El juez Santiago Pedraz determinó el pasado viernes que Juan Manuel Serrano, presidente de Correos entre 2018 y 2023, debía adquirir la condición de investigado en el conocido como caso Leire Díez. El magistrado de la Audiencia Nacional explicó en una resolución judicial, entre otras cuestiones, que mientras Serrano dirigía esta empresa pública se contrató, presuntamente, de “forma irregular” a Díez como directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales.
El juez Pedraz también hizo referencia en la citada resolución judicial a otra vertiente de la trama Leire Díez en la que el también ex director de Gabinete de la Ejecutiva del PSOE entre 2014 y 2018 estaría implicado; la presunta “organización criminal” creada para “desestabilizar causas judiciales” potencialmente perjudiciales para la formación socialista o el Gobierno. Y es que al determinar que Serrano debe ser investigado y que su teléfono móvil debe ser volcado y analizado, el magistrado pretende descubrir cual fue su grado de responsabilidad en la toma decisiones que nacieron de la reunión celebrada en la sede del PSOE el 26 de abril de 2024, en la que Serrano estuvo presente junto a Santos Cerdán o la propia Díez. Un encuentro, añadió Pedraz, tras el que el expresidente de Correos “mantuvo constante comunicación con Leire, cuando esta le venía dando cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”.
Tal y como plasmó la Guardia Civil en un informe, esta reunión se llevo a cabo en la sede socialista situada en la madrileña calle Ferraz después de que Pedro Sánchez publicara la Carta a la Ciudadanía el 24 de abril del 2024. A ella, según la Benemérita, asistieron Serrano, Díez, el empresario vinculado a esta presunta organización criminal Javier Pérez Dolset, Cerdán, o el que fuera director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno Antonio Hernando. La exmilitante del PSOE y Dolset presentaron a las personas ahí congregadas “una serie de audios relacionados con actuaciones supuestamente desarrolladas por el excomisario José Manuel Villarejo“.
Todo apunta, según lo expuesto por el magistrado y lo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO), que ese “material” hace referencia a la grabación de una reunión celebrada el 22 de agosto de 2014 entre el propio Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. En ella, añadió la Guardia Civil en el informe, “se habría conversado acerca de los negocios del suegro del presidente del Gobierno”, Sabiniano Gómez. Unos “negocios”, según Villarejo, vinculados a la prostitución y que estaban compuestos, en parte, por una sauna “llena de polacas chupando pollas”. “Esto mataría a cualquiera políticamente“, dijo Martínez al respecto. “Mortal, Paco (Martínez). Imagínate cuando me enteré… ¡se me puso el rabo de la hostia!”, respondió el excomisario.
Aquel trabajo de adquisición y futurible utilización del audio efectuado por Díez y Serrano serviría, en palabras de la primera, para que el “jefe” les pusiera “en un altar”. La razón de ese ascenso residiría en que este archivo reflejaba los supuestos espionajes policiales ilegales de los que habrían sido víctimas Sánchez y su familia en un intento de desprestigiarle tras ganar las primarias socialistas en julio del 2014.
El PSOE intentó utilizar este audio en su beneficio
Fue tan solo tres días después de producirse aquel encuentro en Ferraz cuando el equipo legal del PSOE, personado en el caso Tándem, intentó presentar este audio en la pieza separada número 34 de dicha causa judicial. Los socialistas señalaron entonces que en ese archivo existían indicios que apuntaban a que la información que el excomisario de la Policía Nacional le transmitió al ex secretario de Estado de Seguridad sobre el suegro de Sánchez procedía de una investigación fuera del control judicial. Algo que el juez Manuel García-Castellón negó.
Al contrario que lo argumentado por el PSOE, el magistrado indicó que la grabación “da cuenta del origen de la meritada información al comentar ambos intervinientes (Villarejo y Martínez) las vinculaciones personales del suegro de Pedro Sánchez con Carlos Salamanca Vilches y con Enrique García Castaño, ambos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía vinculados a José Manuel Villarejo Pérez e investigados y encausados por su participación en diversas piezas” del caso Tándem. “Y, por otro lado, consta igualmente que el 22 de julio de 2014 José Manuel Villarejo Pérez anota los contactos que había mantenido Enrique García Castaño con el suegro del presidente del Gobierno y los negocios que este tenía junto a sus hermanos“, añadió el magistrado García-Castellón.
Además, el juez indicó que Villarejo declaró en una entrevista que la información relativa a Sabiniano Gómez “ya la tenía algún medio de comunicación” cuando el actual jefe del Ejecutivo accedió a la Secretaría General del PSOE en julio del 2014. Es más, García-Castellón apuntó que el excomisario aseguró que dicha información “fue manejada por los servicios de inteligencia, con los que es sobradamente conocido, por las propias manifestaciones realizadas en la presente causa, que José Manuel Villarejo Pérez se encuentra fuertemente enfrentado”.
La relación entre García Castaño y Sabiniano Gómez
Cabe añadir que García Castaño compareció el 24 de abril de 2021 en el Congreso de los Diputados en la comisión que investigó el presunto espionaje de la conocida como policía patriótica a Luis Bárcenas. Este excomisario fue preguntado por un encuentro entre él y Villarejo con Pedro Sánchez en una sauna de Sabiniano Gómez con motivo de la supuesta colaboración del suegro del líder del Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo a través de escuchas en sus negocios.
Sin embargo, García Castaño se limitó a señalar que “ese señor [Sabiniano Gómez] es amigo mío hace treinta años, cuando el señor Villarejo no existía. Ese señor lo que ha hecho es ayudar a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a cualquiera que pasara por allí”. “Él tenía unos negocios y si había algún delincuente, que llevara cocaína, ese señor lo que hacía era ayudar. Espionaje ninguno. Nunca se ha detenido a nadie de la izquierda abertzale por esas saunas. Todo lo contrario. Y no puedo hablar”, añadió.
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