incrementarán los ingresos 1,5 puntos del PIB. La brecha no es pequeña. Si no cambian las cosas, no va a quedar otra que incrementar las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, que se financiarán de mayores impuestos y más deuda pública. Nada nuevo. De hecho, en 2024 el Gobierno desvió recursos de los fondos Next Generation de la Unión Europea para poder pagar las pensiones. Paradoja reveladora. Next Generation para pagar a la Old Generation. España recaudó 645.000 millones, casi un 40% por encima que cuando el presidente Sánchez entró en la Moncloa, y tuvo que echar mano a otro cajón para poder pagar los 200.000 millones del gasto en pensiones.
Amigos más jóvenes que yo, muchos y buenos, no confían en percibir una pensión pública. Yo sí la percibo y me llega a mi cuenta con la puntualidad de un reloj suizo. Entiendo su inquietud. La gravedad de la situación exige un acuerdo entre unos partidos que no acuerdan nada, dando un pésimo ejemplo de responsabilidad política y educación cívica. Creo que el reciente ejemplo de Alemania y el más lejano de Suecia dan que pensar. Pero muchos tendrían que superar unas líneas rojas fabricadas por trasnochadas ideologías. Si no saltan esas barreras, nuestras jóvenes generaciones tendrán que buscarse la vida para alcanzar una vejez digna. La caja de la Seguridad Social estará vacía y el sistema habrá implosionado.