El nombre de José Ángel Partearroyo, exdirector de la SEPI, salió a la palestra en las declaraciones de los directivos de Plus Ultra de la semana pasada. Roberto Roselli, exdirector financiero de la compañía, reconoció que Partearroyo fue el enlace con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Si bien, dijo que la relación fue “lateral”, que solo intercambiaron mensajes de WhatsApp.
Sin embargo, esto unido a lo ya descubierto por la UDEF, reúne indicios como para que Fiscalía Anticorrupción vea “posible” la imputación de Partearroyo próximamente en el caso. Así lo avanzan las fuentes consultadas por Artículo14. Decisión que tendrá que acordar en última instancia el juez José Luis Calama.
Los agentes de la UDEF apuntaron a “un flujo de comunicación” entre los directivos de Plus Ultra y Partearroyo que ratificaron en sus declaraciones. Las comunicaciones comenzaron en diciembre de 2020. La aerolínea estaba buscando financiación y encontró una vía en las ayudas que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba dando para evitar la quiebra de empresas estratégicas tras el parón de la pandemia.
Partearroyo se encargó de hacer el seguimiento del rescate de Plus Ultra. La interlocución fue principalmente con Roselli. Le fue informando del proceso a lo largo de los meses. Fue en marzo de 2021 cuando el Consejo de Ministros aprobó la ayuda. Pero antes de que esto ocurriera, Partearroyo escribió a Roselli: “Todo ok, ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros después de vuestro ok”. Y le pedía que no lo hicieran público antes de tiempo: “Nada de prensa hasta el consejo de ministros, por favor”.
Meses después, un juzgado bloqueó parte de la ayuda. De los 53 millones de euros concedidos, retuvo 34. La jueza Esperanza Collazos, que empezó a instruir la causa del rescate, vio indicios de delito en la concesión de la ayuda y paralizó la concesión de dinero público como medida cautelar. Fue ahí cuando los directivos de Plus Ultra se centraron en tumbar la causa haciendo un “kitchen gabinet”, según sus palabras. En las conversaciones hablaron de acudir a sus contactos para tumbar la causa: “La fiscal jefe es amiga”, aseguraba uno de ellos.
La Fiscalía acabó pidiendo el levantamiento de la medida cautelar y los 34 millones de euros acabaron desbloqueándose. Roselli escribió entonces en un chat grupal que le había llamado Partearroyo y que estaba “muy contento” porque las alegaciones ya estaban en el Juzgado, la Fiscalía pedía el sobreseimiento y sacarían una nota de prensa al respecto.
Por todo ello, el testimonio de Partearroyo puede ser clave en la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto los directivos de Plus Ultra como Julio Martínez Martínez han reconocido la participación de Zapatero en el rescate y que a cambio se llevó el 1% en forma de comisión ilegal por su intermediación en el Gobierno de Sánchez.
Es decir, los directivos de Plus Ultra acordaron pagarle 530.000 euros canalizados a través de empresas de Martínez Martínez mediante facturas falsas. Los agentes sospechan que eran falsas porque en el concepto aseguraban que Zapatero estaba realizando labores de asesoría que no se plasmaron en ningún informe. Algo que han ratificado los directivos de Plus Ultra.
Sin embargo, ninguno de los tres imputados dispuestos a apuntar a Zapatero ha aclarado en qué consistieron las gestiones que realizó el expresidente para que se concediera el rescate. Esto es, aún se desconoce sobre quién ejerció la influencia directa, a qué funcionario dio la orden o si acudió a altos cargos más allá de funcionarios de la SEPI. Dilucidar este extremo es esencial para poder atar el delito de tráfico de influencias que el juez Calama le imputa a Zapatero.
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