Estamos tan absortos con el “asunto” del expresidente Rodríguez Zapatero que nos hemos prácticamente olvidado de que ha habido elecciones en Andalucía y que, ahí, se tiene que formar gobierno. Antes de las mismas, parecía que el mundo se agotaba en las elucubraciones derivadas de los hipotéticos resultados y, una vez producidas, da la impresión de que a nadie le importa quién y cómo va a encabezar el ejecutivo andaluz ni qué tipo de gobierno se va a poder formar.
Hemos pasado de una “prioridad nacional” que nadie ha podido definir por lo inadecuado del concepto, a que lo prioritario sean los escándalos financieros zapateriles y las posibles repercusiones que de ellos puedan derivar.
Por eso creo necesario “recapitular”, porque los días pasan, el tiempo corre y lo que se decide en Andalucía tiene efectos en el resto de España, como es lo propio de un estado autonómico que, en los últimos meses, ha elegido a cuatro parlamentos y a tres ejecutivos regionales y tiene que formar el cuarto. En todos ellos, recordemos, las elecciones han sido ganadas por un partido, el Partido Popular, que es quien ha obtenido el mayor número de escaños, pero sin poder alcanzar una mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario. Los pactos con el partido VOX y los malos resultados del Partido Socialista y sus aliados en la coalición gubernamental o en el apoyo parlamentario eran, hasta hace nada, el principal tema mediático en discusión.
Actualmente, la atención estaría, de no haber estallado la imputación de Rodríguez Zapatero como investigado a resultas de sus actividades económicas en el extranjero, notablemente en Venezuela, en qué puede pasar en Andalucía, donde el Partido Popular se ha quedado a dos escaños de la apetecida mayoría absoluta. Pero las “pantallas” se suceden a una velocidad vertiginosa y lo que es hoy de actualidad pasa, no a segundo sino a quinto o sexto plano, mañana.
En cualquier país democrático, desde que Inglaterra lo instauró como convención constitucional, lo más habitual es que forme gobierno el partido que gana las elecciones. Claro que, en el parlamentarismo actual, también puede suceder que el partido más votado o con más escaños pacte con otros partidos para obtener la mayoría necesaria para lograr una investidura. Sobre todo, esta última situación suele darse cuando las diferencias de votos/escaños entre los dos partidos más votados no comportan grandes distancias, o cuando existe un “partido bisagra” que facilita la alternancia política en concordancia, normalmente, con los resultados electorales.
Pero cuando, como es el caso en Andalucía, la distancia entre el primer y segundo partido es de más del doble de votos y escaños, en la mayor parte de los países democráticos, se instauran prácticas o, incluso, mecanismos institucionales para facilitar la formación de gobierno al partido más votado, puesto que garantizar la estabilidad institucional y dar confianza a la ciudadanía constituyen unas herramientas políticas de cierto valor.
¿Cuáles suelen ser las prácticas o las regulaciones existentes al respecto? Algunas hay que descartarlas para el caso que nos ocupa, puesto que precisarían cambios legislativos. Se trata del mecanismo de la “prima” añadida de escaños en favor del ganador. Ello existe en Grecia, donde se otorgan hasta 50 escaños más a quien gana las elecciones, o en Italia en algunas elecciones regionales o municipales. También podríamos destacar, aunque tampoco es aplicable a Andalucía, el caso de Francia, distinto de la “prima”, pero en el que el sistema electoral a dos vueltas facilita la mayoría de quien gane la segunda vuelta.
En otros lugares, se otorga prioridad política al partido más votado, aunque ello no derive de ninguna regulación legal. Ello suele suceder en Alemania, donde se llega incluso a formar lo que denominan la “grosse coalition” o gran coalición entre los dos grandes partidos, el democristiano y el socialdemócrata, especialmente en tiempos política o económicamente difíciles. También en los Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, aún sin ventaja institucional, el partido más votado es quien dirige las negociaciones para la formación de gobierno. La deferencia hacia quien ha obtenido más votos deriva, en la teoría constitucional, de la consideración política consistente en que quien ha sido más votado tiene un “plus” de legitimidad para encabezar las negociaciones y, en su caso, formar gobierno.
En España no contamos con reglas de “gobernabilidad automática”, salvo en las elecciones municipales, donde si no se consigue la mayoría absoluta en una primera votación en el consistorio, es alcalde el cabeza de lista del partido más votado. Normalmente, si no se consigue la mayoría o el apoyo necesario en un plazo que, normalmente, es de dos meses, se tienen que repetir las elecciones, excepto en el País Vasco, donde, siguiendo el modelo de Alemania o Bélgica, podrían pasarse meses negociando. Tampoco está regulado con carácter general quién debe dirigir las negociaciones para la formación de los gobiernos regionales, aunque normalmente lo hace el partido más votado, si bien en el caso de Navarra no se le da esta prioridad.
Lo que quiero expresar con todo esto es que parece que los partidos políticos que han obtenido escaños en el Parlamento de Andalucía, deberían aplicarse, no a obstaculizar la formación del gobierno por parte del partido que más votos y escaños ha obtenido, que es lo natural en democracia, sino que tendrían que facilitarlo, sino con su voto afirmativo, al menos, con una abstención que permitiera un gobierno en “minoría” (es un eufemismo cuando se está al borde la mayoría absoluta) del partido principal, sea el que sea.
Ya que parece que aquí, en España, somos incapaces de volver a la senda del consenso constitucional que no se hubiera tenido que abandonar, máxime en tiempos tan polarizados y convulsos como los actuales, en el ámbito interno y en el ámbito internacional, al menos se podría iniciar un camino de colaboración política que, poco a poco, fuera desbloqueando el que el populismo y la radicalización en bloques han conformado. No vamos a regenerar las instituciones ni a recuperar la posición internacional si seguimos por el camino actual. Una buena ocasión para comenzar a construir el futuro con mejores indicadores democráticos podría ser la de realizar una buena reflexión a partir de los resultados en Andalucía, y que esa reflexión nos permitiera recuperar la Política (con mayúsculas) querida por nuestro modelo constitucional.